En septiembre de 1929 Pascual Díaz y Barreto fue nombrado arzobispo de México, y al mes siguiente el arzobispo Leopoldo Ruiz y Flores fue nominado delegado apostólico del país. Ambos prelados representaban los elementos más moderados de la jerarquía de la iglesia católica de México y habían participado en los arreglos entre la Iglesia y el Estado que dieron fin a los tres años de la revuelta cristera en junio de 1929.

La rebelión de los cristeros fue decisiva para fijar la posición oficial de la iglesia católica en México. Antes de 1926 el segmento conservador, de orientación tradicional, encabezado por el arzobispo Mora y del Río, dominó los concilios de la Iglesia. Con el desastre del movimiento cristero, este segmento fue desplazado por un grupo de prelados más moderados que vieron la necesidad de buscar un arreglo con el gobierno mexicano y de renunciar a su oposición mal fundada e intransigente a la Revolución Mexicana en favor de una política de lucha práctica por un objetivo realizable.

Ruiz y Flores y Pascual Díaz fueron los directores de este último grupo, el primero que conservó su poder después de la muerte de Mora y del Río y que continuó desempeñando un papel importante -aunque no decisivo- en la política de la Iglesia y estaba integrado por un gran porcentaje del clero mexicano, incluyendo casi la mitad de la alta jerarquía.

De manera que los nuevos dirigentes de la iglesia católica en México en 1929 siguieron una ruta de moderación y reserva, con plena aprobación papal. Esta tarea implicó una doble política. Por un lado, era necesario frenar y acabar con las actividades de los católicos intransigentes y fanáticos, ya fuesen legos o eclesiásticos, para evitar que el gobierno respondiera con represalias en contra de la Iglesia en general por causa de las actividades de estos elementos. Por otra parte, era necesario reencauzar esa militancia para trabajar de manera aceptable, con el fin de establecer los derechos y privilegios de la Iglesia. A esta tarea se dedicaron los dirigentes de la política eclesiástica inmediatamente después de los arreglos. Se tenía la esperanza, y hasta cierto punto la confianza, de que la obediencia tan profundamente arraigada exhortaría a los radicales a seguir la dirección de sus superiores espirituales.

De cualquier manera se consideró necesario mantener toda nueva organización religiosa ajena a la política y la resistencia armada, y limitándolas a los asuntos estrictamente religiosos.

Con este fin, el delegado apostólico y el arzobispo de México, siguiendo los deseos expresados por el pontificado a fines de 1929, nombraron a Miguel Darío Miranda para encabezar la comisión que orqanizaría al grupo de Acción Católica en México (1).

Esta asociación es una organización especial de los seglares católicos, cuyo propósito es colaborar en las actividades ejecutivas del apostolado jerárquico de la Iglesia bajo la dirección inmediata de los prelados respectivos (2).

La Acción Católica Mexicana (ACM) tuvo sus bases en el modelo italiano, en el cual la unidad básica de organización era la parroquia (3), en contraste con la estructura del Secretariado Social, organización de los católicos legos en México anterior a 1926, que siguió el modelo de Bélgica, basado en una estructura funcional o colectiva.

Se confiaba en que un estrecho control de la organización en todas sus facetas mantendría bajo dominio a los radicales, quienes se oponían a los arreglos. La manera más factible de lograrlo parecía ser a través del párroco, y se pensó que utilizando la estricta disciplina del sacerdocio católico se lograría que las actividades de estos ultracatólicos se enfocaran en actividades aceptables, mismas que no provocaran más persecuciones contra la Iglesia en general por parte del gobierno.

El fin principal de la nueva ACM era el control eclesiástico de las actividades organizadas de los legos católicos. Un requisito muy importante para lograrlo era sustituir a la Liga Nacional Defensora de Libertad Religiosa (LNDLR o Liga), formada en 1925 por algunos de los católicos antirrevolucionarios más militantes, organismo que había contribuido considerablemente a la rebelión de los cristeros.

Dos de los grupos que constituyeron la espina dorsal de la Liga fueron la Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM) y las Damas Católicas.

Con la formación de la nueva ACM estas dos organizaciones fueron disueltas, cuando un gran número de sus miembros fueron exhortados a unirse a una nueva ACJM y a la Unión Femenina Católica Mexicana de la ACM (4).

Se ordenó la disolución de la antigua ACJM que, en particular, había constituido el núcleo militante de la Liga, y su reorganización dentro de la ACM.

Sin embargo, a causa de las protestas de los líderes de la ACJM y de muchos clérigos, entre los que se incluían sus fundadores, el padre Bernardo Bergoend y el arzobispo de Durango, José María González y Valencia, la nueva organización conservó su tan venerado nombre.

Naturalmente estos esfuerzos para destruir la Liga y, de hecho, la reorganización para lograr la conciliación con el gobierno revolucionario, fue anatema para aquellos católicos intransigentes, tanto legos como religiosos, que habían promovido y dirigido el movimiento de los cristeros.

Durante el periodo inmediatamente posterior a los arreglos, estos elementos atacaron a los prelados que los habían negociado, haciendo propaganda entre otros católicos para conseguir apoyo a su posición intransigente, formulando y haciendo circular numerosas peticiones y protestas al papado, y realizando una campaña dirigida a desplazar al gobierno.

Los legos identificados con la actitud radical podían dividirse en dos categorías: los cristeros per se, es decir, los que en realidad se encontraban en el campo de batalla, en contraposición a los líderes de la Liga, líderes intelectuales del movimiento cristero que en su mayoría se dedicaban a actividades no combativas.

Los primeros eran los más renuentes a aceptar los arreglos a modo de conclusión a su oposición al gobierno. El general Jesús Degollado Guízar, comandante de los cristeros cuando se firmaron los arreglos en junio de 1929, declaró que sus soldados no luchaban solamente por los derechos de la Iglesia, sino por la libertad política en general, por lo cual los cristeros no estaban sujetos a los arreglos (5).

No obstante, la mayoría de los cristeros había tomado las armas con un espíritu de cruzada religiosa y en cuanto se enteraron que se estaban reanudando los servicios religiosos y que sus superiores espirituales y hasta el mismo Papa los exhortaban a dejar las armas, empezaron a abandonar las filas y a regresar a sus hogares. En consecuencia, ante la futilidad de continuar la lucha, en agosto de 1929, el general Degollado emitió una proclama disolviendo al ejército cristero y poniendo fin a la resistencia armada. Sin embargo, aun después de este suceso, algunos de los cristeros se negaron a dejar sus armas y un puñado de bandas rebeldes dispersas continuaron realizando actividades terroristas (6).

Aun cuando la jerarquía eclesiástica ni por asomo sancionó esta actividad, ésta suscitó cierta tirantez en los años siguientes en el modus vivendi Iglesia~Estado, nacido de los arreglos.

No solamente los cristeros en el campo de batalla, último grupo, el primero que conservó su poder después de la muerte de Mora y del Río y que continuó, sino la mayoría de los líderes de la LNDR en la ciudad de México se opusieron firmemente a los arreglos y pretendieron desbaratar la paz que aquellos propiciaban.

Ya en diciembre de 1927, la Santa Sede se había dado cuenta del obstáculo que representaba la Liga en sus esfuerzos para llegar a un acuerdo con el gobierno de México.

En ese tiempo, el delegado apostólico en Washington, quien se encargaba de dirigir los asuntos de la iglesia mexicana, había recibido instrucciones que prohibían a los obispos pertenecer a la Liga, aun cuando cesara su rebelión armada y se convirtiera en un partido político.

