De éstas, habían sido sometidas demasiado tarde para su estudío, reclamaciones por valor de 3 336 837 dólares.

Lo que daba un total de 8 513 741 dólares.

Se sometieron a la consideración del árbitro, pero no pudo fallarlas por falta de tiempo, reclamaciones por la suma de 928 827 dólares.

Lo que nos da un valor total de las reclamaciones falladas de: 7 595 114 dólares.

Las reclamaciones rechazadas por los miembros del Consejo -representantes de ambos países- y por el árbitro, se elevaron a 5 568 975 dólares.

Así que el monto líquido de las reclamaciones reconocidas por el Consejo y por el árbitro ascendía a 2 026 236 dólares.

Este estado de cuentas merece algunas explicaciones. El Gobierno federal había prohijado durante varios años la causa de los dueños de las reclamaciones contra México. En cada período de sesiones del Congreso de Estados Unidos el Ejecutivo había presentado al Congreso, no una información detallada, sino una denuncia en términos generales, de las atrocidades cometidas por México. Las comisiones legislativas se habían hecho eco de las lamentaciones del Presidente respecto a los agravios acumulados. Se había llegado a retirar a un Ministro estadounidense de México, porque no se daba pronta satisfacción a las demandas de nuestro país, y de hecho aún se recomendó la guerra, por boca del general Jackson, para obtener, por la fuerza de las armas, la justicia que México negaba a nuestros ciudadanos. Finalmente, un tratado solemne prometía proporcionar la reparación tanto tiempo deseada y nunca obtenida. Un tribunal compuesto por dos ciudadanos americanos y dos ciudadanos de México, juzgaría de las reclamaciones; y, en los puntos en que ese tribunal no llegara a ningún acuerdo, un árbitro imparcial señalaría la indemnización debida en justicia.

Ese tribunal inició sus sesiones unos dos años después de su primer nombramiento. De seguro las víctimas de los atentados de México tuvieron noticias oportunas para disponer y presentar sus reclamaciones, y también supieron a tiempo que ese tribunal funcionaría sólo durante dieciocho meses. Por convenir así a los reclamantes, el tribunal se reunió en Wáshington, contra los deseos y demandas del Gobierno mexicano. En tales circunstancias, no debe sorprender a nadie que cuando el tribunal llevaba nueve meses de estar trabajando -sólo la mitad del tiempo para el cual se le había designado-, ya había despachado todos los casos que se le presentaron con los debidos comprobantes. Pero a pesar de ello, al terminar el siguiente lapso de nueve meses, nos encontramos con que habían sido presentadas otras reclamaciones por la cantidad de 3 336 837 dólares, que llegaban demasiado tarde hasta para que se les examinara.

La magnitud de estas demandas y la demora pasmosa con que se presentaron, a pesar del incansable afán del Gobierno de abultar sus cargos contra México, indican claramente su carácter fraudulento y especulativo. Más aún: encontramos que de las reclamaciones de este último grupo sobre las cuales llegó a dictarse fallo, fue preciso rechazar cerca de las tres cuartas partes de su monto, por considerárseles infundadas.

Las reclamaciones mejor urdidas fueron sin duda las primeras, y si de éstas resultó que las tres cuartas partes eran espurias, ya podemos imaginarnos el carácter de las que se presentaron al terminar el período de sesiones del tribunal.

Hemos visto ya la ansiedad con que el Gobierno acogía y daba su apoyo a toda demanda, así fuese vieja y absurda. Es obvio que el tribunal de reclamaciones, si podemos darle ese nombre, resultaba una lotería en la que podían obtenerse magníficos premios sin que los billetes costaran un centavo. Todo aquel que hubiese estado en México en los últimos veinte años y pudiera urdir una fábula de agravio, era invitado a presentarla y probar fortuna. Hay razones poderosas también para creer que, cuando terminaban los primeros nueve meses de labores del tribunal y todos los casos que se sometieron a su consideración habían sido ya estudiados, vióse claramente que el resultado sería tan mezquino, que provocaría desprecio y mofa para el Gabinete. Por lo tanto, es de creerse que se hicieron grandes esfuerzos por inducir a los especuladores sin escrúpulos y a los aventureros a que sometiesen al Consejo reclamaciones que cuando menos servirían para inflar las demandas no liquidadas y dar pie a que se mantuviesen en vigor las quejas y la irritación contra México. Pero suponiendo que las demandas no resueltas hubieran sido del mismo grado de validez que las que merecieron algún arreglo. de cualquier manera se habría agregado a lo sumo un millón de dólares a la indemnización convenida, con lo cual México tendría que pagar nada más tres millones y no los once que en un principio se le reclamaban.

