Se defiende por sí mismo.

Durante su proceso, en que el tribunal designado por el despotismo lo juzgó no sólo como rebelde sino como bandolero, incendiario y ladrón, Sarabia, desplegando un asombroso valor civil, se defendió por sí mismo en términos viriles que lo mismo le conquistaron el aplauso del pueblo que llenaba las amplias galerías del llamado Palacio de Justicia, que el odio de sus verdugos y acusadores.

No con el humillado continente del criminal que lleva sobre su conciencia el peso de tremendos delitos -expresó ante el Juez de Distrito- sino con la actitud altiva del hombre honrado que sólo por circunstancias especialísimas se ve ante los Tribunales de la justicia humana, vengo a defenderme de los múltiples cuanto absurdos cargos que contra mí se formulan en el proceso que se me ha instruido, y en el cual fui considerado en un principio como reo meramente político, para convertirme a última hora en una especie de terrible Mussolino, culpable de casi todos los crímenes que prevén y castigan las leyes penales existentes.

Ciertamente, esperaba yo ser tratado con rigor en este proceso, porque de tiempo atrás el Gobierno emanado de la revolución de Tuxtepec, me ha hecho el honor de considerarme como una amenaza para su autoridad y su poder, y era de suponerse que no se desaprovechara la oportunidad de castigar mis antiguas rebeldías; pero nunca imaginé que se desplegara contra mí tal inquina como la que demuestra el Ministerio Público en el pedimento que ha formulado; nunca creía que se llegara a los límites de lo absurdo en las acusaciones que se me hacen y se tratara de despojar mis actos del carácter político que claramente presentan para convertidos en vulgares y vergonzosos desafueros del orden común. Ha sucedido, sin embargo, lo que no hubiera previsto nadie que en achaques de leyes tuviera algún conocimiento, y yo, que fui aprehendido por tener participación en un movimiento revolucionario y que fui procesado por el delito político de rebelión, tengo ahora que responder a cargos en que se me imputan mil crímenes y en que se trata de degradarme a la categoría de rapaz y temible bandolero. Me hace cargos, en efecto, el Ministerio Público, por los delitos de homicidio, robo de valores o caudales de la nación y destrucción de edificios públicos en el grado de conato, y por ultrajes al Presidente de la República y rebelión en calidad de delitos consumados. Tal parece que el Promotor Fiscal, al formular sus acusaciones, no examinó mis actos para ver qué artículos del Código Penal eran aplicables en justicia, sino que se puso a hurgar en el Código para imputarme casi todos los delitos en él enumerados ...

... El acusador no prueba que yo sea un delincuente común, ni prueba tampoco que la revolución frustrada fuera una empresa de encubierto bandolerismo; en cambio los hechos están proclamando lo contrario, es decir, están probando que el intentado movimiento revolucionario tendía honradamente a la realización de altos y legítimos ideales y que estaba sólo inspirado en el bien público.

La propaganda de ideas que es obligado preliminar en toda revolución verdadera, ha existido notoriamente en México. Por años enteros, la prensa liberal ha estado censurando sin tregua los actos de nuestros malos funcionarios, que forman falange; ha estado denunciando injusticias, flagelando infamias y pidiendo sin resultado a los insensibles mandatarios un poco de respeto a la ley y una poca de piedad para el pueblo. Todos los dispersos elementos de oposición al actual Gobierno, después de mil campañas infructuosas, después de mil intentos hacia la libertad, ahogados por la férrea mano del despotismo, se reunieron para reorganizar el Partido Liberal, formándose desde luego la Junta Directiva del mismo, de la que tuve la honra de ser vicepresidente. El órgano de la Junta Regeneración, aparte de otros periódicos liberales, continuó enérgicamente la campaña contra la Administración porfirista, captándose a la vez que las simpatías del pueblo, el odio del elemento oficial. Organizado el Partido según las bases establecidas por la Junta en su Manifiesto de 28 de septiembre de 1905, era natural que se pensara en formar el Programa del Partido, como es de rigor en toda democracia, y tal cosa se llevó a efecto con la cooperación de los miembros del Partido, a quienes se convocó para expresión de las aspiraciones populares. Tras los trámites necesarios, el Programa quedó formado y fue proclamado por la Junta el primero de julio de 1906 y circuló posteriormente con profusión por toda la República Mexicana. El objeto de la Revolución que después se organizó era llevar a la práctica ese Programa, cuyos puntos principales tratan de la división territorial para beneficio del pueblo y mejoramiento de la clase obrera, por la disminución de horas de trabajo y aumento de jornales, y de otras medidas secundarias que han adoptado todos los gobiernos que algo se preocupan por el trabajador ...

... Sentado lo anterior que servirá de base al resto de mi alegato, pasaré a ocuparme concretamente de cada uno de los tres cargos que se encuentran a fojas nueve y siguientes del pedimento fiscal.

En el primero, el acusador me declara responsable del delito de ultrajes al Presidente de la República, fundándose en que como Vicepresidente de la Junta Organizadora del Partido Liberal, firmé el Programa del mismo Partido y que la referida Junta expidió e hizo circular. Según el Promotor Fiscal, el documento citado como prende conceptos injuriosos para el Primer Magistrado de la Nación y sus autores y circuladores incurrimos en el delito penado por el artículo 909 del Código relativo.

Los hechos son ciertos: es verdad que firmé y aún escribí ese documento que exhibe en toda su desnudez las lacras de la actual Administración y que contiene cargos tremendos, aunque fundados; reproches acerbos, aunque justos, contra el funcionario que al frente de ella se encuentra ... Pero en realidad no existe el delito de ultrajes al Presidente de la República que el Promotor Fiscal me atribuye, porque al verter contra ese funcionario conceptos más o menos duros, lo hice en ejercicio de la garantía constitucional que me ampara para expresar mis opiniones sobre los actos ilegales, atentatorios e injustos de los mandatarios del pueblo ...