El Papa decretó que aunque la Liga deseara transformarse en un movimiento pacífico de Acción Católica, se haría únicamente bajo dirección episcopal. Sin embargo, como estaba constituida bajo el mismo nombre y los mismos líderes, esto no era posible.

Aunque condenaban acerbamente los arreglos, los directores de la Liga fueron persuadidos para aprobarlos el 12 de julio de 1929 para así, poner fin, aparentemente, a la resistencia armada contra el gobierno.

Sin embargo, hasta en el manifiesto en que concedían su aprobación se las arreglaron para incluir cierta crítica ligeramente velada al arzobispo Díaz y al clero moderado que, en su opinión, los habían vendido (7).

La Liga nunca consideró los arreglos como algo más que una suspensión impuesta desde el exterior, que interrumpiría temporalmente su lucha contra el gobierno revolucionario. Sostenían que la Liga estaba capacitada militarmente para derrotar al gobierno mexicano: que Norteamérica, enemigo tradicional de México, temía los sentimientos verdaderamente religiosos y patrióticos que caracterizaban al pueblo mexicano, y que, utilizando lo que estos mexicanos ultracatólicos consideraban su propia jerarquía semicatólica, habían engañado al pontificado y se las habían arreglado para instalar a la cabeza de la iglesia católica de México a una pequeña camarilla de prelados traidores dedicados a la americanización de su país y a la corrupción de su religión (8).

Durante los meses restantes de 1929, Ruiz y Flores y Pascual Díaz sostuvieron varias conversaciones con los líderes de la Liga en un esfuerzo para lograr la conciliación, pero todo fue inútil; los líderes permanecieron inflexibles en su oposición al modus vivendi (9).

Durante todo 1930 la Liga continuó atacando los arreglos y a los prelados que los negociaron.

En el mes de febrero, Ruiz y Flores fue incitado a hacer una reprimenda pública de sus actividades (10).

Esto sólo provocó la vituperación creciente por parte del grupo por lo que, en septiembre de 1930, Ruiz y Flores lanzó una advertencia que era prácticamente una amenaza de excomunión. Decía que aunque se podría solicitar al Papa que enmendara los arreglos que él mismo había sancionado, no podía tolerarse los esfuerzos escandalosos y discordes que se han hecho últimamente. No puedo permitirme discusiones con quienes sostienen tales opiniones ya que ahora no es tiempo de discutir sino de obedecer ... (11).

Los miembros intransigentes de la Liga se dedicaron a realizar varios tipos de agitación durante los años que siguieron a los arreglos.

A principios de 1930 muchos de los líderes de la antigua ACJM en la ciudad de México, con ayuda y consejo de su fundador, el padre Bernardo Bergoend, fundaron un nuevo grupo que llamaron la Juventud Cívica. Afirmaban ser una organización cívica cuyo propósito era implantar la libertad civil en México a través de la sumisión a la doctrina de la iglesia católica y por medio de la piedad, el estudio y la acción cívica.

Entre sus actividades estaba la publicación de un periódico, La Palabra, dedicado al reinado de Cristo Rey en México, y encaminado al vilipendio de los arreglos y de sus responsables, y pretendía causar el renacimiento del espíritu del movimiento cristero.

Un ejemplo ilustrativo de los recursos emocionales que usaban se puede apreciar en un editorial del 4 de octubre de 1931, en donde el escritor asumió la voz de los mártires cristeros para atraer así a los católicos:

¿Serán en vano nuestros sacrificios? ¿No vas a luchar por la libertad de Cristo? ¿Vas a abandonar las banderas por las que morimos y por cuya integridad fuimos destruidos? ¿No vas a continuar luchando por lo que nosotros no pudimos concluir? ¿Vas a dejar a la iglesia y al pueblo con las manos encadenadas? ¡No! Olvida la fatiga y el dolor, cumple con tu deber: A pesar de todo es necesario continuar la lucha.

El editor de La Palabra era Andrés Barquín y Ruiz, antiguo promotor cristero y católico fanático.

La Liga también intentaba obtener el control de varias sociedades y organizaciones de orientación católica. Las Brigadas Femeninas, por ejemplo, una organización de mujeres católicas, que el 30 de agosto de 1930 denunció en su diario oficial que un grupo radical, dedicado a salvar el catolicismo del país de una manera opuesta a la suprema autoridad eclesiástica, intentaba inducir a sus miembros que renegaran de su lealtad a su confesor.Ese grupo era la Liga (12).

La oposición a los arreglos de 1929 no se limitó a los seglares. Gran parte del clero mexicano, tal vez la mayoría, también se oponía al modus vivendi, eran los mismos que habían apoyado firmemente la causa cristera.

De los prelados incluidos dentro de la categoría de los intransigentes, el de más alto rango fue Francisco Orozco y Jiménez, arzobispo de Guadalajara.

Pertenecía al grupo del clero conservador que desaprobaba las actividades de varios sacerdotes progresistas que habían tratado de hacer efectivas las enseñanzas de justicia social del Papa León XIII. Para remediar los males sociales que había engendrado la revolución industrial, mismos que dieron por resultado la aparición del socialismo como un intento por corregirlos, el arzobispo de Guadalajara proponía una sola solución: exhortó a los ricos a practicar la caridad con los pobres, y aconsejó a los pobres la resignación (13).

Mientras que el resto de la jerarquía mexicana se había tenido que exiliar, principalmente en Estados Unidos durante la rebelión de los cristeros, Orozco y Jiménez se escondió en las montañas del occidente de México y vivió con las bandas cristeras durante toda la guerra.

Evidentemente, se llegó a considerar el líder espiritual de los cristeros. Su identificación con ellos era tal, que cuando se concluyeron los arreglos y dejó de ocultarse, el gobierno de México lo envió en tren a Estados Unidos, temiendo que sirviera como elemento clave para el resurgimiento de las actividades cristeras; se le mantuvo en el exilio desde julio de 1929 hasta que, en marzo de 1930, el gobierno le permitió regresar a su arquidiócesis (14).

Durante el exilio manifestó, en un folleto publicado en Chicago, su desaprobación a los arreglos y reprochó a Ruiz y Flores y a Pascual Díaz el haberse conformado con el modus vivendi (15).

Entre los prelados cristeros que más vociferaron estaba Leopoldo Lara y Torres, obispo de Tacámbaro, quien después de los arreglos mantuvo una intensa correspondencia con otros líderes de la Iglesia criticándolos. Censuraba principalmente al embajador Morrow y a los sacerdotes norteamericanos que habían colaborado en el establecimiento del modus vivendi. Durante todo 1930 escribió a Ruiz y Flores numerosas cartas, cada vez más amargas, en las que protestaba por los intentos que se realizaban para disolver la Liga (16).

Lara y Torres estaba entre los que se opusieron a la reorganización de la ACJM y a su incorporación a la nueva ACM (17).

Estaba en desacuerdo con el plan de convertirla en una organización estrictamente religiosa y pensaba que sus funciones debían ser también cívicas y políticas. Afirmaba que este tipo de actividades no debían dejarse a los seglares, sino que debían estar bajo la discreta dirección moral e intelectual de la iglesia (18).

Abogaba por que se conservara la Liga como tal, o que, en caso de concluir sus actividades, éstas continuaran a cargo de la ACM, simplemente con un cambio de nombre.

El disgusto del obispo Lara y Torres por una ACM estrictamente religiosa, se demuestra con el hecho de que nunca la instituyó en su diócesis (19).

El llamado que hizo La Palabra a la restauración del espíritu cristero provocó una dura crítica del periódico por parte de Ruiz y Flores el 13 de octubre de 1931 (20).