Tiempo después, el Congreso expidió una ley por la cual había que pagar a ciertos reclamantes americanos cinco millones por demandas que tenían contra el Gobierno francés y que nuestro Gobierno no se proponía cobrar por la fuerza. Sólo en el caso de México, país débil, con territorio sin defensa, el Gabinete federal de Estados Unidos se sentía deseoso de cobrar sus deudas a boca de cañón.

No está de más que ofrezcamos al lector algunas muestras de la desvergonzada falta de escrúpulos que abundaba en estas reclamaciones que los políticos, para fines egoístas, tuvieron por conveniente convertir, agrandándolas, en ofensas inicuas.

A. O. de Santangelo era maestro de escuela e impresor en México. En una de las guerras civiles se vió obligado a escapar abandonando su colegio y su taller. Vino a Nueva Orleans y de allí se trasladó a Nueva York, donde se naturalizó ciudadano de los Estados Unidos. Con este carácter, presentó una reclamación contra México por la cantidad de 398 690 dólares, por daños y perjuicios. Los delegados de México negaron que se debiera cantidad alguna a ese sujeto. Los delegados americanos le concedieron 83 440 dólares, que el árbitro redujo a 50 000 dólares, la octava parte de la reclamación original. Es difícil concebir en qué pudo basarse la concesión de la octava parte de tan absurda demanda.

Rhoda Mc Crae reclamaba 6 694.04 dólares, como pensión por su hijo muerto en servicio militar en México. Los comisionados estadounidenses accedieron, para vergüenza suya, a esa demanda, pero el árbitro -en su honor sea dicho- la rechazó de plano.

Sophia M. Robinson quería que se le pagara, por servicios que prestó su esposo en México cuando este país era provincia de España, en 1817 (!), la cantidad de 16,000 dólares, y otro tanto por intereses. ¡Los delegados americanos le concedieron 32,000 dólares! Con toda justicia el árbitro rechazó la idea de pagarle un solo centavo.

John Baldwin pretendía que por un baúl de ropa usada que le quitó un empleado de la Aduana en la frontera de México, se le pagara la cantidad de 1,170 dólares, más intereses por la cantidad de 311.50 dólares. Total: 1 481.50 dólares. Todo esto se lo concedieron los delegados estadounidenses del tribunal. El árbitro quedó indeciso (1).

Mr. Pendleton, de Virginia, en un discurso muy juicioso que pronunció ante el Congreso el 22 de febrero de 1847 acerca de estas reclamaciones, comentaba así una de ellas:

Hay una partida en particular, un primor ciertamente, a la que quiero referirme. Es la partida de 46 docenas de botellas de vino Porter. Creo yo que el mejor vino Porter de Londres puede comprarse en cualquier parte del mundo por algo así como unos 3.00 dólares la docena; y juzgo que resulta un precio bastante liberal el que yo le calculo a este vino en particular, a 200.00 dólares. ¿Cuánto creen ustedes que cobran por ese vino en la demanda? ¡Nada menos que 690.00 dólares! Y sin embargo, esa cifra resulta razonable si se le compara con los intereses acumulados. Es decir, por menos de seis años, se fija de réditos la cantidad de 6 570 dólares, lo que hace subir el precio de 46 docenas de botellas de vino Porter a la bonita suma de 8 260 dólares. No diré yo que todas las cuentas contra México sean de la misma especie; pero esto sí digo yo: muchas de ellas son todavía más faltas de razón (2).

Una de las reclamaciones que quedaron sin resolver fue presentada por una compañía texana de bienes raíces, por la enorme suma de 2 154 604 dólares, y otro individuo pretendía que se le pagaran 690 000 dólares para indemnizarlo por algunos fallos que consideraba erróneos emitidos en su contra por los tribunales de México.

Debemos atribuir al espíritu de justicia y a la moderación de México el que, mientras semejante audacia sin escrúpulos contaba con el apoyo de nuestro Gobierno, las reclamaciones fraguadas contra aquel país sólo llegaron a un poco más de once millones de dólares.