... Es condición indispensable de toda rebelión, iniciarse con la proclamación de un plan político que justifique el movimiento, no sólo definiendo los benéficos fines que lo inspiren, sino demostrando que el Gobierno que se trata de derrocar es fatal para el país, y que los funcionarios que lo componen son indignos de la confianza pública. En las rebeliones contra Juárez y Lerdo, ¿no fueron parte de las mismas los varios documentos de ataque, las mal zurcidas proclamas que expedía el poco ilustrado caudillo de La Noria y Tuxtepec? ¿Pretenderá el Promotor Fiscal que nuestra revolución hubiera comenzado consagrando al general Díaz una de esas hiperbólicas apologías en que a diario lo ensalzan sus turiferarios? ...

... En el segundo de los cargos que vengo combatiendo, es donde el acusador más se desatiende de la ley; donde más lo ciega la inquina y donde más revela contra mí una furia que no se compadece con la augusta serenidad que se debía esperar de un representante de la justicia. Dice, en efecto, el pedimento fiscal:

El mismo Juan Sarabia, es responsable igualmente del delito de homicidio, robo de valores o caudales de la propiedad de la nación y destrucción de edificios públicos también de propiedad de la misma nación, todos estos delitos en el grado de conato ...

Todavía en el cargo de ultrajes al Presidente, se me hace la gracia de dejarme revestido de cierto barniz político; pero en el que acabo de copiar desaparece toda consideración y se me reduce con la mayor tranquilidad a la ignominiosa categoría de asesino, incendiario y ladrón ...

... Nada de eso soy, y en la conciencia de mis conciudadanos, inclusive los que me juzgan, y sin exceptuar a los que me han injuriado por halagar al Gobierno que me teme, está la convicción de mi honradez y de mi patriotismo, probados en seis años de trabajos políticos, realizados desinteresadamente, a través de persecuciones e infortunios. Hace seis años que he venido sosteniendo en la prensa las ideas que formaron el programa de la revolución frustrada por ahora y en la que tuve el honor de figurar. Mi carácter político está perfectamente comprobado, no sólo por mi carrera periodística de años anteriores, sino por el cargo de Vicepresidente de la Junta del Partido Liberal, que tenía al tiempo de mi aprehensión ...

... El tercero y último de los cargos que me hace el Ministerio Público es por el delito de rebelión.

De mis propias confesiones y de muchas constancias procesales resulta que soy un rebelde contra el Gobierno del general Díaz; sin embargo, no soy un delincuente.

Hay un caso en que la rebelión no es un delito, sino una prerrogativa del ciudadano, y es cuando se ejercita, no contra un gobierno legalmente constituido, sino contra uno ilegítimo y usurpador. El artículo 35 de la Constitución de 1857, que deben tener presente cuantos conozcan la Suprema Ley de la Nación, expresa que es una prerrogativa del ciudadano mexicano tomar las armas en defensa de la República y de sus instituciones.

Mientras la República sea un hecho, mientras las venerables instituciones democráticas permanezcan invioladas, mientras la majestad de la ley no sea ofendida, mientras las autoridades cumplan con su elevada misión de velar por el bien público y presten garantías a los derechos de los ciudadanos, la rebelión será un delito perfectamente punible que nada podría justificar; pero cuando la República sea un mito, cuando las instituciones sean inicuamente desgarradas, cuando la ley sólo sirva de escarnio al despotismo, cuando la autoridad se despoje de su carácter protector y de salvaguardia se convierta en amenaza de los ciudadanos; cuando, en una palabra, la legalidad sea arrojada brutalmente de su trono por ese monstruoso azote de los pueblos que se llama TIRANIA, la rebelión tiene que ser, no el crimen político que castiga el Código Penal, sino el derecho que concede a los oprimidos el artículo 35 de nuestra mil veces sabia Constitución.

Ahora bien; la rebelión en que tuve parte, ¿iba dirigida contra un Gobierno legal y democrático, o contra un despotismo violador de las instituciones republicanas? ¿Me ampara o no el precepto constitucional que he citado y que está sobre toda ley secundaria que se me pudiera aplicar?

Es sabido de sobra, es público y notorio, es axiomático que en México no vivimos bajo un régimen constitucional y que ni el sufragio electoral, ni las libertades públicas, ni la independencia de los poderes de la Nación, ni nada de lo que constituye las instituciones democráticas existe en nuestra patria bajo un Gobierno que por más de un cuarto de siglo ha regido nuestros destinos.

Es tópico vulgar, a cada paso repetido y de todos los labios escuchado que en México no hay más ley que la voluntad del general Díaz, y hasta servidores del Gobierno, diputados como Francisco Bulnes, Manuel Calero y otros, en obras y discursos que son del dominio público, han proclamado con verdad patente que el actual Gobierno no es más que una Dictadura. Así es en efecto. El general Díaz ha acaparado en sus manos cuantos poderes y derechos se pueden concebir, lo mismo los de las varias autoridades inferiores a él, que los del pueblo. El general Díaz dispone a su antojo de nuestra patria, nombra a los funcionarios de elección popular, invade la soberanía de los Estados, es árbitro de todas las cuestiones, y ejerce, en suma, un poder absoluto que le envidiaría el mismo autócrata de todas las Rusias. El pueblo es una nulidad, la República un sarcasmo, las instituciones un cadáver ...