En carta dirigida a Ruiz y Flores, con fecha del 10 de noviembre de 1931, Lara y Torres defendía enérgicamente a La Palabra y a su editor Barquín y Ruiz. Al contrario de Ruiz y Flores que culpaba a la Liga y a los radicales descontentos de la discordia entre católicos mexicanos, Lara y Torres responsabilizaba los arreglos mismos, que desde el principio habían sido mal acogidos y habían causado desconfianza en los católicos mexicanos (21).

Cansado de la crítica, en junio de 1930, Ruiz y Flores envió una carta a Lara y Torres acusándolo de sedición, de trabajar en perjuicio de la causa de la Iglesia, así como de seguir, tanto en sus palabras como en sus acciones, un curso contrario a la política determinada por el episcopado (22).

En septiembre de 1930, y una vez más en octubre de 1931, Lara y Torres envió al Papa extensos comunicados deplorando la situación en México desde los arreglos y la manera como Ruiz y Flores y Pascual Díaz habían llevado el asunto. Solicitaba al pontífice que sancionara a la Liga y ordenara a los obispos que le diesen su apoyo.

Al no lograr que su petición fuese atendida, en 1932 decidió trasladarse a Roma con objeto de hacer personalmente sus peticiones. Este viaje lo iba a decepcionar todavía más, ya que en Roma le dijeron que la rebelión de la Liga en contra de la autoridad papal había molestado en grado sumo al Papa, y que a él y al obispo Manríquez y Zárate se les consideraba responsables de gran parte de la agitación de los intransigentes, dado el apoyo que les habían prestado (23).

Es muy probable que el principal defensor del punto de vista tradicionalista entre el clero mexicano haya sido José de Jesús Manríquez y Zárate, obispo de Huejutla. Fue uno de los primeros en ser exilado durante la rebelión de los cristeros, y en su exilio, mediante escritos y declaraciones públicas proclamó de continuo que la Revolución Mexicana y el gobierno de Méxíco no eran más que la maldad absoluta. No hubo quíen lo superara en la vehemencia de sus críticas. Como resultado, una vez concluidas las hostilidades, el gobierno mexicano le negó el regreso a su diócesis, obligándolo a permanecer en Norteamérica.

Su prolonqado destierro sólo sirvió para aumentar la corriente de injurias que Manríquez y Zárate dirigía a los progenitores de la Constitución de 1917, a la que consideraba como un documento socialista. Sostenía que la doctrina cristiana no solamente permítía combatír el socíalismo por la fuerza, síno que hacía de esa lucha un deber moral ya que cuando el gobierno se vuelve socialista los ciudadanos deben trabajar con todos los medios posibles para su destrucción (24).

Naturalmente, Manríquez y Zárate se oponía a los arreglos. En un discurso ante la Asociación Católica de la Juventud Belga en diciembre de 1929, exhortó a los mexicanos a no dejar que la épica cristera fuese olvidada y a exigir el fin del modus vivendi (25).

Durante su exilio, Manríquez y Zárate publicó una serie de panfletos y declaraciones que fueron reproducidos y dístribuidos en gran escala por los católicos radicales a principios de los años treinta., con la esperanza de producir en la población un resurgimiento del espíritu cristero. Un ejemplo típico de sus exhortaciones apareció en Voz de Aliento:

Elevaremos nuestras almas a la serena región de la fe y, a pesar de nuestra pobreza y a pesar de nuestra debilidad, lucharemos valientemente en un gran combate y daremos otra vez al mundo el espectáculo, admirable y edificante, de un pueblo que sabe defender sus derechos inviolables y amar a JesÚs aun con su sangre, hasta en el martirio (26).

La Palabra y otros periódicos conservadores y católicos, como Criterio y El Hombre Libre reprodujeron fielmente sus pronunciamientos y, como resultado. sufrieron frecuentemente presiones del gobierno.

Aunque Manríquez y Zárate fue el más inmoderado al expresar su desapego, hubo muchos sacerdotes mexicanos, igualmente insatisfechos con el modus vivendi y en la dirección de las relaciones Iglesia~Estado después de 1929.

En marzo de 1930. Miguel de la Mora, obispo de San Luis Potosí, publicó una declaración en la prensa recomendando a los fieles unirse a la Liga y apoyarla.

Al recibir el sostén de tan alto jerarca, la Liga envió al día siguiente una circular al resto del episcopado para indagar su opinión al respecto. Dieciséis de treinta y siete miembros de la jerarquía aprobaron las declaraciones de De la Mora. Si se considera que otros probablemente también aprobaban la declaración. pero no se atrevieron a expresarla en contradicción con las opiniones de Ruiz y Flores y Pascual Díaz, es casi seguro que la mayoría de la jerarquía mexicana se inclinaba por una oposición más radical al gobierno mexicano que la predicada en los arreglos.

No sólo los obispos sino también muchos sacerdotes expresaban su oposición a la forma en que la rebelión cristera había concluido. Entre éstos estaba Agustín Gutiérrez, un clérigo de Guadalajara, de la vieja guardia, cuyo ensayo Estudio e informe sirvió de guía a los que se oponían a los arreglos (27).

Los cristeros de J. J. González, otra obra frecuentemente citada por los radicales, afirmaba que los arreglos eran obra de los gringos que sabían que el gobierno de México no podría derrotar a los cristeros y que la continuación de la guerra pudiera entorpecer la implementación de los tratados de Bucareli (28).

A pesar del clamor de los descontentos católicos radicales, el modus vivendi establecido por los arreglos en junio de 1929 duró dos años. En ese tiempo las relaciones personales entre los funcionarios gubernamentales y el alto mando de la Iglesia fueron cordiales.

En febrero de 1930, Ortiz Rubio, quien nunca se caracterizó por su anticlericalismo, fue elegido presidente para suceder al presidente interino Portes Gil.

Aunque el odiado Calles era todavía el verdadero hombre fuerte de la política mexicana, la moderación de Ortiz Rubio sirvió para mitigar el conflicto entre la Iglesia y el Estado en las relaciones normales entre ambos.

Durante este periodo de cordialidad, el delegado apostólico fue invitado en ocasiones a hablar por la radio, y así lo hizo varias veces, limitando sus pláticas a motivar el espíritu de concordia que crecía día con día (29).

La armonía llegó a tal punto que Pascual Díaz informó a principios de 1931:

Aunque la Iglesia en México no ha obtenido todas las libertades deseadas por los católicos desde los arreglos hace dos años, las condiciones han estado mejorando constantemente. Reina una mayor cordialidad entre el gobierno y la Iglesia, y todos los rencores de la gente durante los turbulentos días de la persecución religiosa están desapareciendo rápidamente (30).

Después de la muerte de Obregón en 1928, Calles llegó a ser, indudablemente, el hombre más poderoso en México, aunque no acumuló tanto poder como muchos creían (31).

En general, Calles condujo la Revolución Mexicana por un camino más conservador del que había seguido en la época de Obregón, cuando todavía éste era la figura dominante.

Después de dejar la presidencia en diciembre de 1928, parece que se preocupaba más por mantener su hegemonía sobre la política mexicana que por realizar las reformas sociales prometidas por la Constitución del 1917. Sin embargo. una gran parte de la familia revolucionaria estaba constituida por auténticos reformistas sociales, muchos de ellos generales prominentes, cuyos deseos debía Calles tomar en cuenta si quería conservar su posición y mantener la paz entre los rangos revolucionarios.

Por esta razón Portes Gil pudo iniciar la redistribución de tierras que había sido suspendida durante la administración de Calles. También por esta razón fue que, durante el periodo de Ortiz Rubio, Calles consideró conveniente reanudar la persecución de la Iglesia como maniobra de distracción del movimiento izquierdista.

La era de tranquilidad en las relaciones Iglesia~Estado tuvo un final cruel en junio de 1931. Inicialmente, el resurgimiento del conflicto fue un asunto regional que no parecía amenazar seriamente la armonía entre el qobierno central y la jerarquía eclesiástica nacional.

Existen ciertas bases para creer, sin embargo, que esta nueva fricción estuvo cuidadosamente planeada por Calles.

El coronel Adalberto Tejeda, gobernador de Veracruz en 1931, había sido secretario de Gobernación durante el régimen de Calles cuando estalló la rebelión cristera. Tejeda, un decidido anticlerical que había alentado la actitud inflexible de Calles en aquel tiempo poniendo en vigor con prontitud sus decretos anticlericales, tras la publicación del texto de los arreglos en 1929, inició una campaña de hostilización contra la Iglesia en su Estado.

En junio de 1931 se complementó su campaña cuando los legisladores de Veracruz, incitados por Teieda, decretaron una ley que limitaba a uno por 100 000 habitantes el número de sacerdotes que podía ejercer el culto (32).

Las protestas al gobierno nacional contra esta ley restrictiva encontraron, como única respuesta, que el asunto era local y el gobierno federal no tenía jurisdicción para intervenir. Indudablemente esta era la respuesta legalmente correcta, ya que explícitamente la Constitución otorgaba a cada Estado autoridad para determinar el número de sacerdotes autorizados. Sin embargo, dada la actualidad política de México, la respuesta resultó más evasiva que objetiva. El fuego de la reanudación de las hostilidades entre la Iglesia y el Estado se vio avivado el mes siguiente cuando un fanático religioso intentó asesinar a Tejeda; el mismo día y en represalia la policía de Veracruz entró a una iglesia y disparó sobre dos sacerdotes hiriendo a uno y matando a otro (33).

Estos actos suscitaron, como era natural, un resurgimiento del sentimiento católico en todo el país, y antes de que se pudiera calmar la tempestad en Veracruz, se reabrieron las hostilidades entre el gobierno y la Iglesia.

El 12 de diciembre de 1931 se llevó a cabo una ceremonia masiva de conmemoración del 400 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe.

A pesar de que la Constitución prohibía toda manifestación religiosa pública, la celebración se prolongó durante una semana e incluyó varias procesiones públicas. Veintisiete arzobispos y obispos y cerca de 200 sacerdotes oficiaron los servicios; alrededor de medio millón de personas visitaron la Basílica de Guadalupe en las afueras de la ciudad de México (34) y muchos miembros del gabinete participaron en la organización de esta fastuosa celebración.

El ministro de Finanzas, Montes de Oca, había autorizado la importación, libre de impuestos, de un espléndido órgano; otro funcionario redujo las cuotas de los ferrocarriles para ayudar a los peregrinos de provincia (35).

Algunos secretarios asistieron ostentosamente a varias ceremonias por lo cual Calles, en la siguiente reunión del gabinete, los reprendió; y en una reorganización llevada a cabo un mes después perdieron sus puestos algunos de ellos.

Si a este grado se hubiesen limitado los desórdenes, ello no habría sido más que un pequeño escollo en la placidez de las relaciones Estado~Iglesia desde 1929. Sin embargo, Calles consideró conveniente el momento para promulgar una ley que limitaba a uno por 50 000 habitantes el número de sacerdotes en el Distrito Federal, lo que reducía a veinticinco el número de sacerdotes que podían oficiar alli y en sus alrededores (36).

La iglesia protestó enérgicamente; el arzobispo Díaz declaró que la ley era anticonstitucional y solicitó al presidente la revocara.

Todo fue inútil (37); el arzobispo ordenó a sus sacerdotes que se retiraran de todas las iglesias del Distrito Federal.

A fines de 1931 y principios de 1932 se tomaron otras medidas restrictivas en varios Estados; la mayoría de éstas se limitaron a reducir el número de sacerdotes, pero hubo otras de diferente índole (38).

En Chihuahua, por ejemplo, el gobernador decretó que todos los pueblos que tuvieran nombre de santo deberían cambiarlo por uno basado en sucesos o personajes revolucionarios (39).

En el Distrito Federal, el sitio donde se encuentra la Basílica de la Villa de Guadalupe, el santuario más reverenciado de México, el nombre cambió al de Villa Gustavo A. Madero. en honor del mártir revolucionario. El antiguo pueblo colonial de San Angel pasó a llamarse Villa Alvaro Obregón.

Finalmente, en febrero de 1932, el arzobispo Díaz, viendo que se repetían los sucesos de 1926, que habían culminado en la inútil rebelión cristera, cedió y permitió a sus sacerdotes regresar al púlpito (40).

Con esto, la Iglesia demostró su voluntad de seguir una nueva táctica para confrontar la opresiva legislación gubernamental.

En lugar de la amarga oposición, accedería a la ley con la esperanza de lograr finalmente otro remedio. Existen muchas conjeturas respecto a las razones por las cuales adoptó Calles, a fines de 1931, una política de represión contra la Iglesia después de dos años de relativa armonía. Se ha dicho, con cierto fundamento, que la Revolución Mexicana vivió un vacío después de la muerte de Obregón, bajo el mandato de Calles.

Muchos aspectos de la reforma social proclamada por la Constitución de 1917 cambiaron su ritmo, tomando un paso bastante lento de 1928 a 1932. Este freno, sin lugar a dudas, puede atribuirse en cierto grado al embajador norteamericano Morrow y su influencia sobre Calles.

Después de la muerte de Obregón, Calles empleó varias estratagemas con objeto de mantener su control en la volátil escena de la política mexicana. Un factor muy importante para lograr ese dominio era retener el apoyo de los Estados Unidos. Sin embargo, en 1932 Morrow se había ido y la amenaza al poder de Calles parecía surgir de una insurgencia de los elementos izquierdistas dentro de sus propias fuerzas revolucionarias, más que de la posibilidad del retiro del apoyo de EUA.

En deferencia a dichas fuerzas, Calles tomó varias medidas que culminarían en la elección de Lázaro Cárdenas a la presidencia en 1934.

Inicialmente las concesiones a los elementos descontentos de izquierda dentro de la familia revolucionaria fueron las medidas anticlericales: las limitaciones establecidas al número de sacerdotes decretadas por varios Estados desde los finales de 1931, fueron el primer paso. Según un investigador:

Parte de la actual furia contra la Iglesia se debe sin lugar a dudas, al deseo del gobierno de echar polvo a los ojos de sus propios seguidores, para cegarlos y que no puedan ver el fracaso de sus más legítimas promesas (41).

El Papa Pío XI trató este giro tomado por los sucesos de México en su encíclica Acerbi animi del 29 de septiembre de 1932. El mensaje papal analizaba la historia del modus viuendi desde 1929 y criticaba al gobierno mexicano por sus violaciones a los arreglos, especialmente sus intentos de destruir la iglesia mediante las persecuciones iniciadas en diciembre de 1931 (42).

Aunque aconsejaba a los católicos mexicanos a obedecer la ley, el Papa también los exhortó a continuar defendiendo los derechos sacrosantos de la Iglesia, con esa generosa abnegación de la que han dado tan nobles ejemplos (43).

Un llamado de esa naturaleza pudo ser fácilmente mal interpretado como un apoyo papal a la rebelión de los cristeros y como una incitación a su recrudecimiento.

El gobierno mexicano, encolerizado, tomó represalias contra la Acerbi animi. El arzobispo Ruiz y Flores y otros muchos sacerdotes fueron deportados en calidad de extranjeros indeseables.

Aunque era mexicano, el delegado apostólico fue declarado extranjero porque entregaba su lealtad a un soberano extranjero: el Papa (44).

De esta manera, el delegado apostólico resultó nuevamente exiliado a los Estados Unidos, donde permanecería varios años. En octubre de 1932, se encarceló al arzobispo Díaz por un corto periodo, siendo liberado mediante el pago de una multa de 500 pesos. Díaz tuvo la precaución, en base a su triste experiencia anterior, de publicar una carta pastoral donde desaprobaba cualquier intento de resistir al gobierno por la fuerza de las armas (45).

Al mes siguiente tanto Ruiz y Flores, en el exilio, como el Papa, hicieron advertencias similares a los católicos mexicanos.

La represión contra la Iglesia, reanudada por los jefes de la Revolución Mexicana en 1931 y 1932, sirvió de impulso a aquellos derechistas radicales que nunca habían aceptado los arreglos. A las bandas guerrilleras que aún operaban en el altiplano les dio justificación a su causa, y durante 1932 aumentó a tal grado su actividad que, a mediados de los años treinta, se hablaba de la segunda rebelión cristera (46).

El 12 de septiembre de 1931 la Liga envió una carta al arzobispo Díaz exhortándolo a una mayor militancia en defensa de la causa católica. Se mencionaban las persecuciones en Veracruz, y las de Tomás Garrido Canabal en Tabasco, para justificar la necesidad de luchar con todos los medios a nuestra disposición ... (47).

Entre otras cosas se pedía que la Acción Católica fuese puesta bajo el control de la Liga con objeto de organizar mejor la oposición al gobierno. Díaz se negó a esta proposición considerándola fuera de su alcance.

La agitación de la Liga fue de tal magnitud que el Papa se vio en la necesidad de enviar un mensaje a Ruiz y Flores, de fecha 1° de enero de 1932, prohibiendo a todos los católicos discutir sobre el modus vivendi, y estigmatizando en particular a la Liga por la terrible herida infligida al vicario de Cristo criticando su decisión ... (48).

Con la renovada tensión entre la iglesia y el Estado, el gobierno mexicano comenzó a temer que el arzobispo Orozco y Jiménez se convirtiera de nuevo en líder espiritual de una rebelión religiosa. De manera que, en enero de 1932, se arrestó al arzobispo en plena calle, se le exilió sumariamente, sacándolo del país en avión (49).

La amenaza de una nueva resistencia armada en gran escala fue tal, que en el mes de febrero Ruiz y Flores consideró necesario publicar una carta pastoral pidiendo a los católicos mexicanos que no recurrieran a la protesta violenta contra la limitación de sacerdotes y que ni siquiera criticaran los arreglos por los cuales la iglesia católica acordaba funcionar bajo la ley, y condenando en los términos más enérgicos la resistencia armada (50).

Igual que antes, las amonestaciones de los superiores no sirvieron para detener a los sacerdotes mexicanos más determinados.

El 25 de marzo de 1932, el obispo Lara y Torres envió al Papa una larga protesta en la que criticaba a Ruiz y Flores y a Pascual Díaz por haber aceptado los arreglos y abogaba por la reanudación de la resistencia armada. Aceptaba que dicha resistencia tenía muy pocas posibilidades de derrotar al gobierno mexicano, pero afirmaba que sí colocaría a la Iglesia en mejor situación para negociar, puesto que el gobierno sólo respetaba la fuerza (51).

En junio de 1932. la Liga dio a conocer su renuencia a aceptar las amonestaciones de moderación en un manifiesto emitido en su octava convención anual. Se afirmaba en este documento que la política de moderación proclamada por Ruiz y Flores y Pascual Díaz, traicionaba a la Iglesia y a la religión y que, de conformidad con la Ley Canónica no existe ninguna obligación de obedecer instrucciones de esta naturaleza así vengan del Santo Padre ... (52).

Con el recrudecimiento de la represión en 1931, los líderes moderados se encontraron con un dilema: la oposición armada evidentemente no tenía posibilidades de éxito mientras el ejército permaneciese leal al gobierno, y no había indicios de falta de lealtad de los militares hacia el gobierno revolucionario. Por otro lado, los católicos devotos estaban imposibilitados de trabajar abiertamente dentro del sistema establecido de toma de decisiones para aminorar el infortunio de su Iglesia. Esto se debía tanto al factor de jure como de facto. A los partidos políticos les estaba legalmente prohibido tener cualquier identificación u orientación religiosa. Aun dentro de los límites de legalidad, el régimen de Calles no dio ninguna evidencia de estar dispuesto a desagraviar a la iglesia. Por lo tanto, el camino más lógico era organizar clandestinamente la presión política católica para recuperar los derechos y privilegios suprimidos. La estructura de Acción Católica era inadecuada para esta actividad, dado que se encontraba claramente bajo el control directo del clero; era necesaria una organización en la cual los vínculos entre los líderes visibles y la jerarquía eclesiástica estuviesen bien ocultos.

En su mensaje a la jerarquía mexicana el 1° de enero de 1932, el Papa alentaba al episcopado a que, con prudencia y sin comprometerse encauzaran a los seglares a formar un grupo político el cual, sin hacerse llamar católico, estuviera basado en los principios cristianos y diera garantías para la defensa de Dios y de la Iglesia (53).

Ya que era imposible aliviar la persecución a través del proceso político legal, por ejemplo, eligiendo legisladores y/o un presidente procatólico con objeto de cambiar las leyes, fue necesario recurrir a otro método. Lo que se necesitaba era una organización, no un partido político, que trabajara por los intereses de la Iglesia pero que no se le identificara de ningún modo con ella o con el clero. Ruiz y Flores vio la necesidad de formar grupos católicos de acción bien disciplinados y seleccionados en cada pueblo (54). El propósito de éstos sería ejercer presión a nivel local en contra de los funcionarios políticos mediante la agitación, con el fin de aminorar las condiciones difíciles de la Iglesia. Ya que era imposible formar un partido político católico, se hacía necesario buscar ayuda a nivel local y esperar que los cambios locales se extendieran gradualmente hasta convertirse en cambios nacionales. Una organización así también serviría para canalizar a los católicos militantes descontentos alejándolos de las tácticas que defendía la Liga.

A finales de 1932, el papado temía que los católicos se aprovecharan del exilio de Ruiz y Flores y la continua persecución del gobierno para incitar a los fieles a otra defensa armada de los derechos de la Iglesia (55). Por tanto, la necesidad de dar una salida al descontento de los católicos, distinta de la presentada por los políticos de la Liga, se hizo imperativa a fines de 1932.

En este tiempo surgió una organización todavía envuelta en un velo de misterio. Inicialmente se llamó la Legión; más tarde sería el núcleo de lo que se llamó la Base.

La Legión se fundó sobre las ideas que en algún tiempo considerara Ruiz y Flores. Estaba integrada por grupos locales de selectos católicos devotos, generalmente jóvenes de la Congregación Mariana, que hacian votos de lealtad a la organización y a la Iglesia. Para que sus esfuerzos no fueran a ser reprimidos, era necesario actuar con mucha discreción, por lo que adoptaron una forma de organización celular en la cual cada grupo local se mantenía en secreto con respecto de los demás grupos, para evitar que el descubrimiento de uno condujese al exterminio de la organización entera (56).

La dirección global de la Legión correspondía a un Consejo Supremo, integrado por legos devotos seleccionados por sus aptitudes y su buena disposición de seguir las órdenes de la jerarquía clerical a quien se debía la organización. Aunque el Consejo Supremo tomaba las decisiones del grupo, éstas estaban sujetas al veto de las autoridades eclesiásticas, Ruiz y Flores y Pascual Díaz. Aun cuando en apariencia se trata de una organización legal, sin conexión alguna con el clero, en lo respectivo al secreto de confesión no existía ninguna obligación de acatarlo cuando la autoridad eclesiástica quería informarse de la actividad de aquellos católicos ... (57).

El trabajo inicial de la Legión durante sus primeros tres años fue el reclutamiento y la organización. Enviaban a sus miembros más destacados a recorrer fábricas, universidades, oficinas y pueblos aislados de toda la República en busca de personas con las cuales establecer contacto para incorporarlas a la Legión. El reclutamiento de nuevos miembros se realizó con audacia, pero con la prudencia necesaria para mantener en secreto la existencia del grupo (58). Además de enlistar nuevos miembros, las primeras actividades de la Legión consistieron principalmente en provocar agitación en las reuniones civiles y políticas y en colocar bombas de gas hediondo. Los dirigentes pronto reconocieron la inutilidad de este tipo de protesta y el grupo comenzó a estar mejor organizado y a tener una ideología basada en los principios de justicia social de la encíclica Quadragessimo anno.

En diciembre de 1933 se llevó a cabo la Segunda Convención Nacional del partido oficial. el Partido Nacional Revolucionario (PNR) en la ciudad de Querétaro. Allí surgió un plan de seis años que serviría de plataforma al partido gobernante durante el periodo presidencial 1934~ 1940. A pesar de los esfuerzos de Calles para distraer a los reformadores sociales entre los revolucionarios mediante la renovación de la persecución a la iglesia a principios de los treinta, la presión de los izquierdistas continuó y Calles se percató de que tendría que hacer concesiones mucho más sustanciales a los reformistas si quería permanecer como jefe máximo.

Así pues, el Plan Sexenal que la convención del partido adoptó fue mucho más radical de lo que Calles hubiera deseado, pero se vio obligado a aceptarlo o a enfrentarse con hostilidades y disidencias dentro de su partido.

El Plan tendía a formular los ideales socialistas de la Revolución y era una filosofía singular compuesta de nacionalismo, indigenismo, xenofobia, ateísmo, anticapitalismo y autoritarismo (59).

El aspecto más importante del Plan Sexenal desde el punto de vista de la derecha radical religiosa, fueron sus estipulaciones respecto a la educación. Éstas fueron la fuente de irritación principal para la iglesia católica en el país, y desde entonces a la fecha la causa de mayor peso para el crecimiento y desarrollo de la derecha radical religiosa.

Surgió de esta convención una propuesta bastante radical para enmendar el artículo 3° constitucional de 1917, tocante a la educación. A pesar de cierta oposición por parte de Calles, los delegados se las arreglaron para incluir en el Plan una cláusula respecto a la educación racional y socialista:

El PNR propondrá que el artículo 3° de la Constitución Política Federal sea reformado para establecer en términos más precisos el principio de que la educación primaria y secundaria se imparta directamente por el Estado o bajo su control y dirección inmediata, y que de cualquier modo los dos niveles deberán basarse en la orientación y postulados de la doctrina socialista que sostiene la Revolución Mexicana (60).

En 1928 el gobierno de Calles había encendido a los católicos al decretar que en las escuelas públicas tendría que impartirse educación sexual (61). Sin embargo, esta política no se puso en práctica sino hasta mayo de 1933. cuando Narciso Bassols, anticlerical apasionado, giró instrucciones, como Secretario de Educación, a todos los gobernadores y presidentes municipales de prepararse para ver que este tipo de instrucción se impartiese en todas las escuelas.

Esta nueva práctica era parte del intento realizado por Calles para aplacar a los radicales descontentos de la familia revolucionaria hacia principios de los treinta.

La educación sexual provocó tal cantidad de protestas católicas, que a principios de 1934 el presidente Rodríguez se vio obligado a prescindir de Bassols, y la práctica de la instrucción sexual en las escuelas fue olvidada durante el resto de su administración.

A pesar de este revés temporal, los izquierdistas habían logrado una singular victoria en la convención del PNR respecto al Artículo 3° pero la oposición originada por el apoyo de Calles al presidente Rodríguez y otros políticos importantes contra la reforma radical propuesta para este artículo, fue suficiente para impedir la inmediata introducción de la ley ante el Congreso que la hubiera puesto en vigor (62).

Sin embargo, durante 1934 empezó a tomar forma la presión de los izquierdistas, en especial del sector laboral que, bajo la dirección de Vicente Lombardo Toledano, se estaba convirtiendo en un importante factor político, por primera vez desde que la CROM había dejado de recibir el apoyo oficial.

Debido a esta creciente presión izquierdista, Calles optó por darles la luz verde en julio para poner en vigor la enmienda a la ley de educación.

En un discurso en Guadalajara afirmó que la Revolución debe ahora tomar posesión de las conciencias de los niños (63).

Acatando la aprobación del jefe máximo, la legislación de enmienda al Artículo 3° estableciendo que la educación tendria que ser socialista, fue aprobada en el otoño de 1934 (64).

Aunque la reforma adoptada por el Congreso resultó menos drástica que la proclamada en la plataforma del PNR. la versión de la enmienda, convertida en ley al publicarse en el Diario Oficial el 13 de diciembre de 1934, pareció en comparación menos peligrosa para la Iglesia (65).

Esta enmienda no sólo eliminó todo contenido religioso en la educación y la participación eclesiástica en las escuelas, sino que puso en el estado la responsabilidad de erradicar el catolicismo tradicional. En su parte esencial afirmaba:

La educación que imparta el Estado será socialista y excluirá cualquier doctrina religiosa; combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus actividades y enseñanzas de manera tal que la juventud se forme un concepto racional y exacto del universo y de la vida social (66).

Nada hubiese alarmado más a los defensores de la iglesia mexicana o haber motivado la acción de la derecha radical religiosa que esta enmienda a la Constitución.

La ejecución de la reforma daría un fuerte golpe al corazón mismo de la Iglesia y, finalmente, amenazaría gravemente sus proyectos de permanecer como una institución impartidora de educación en México. Bajo la nueva enmienda no sólo se le negaría la oportunidad de inculcar en la juventud la actitud de subordinación a sus dictados, sino que el gobierno se comprometía a formar a los niños de la nación y a los futuros ciudadanos al margen de toda doctrina o dogma religioso.

La adopción de la plataforma de educación socialista del Plan Sexenal motivó a Ruiz y Flores, otrora un moderado buscador de caminos para apaciguar al gobierno, a dirigir ataques a la propuesta reforma. Tachaba de socialista y ateo al PNR y exhortaba a los católicos a no apoyarlo, además de prohibir estrictamente a todos los católicos participar en el programa gubernamental de educación socialista (67).

Aparte del problema educacional, tanto socialista como sexual, otro factor importante que contribuyó al crecimiento de la derecha radical religiosa durante la segunda mitad de la década de los treinta, fue el arribo de Lázaro Cárdenas a la presidencia, y la dirección que dio a la Revolución Mexicana.

Desde hacía mucho tiempo Cárdenas había sido un ardiente defensor de la educación socialista. En 1934 había afirmado su filosofía educativa de manera clara.

No permitiré que el clero intervenga en ninguna manera en la educación popular, por ser ésta una función privativa del Estado. La Revolución no puede tolerar que el clero continúe aprovechándose de la niñez y juventud usándolas como instrumentos en la familia mexicana, como elementos postergadores del progreso, y aún menos para que convierta a la nueva generación en enemigos de las clases obreras (68).

Durante su primer año de gobierno, Cárdenas se enfrentó a conflictos más amargos con la Iglesia. No sólo perseveró en la institución de la educación socialista que el Congreso decretó durante su primer mes en la presidencia, también resolvió restringir las actividades clericales en otras esferas. Desde un principio, el 1° de enero de 1935, hizo notar esto a la iglesia cuando subrayó que el gobierno impondrá escrupulosamente la estricta observancia de las leyes referentes a la religión (69).

Mientras que el gobierno había embargado 117 iglesias y edificios propiedad del clero entre noviembre de 1931 y septiembre de 1934, durante los diez y ocho meses siguientes 350 de esos edificios fueron embargados por orden expresa del nuevo presidente (70).

En febrero de 1935 suprimió la difusión de toda propaganda y literatura religiosa deteniendo dicha clase de material en el correo federal (71). Además, las restricciones impuestas en todos los Estados al número de sacerdotes que pudiesen ejercer, llegaron a su cenit en 1935. En septiembre de aquel año no se permitían más de 200 sacerdotes en toda la República, tres cuartas partes de los cuales se encontraban en el Distrito Federal o en alguno de los tres Estados tradicionalmente más conservadores.

Cárdenas no dilató en afirmar su posición y puso en su lugar a la jerarquía cuando, en marzo de 1935, arrestó al miembro principal, Pascual Díaz, encarcelándolo una vez más por un corto tiempo hasta el pago de 500 pesos de multa. Los cargos al arzobispo eran haber oficiado servicios religiosos sin estar autorizado para hacerlo, usar hábito religioso en público y recibir contribuciones monetarias en el templo.

Evidentemente la acrecentada persecución a la Iglesia en 1934 y 1935 causó un efecto poderoso en los militantes católicos mexicanos y en el desarrollo de la derecha radical religiosa. Era aplastante la opinión popular que exigía una oposición más radical a las acciones del gobierno: para finales de 1932 la jerarquía moderada había ocasionado el desgajamiento de la LNDLR. En consecuencia, la Legión serviría aparentemente de salida para los militantes católicos. Sin embargo, en 1934 se hizo obvio para la jerarquía que este pobre esfuerzo era eficaz para representar la posición de la Iglesia y, por tanto, para evitar la reanudación de las hostilidades. Esta obvia conclusión obedeció al recrudecimiento de la resistencia armada durante 1933 y a principios de 1934 por parte de varios grupos católicos, y por el reinicio de actividades propagandísticas por parte de la antigua Liga y de elementos cristeros.

Desde el comienzo del conflicto religioso en 1932, las rebeliones armadas en forma de bandas guerrilleras católicas se acrecentaron notablemente. Varios grupos rebeldes, pretendiendo ser la resurrección de la guardia nacional cristera, realizaron movimientos guerrilleros esporádicos en la provincia (72).

Con la propuesta de la Convención del PNR a fines de 1933 de enmendar el Artículo 3°, y en especial con la aprobación tardía de Calles para llevarla a efecto en julio de 1934, alcanzó proporciones masivas la inclinación a la resistencia armada entre los clericales. Así pues, a finales de 1934 varios ex cristeros y miembros de la Liga se unieron para formar el ejército libertador (73), que a pesar de contar con la desaprobación de la mayoría del clero, logró muchos adeptos. Lauro Rocha, uno de los cristeros fanáticos que se negó a dejar las armas después de los arreglos, fue su comandante principal.

Casi al mismo tiempo la jerarquía contribuyó a disolver la Liga: Andrés Barquín y Ruiz fue expulsado de la editorial del radical periódico clerical La Palabra. A consecuencia de esto, entre finales de 1932 y principios de 1934, la publicación adoptó un tono más moderado. En febrero de 1933 se convirtió en diario y, como tal, se transformó de un periódico estrictamente defensor de la causa cristera y de la Liga, en un diario que publicaba noticias generales nacionales e internacionales.

Pero con la adopción del PNR en diciembre de 1933 de la reforma a la Constitución, reformando el Art. 3°, hubo una reorganización en el diario, y a principios de 1934 comenzó de nuevo a ser militante antigobiernista y procatólico. En enero de 1934 casi todos sus ejemplares se dedicaban a atacar de manera estridente la educación socialista, la sexual y, de hecho, la educación pública. Apoyó decididamente, el llamado de la Unión de Padres de Familia para realizar un boicot a todas las escuelas del gobierno.

Hacia finales de 1934, Andrés Barquín y Ruiz, aparentemente demasiado radical para permanecer en La Palabra, ya muy influida por la jerarquía, se lanzó por su cuenta para iniciar en septiembre la publicación de un pequeño tabloide semanal, Criterio. Pese a su corta vida, esta publicación fue la reencarnación del espíritu cristero y abogó enérgicamente por la reanudación de la resistencia armada al gobierno. Los aún exiliados Manríquez y Zárate y Miguel Palomar y Vizcarra, líder este último de los remanentes de la LNDLR, colaboraron frecuentemente con la publicación. Aprovechando el descontento prevaleciente entre los católicos motivado por la nueva educación socialista, Criterio insultaba a la oposición moderada sustentada por Pascual Díaz, y exhortaba a los católicos a tomar las armas para evitar que la Revolución erradicara la fe católica de las conciencias mexicanas.

El catolicismo es una doctrina de combate, de lucha constante, de guerra interminable entre el Bien y el Mal, la luz y las tinieblas, y ser católico es ser un soldado de Cristo, un guerrero de la Cruz, Defensor de la Verdad (74).

La institución de la educación socialista y sexual y el arribo de Cárdenas produjeron un efecto hondo en los militantes católicos legos, y también sirvieron para enardecer al clero y a la misma jerarquía. Aunque éstos se mantuvieron firmes en su opinión de que la resistencia armada resultaría inútil. su indignación y deseos de conservar su puesto dirigente ante la población de católicos desaforados, los obligó a tomar ciertas medidas. Así pues, en febrero de 1934, el arzobispo Díaz condenó rotundamente la educación socialista y se dirigió a los sacerdotes para que éstos comunicasen a los padres de familia que serian excomulgados si permitían a sus hijos acudir a escuelas socialistas, prohibiendo también a los maestros católicos trabajar en dichas escuelas (75).

En octubre de 1934 Pascual Díaz giró instrucciones prohibiendo a todos los empleados de gobierno firmar cualquier declaración en la que manifestasen su adhesión a la nueva política educacional del gobierno (76).

El 12 de diciembre de 1934, un día antes de que la reforma se convirtiese en ley, Ruiz y Flores, quien se encontraba en exilio en San Antonio, publicó una pastoral a la nación mexicana, en la que una vez más prohibía a todos los católicos pertenecer al PNR o a la masonería, y condenaba la educación socialista (77). Además, los líderes de la iglesia mexicana tuvieron que tomar la iniciativa con el fin de evitar la usurpación de sus funciones por la colérica masa de católicos mexicanos. La Legión, que ya tenía cerca de dos años de existencia era, a todas luces, inadecuada como instrumento mediante el cual la jerarquía pudiera organizar y dirigir la fuerza naciente de los fieles indignados de todo el país. Aunque sí era satisfactoria como una organización para dirigir las energías de un puñado de jóvenes enajenados que necesitaban un medio para expresar sus resentimientos, no lo era para conducir las energías de la mayoría de los católicos muy inquietos por el peligro en que estaba su religión, por lo que buscaban un cambio inmediato.

Por lo tanto, era necesario idear un nuevo instrumento, uno que no sólo sirviera para mitigar de inmediato la difícil situación de la iglesia respecto a la educación socialista, sino también para solucionar la amenaza en general que la Revolución Mexicana implicaba, y que pudiese servir, al cabo de cierto tiempo, para reafirmar los intereses religiosos en las esferas política, social y civil de México.

Para tales fines, la organización tendría que estar fundamentada en la encíclica Quadragessimo anno. tener una estructura corporativa, y estar encaminada a establecer la justicia social, no únicamente para el proletariado, sino para los demás sectores de la sociedad. Permanecería en secreto, debido al peligro de ser suspendida, y por encima de todo, jamás se sabría que la dirigía el clero.

La estructura y naturaleza precisas de una organización destinada a desempeñar funciones civiles no estuvieron muy claras en un principio. En 1934, la jerarquía tuvo que discutir y proyectar largamente la clase de organización que más se adaptara a sus intereses. Arrostraron muchas dificultades por la vigilancia del gobierno y el hecho de que muchos de los clérigos importantes estaban en el exilio.

El perfil de la nueva organización se puede apreciar por el modo en que fue tomando forma, en la correspondencia de 1934 del delegado apostólico Ruiz y Flores, exiliado en San Antonio. En una carta dirigida a Vicente Camacho, obispo de Tabasco, asentaba:

Lo que se requiere sin lugar a dudas es una organización impositiva integrada por todos los católicos, que haga sentir su fuerza en el gobierno del pueblo (78).

Por esas fechas hizo saber a una destacada católica que se podría lograr mucho más a través de una organización compacta, numerosa y disciplinada (79).

Por lo que toca al liderazgo del grupo, Ruiz y Flores afirmaba:

Pienso que es necesario un cuerpo de directores que mueva las cuerdas entre bambalinas. Dicho cuerpo tiene que estar integrado por legos y, quizás, contar con un sacerdoe en calidad de consejero eclesiástico (80).

Sin embargo, debía haber un líder visible que tenga el sentido común de dejarse guiar de acuerdo a los principios (que deben seguirse) ... (81).

La estructura de la organización tendría una base lo más amplia posible. Habría que lograr que los católicos de todas las esferas sociales ingresaran a la organización, partiendo de una base funcional, padres de familia, estudiantes, profesores, niños, trabajadores, etc., están (por ser) organizados (82).

Sin embargo, deberían tomarse precauciones para asegurar que la organización no incurriese en la represión física del gobierno y que no perjudicara a la Iglesia, al dejar ver que estaba dirigida por la jerarquía. Así pues, Ruiz y Flores opinó que el grupo debía adoptar una postura estrictamente pacífica y no emplear la violencia, a menos que se tuviera la certeza de pisar en terreno firme ... (83).

Con objeto de establecer una organización como la proyectada por el delegado apostólico y para mantenerla bajo el control del clero. se escogió a los jesuitas como instrumento principal. En una carta que Ruiz y Flores dirigió al provincial jesuita (al jefe nacional) de México en octubre de 1934, se revela esta decisión:

Me tomo la libertad de afirmar, amadísimo Padre, que su congregación, más que ninguna otra, debe ayudarnos a defender los derechos sagrados de la iglesia, hoy perseguida más que nunca en nuestro país. Por esto, estoy seguro que los padres de la Sociedad deben aconsejar, organizar y asesorar, en la medida de sus posibilidades, sea ocupando cargos de consejeros, auxiliares, cancilleres, etc., en las asociaciones ya establecidas, o en nuevas instituciones a medida que se vayan formando, con lo cual prestarían un gran servicio a la iglesia (84).

Por su estricta disciplina y ardua preparación, esta orden era ideal para vigilar la nueva organización. En particular, su lealtad hacia el Papa serviría para mantener tanto a ellos como a la organización apartados de la desobediencia. Así pues, el peligro de que se convirtiera en otra Liga sería mínimo.

A finales de 1934 nació la organización conocida como la Base, con las características señaladas por Ruiz y Flores en su carta arriba mencionada.

La Base se estableció bajo la dirección de una junta de católicos legos destacados. Era secreta y se le denominaba el alto mando. Luego se descubrió que el presidente de la junta era un ingeniero de la ciudad de México, un tal Antonio Santa Cruz. El consejero eclesiástico, y por lo tanto el vínculo entre la jerarquía y el movimiento, era Eduardo Iglesias, jesuita que había sido defensor apasionado del movimiento cristero, y autor de un libro en desobediencia a sus superiores eclesiásticos, en el cual defendía los arreglos (85).

La Legión funcionaba como núcleo de la Base, y sus jóvenes devotos recorrían el país en busca de nuevos miembros con un ímpetu cada día mayor.

La Base tuvo la misma estructura celular de la Legión con el fin de mantener su integridad ante la posible represión del gobierno. Estaba estructurada a lo largo de líneas tanto funcionales como geográficas; para mantener su base corporativa se dividió en trece secciones, cada una de las cuales correspondía a un cierto sector socioeconómico (86). Por ejemplo, había una sección para empleados, otra para trabajadores industriales, para los campesinos, los profesionales, etc. (87). Tenía también una estructura geográfica en el sentido de que cada sección estaba basada en una jerarquía de organizaciones. La estructura seguía una línea militar, para que una división representara a la organización en una región dada del país; una subdivisión consistía en la organización municipal; y el término para una célula específica era cuartel o manzana (88).

La Base resultó muy apropiada para los objetivos de la Iglesia mexicana. Debido al monopolio abrumador de la fuerza represiva por el gobierno, todos los grupos que trabajaban para la Iglesia tenían que hacerlo a hurtadillas, en consecuencia, la Base era una organización secreta. clandestina. Los cambios radicales no resultaban prácticos, puesto que el control del gobierno era sumamente efectivo, así que la Base tuvo que contentarse con ciertos cambios a nivel local exclusivamente. Se limitó entonces a realizar cambios graduales y parciales; en lugar de atacar todos los obstáculos a la vez, vio la necesidad de atacar sólo aquellos más susceptibles de cambio. reconociendo la inevitabilidad de otros (89).

En suma, la Base fue el instrumento que los líderes religiosos relativamente ilustrados, posteriores a 1929, usaron para enfrentarse a los problemas políticos de su grupo. La Base funcionó positivamente proporcionando a los católicos legos los medios de lucha para aliviar la difícil situación religiosa y, al mismo tiempo, sustituyó a la LNDLR cuya insubordinación a la jerarquía e inclinación a la rebelión armada la convirtieran en una grave amenaza para los intereses de la Iglesia, como se percataron tanto los moderados como los más apasionados anticlericalistas entre los revolucionarios mexicanos.

Así pues, la evolución de la derecha radical religiosa entre 1929 y 1935 obedeció al estímulo creado por la Revolución Mexicana. Con el final de la revuelta cristera se disipó la fuerza de los radicales religiosos; los líderes de la Iglesia se entregaron a una política más moderada y de cooperación con el gobierno. Durante la etapa de conciliación (1929~ 1931), la derecha radical religiosa tuvo muy poco movimiento, pero los siguientes cuatro años de fricción originaron la intensificación de su vigor. Fue entonces que los jefes religiosos se dedicaron a la labor de mantener este crecimiento dentro de los límites de factibilidad política. Para lograrlo, probaron primero con la Legión, y posteriormente con la Base. Después, los acontecimientos harían surgir nuevas estratagemas para aprovechar esas fuerzas.