Índice de Manifiesto político y social de la democracia pacífica de Victor ConsiderantAnteriorSiguienteBiblioteca Virtual Antorcha

4.- La obra revolucionaria se halla cumplida; la democracia apenas iniciada.

La Revolución desde el 89 hasta 1830 no ha evidenciado al nuevo derecho sino bajo su faz negativa y abstracta. Destruyó los últimos vestigios del orden feudal apoyado en la guerra y en los privilegios nobiliarios de cuna; inscribió al frente de la ley el principio democrático de la igualdad de los ciudadanos; erigió, asimismo, en el orden político -menester es reconocerlo- el sistema representativo, que, al reposar sobre un principio de elección independiente del nacimiento, es sin duda el organismo político de la Sociedad moderna. Procuró, también, por medio de instituciones de diversos matices, hacer que la instrucción elemental fuera más accesible. Pero dejó sin organización ni dirección y sin ninguna norma al sistema industrial en su conjunto. Destruyó todos los cargos, las jerarquías y las antiguas corporaciones, que constituían una estructuración coercitiva de la industria; pero no las ha reemplazado por otra mejor. Entregó el dominio de la producción, de la distribución y del consumo de las riquezas, es decir todo el taller social al laissez-faire más absoluto, a la concurrencia más anárquica, a la guerra más ciega, etc. y, en consecuencia, al monopolio de los grandes capitales.

Ahora bien, como los individuos, en general, no adquieren jerarquía dentro del sistema industrial, social y político sino mediante el dinero, la instrucción o el favoritismo; como la instrucción y la fortuna suponen primitivamente el bienestar o la riqueza; y como el favoritismo, carente de buena organización social, se transmite, ordinariamente, por el nacimiento y los compromisos, se infiere de ello que el actual Orden social no es todavía más que un sistema aristocrático y ciertamente no sólo de principio y de derecho sino de hecho, a pesar del liberalismo metafísico del nuevo derecho, de la destrucción legal del aristocrático derecho añejo, de la igualdad constitucional de los ciudadanos ante la ley y las funciones públicas y de la abolición de los privilegios legales en el dominio industrial.

Además, salvo excepciones individuales que no invalidan de ninguna manera la generalidad de la regla, es hoy socialmente indudable que las generaciones que nacen en la penuria, en la pobreza o en la miseria, llevan a cabo su vida en la penuria, la pobreza o la miseria, transmiten esta fatal herencia a sus descendientes y éstos allí quedan, destinados a permanecer, como sus antecesores, en las mismas condiciones.

También es evidente que las clases acomodadas y pudientes reproducen a las capas acomodadas y ricas de las generaciones siguientes. Gracias a los riesgos perniciosos de la anarquía industrial actual, a las luchas deplorables de una concurrencia ilimitada y sin norma y al creciente poderío de los grandes capitales, un número desgraciadamente muy considerable de individuos y de familias de las clases acomodadas, en algunos casos incluso de las clases ricas, están expuestas a caer y caen, en efecto, en la penuria.

Si bien el nuevo derecho público no reconoce más ninguna indignidad natural de las personas o de las clases; si, al contrario, proclama muy democráticamente igual aptitud política y social de todos para todo, no por ello están de hecho menos monopolizadas por las familias de las clases altas y medias, las posiciones políticas, industriales, financieras y comerciales elevadas y medianas, casi todas las funciones públicas y liberales, que las conservan y se las transmiten; mientras que las posiciones inferiores, los trabajos duros, las funciones penosas, ingratas, repugnantes, precarias y miserablemente retribuídas, quedan como el lote permanente de los hogares que constituyen las clases inferiores.

Es posible afirmar, entonces, que las clases se perpetúan por el nacimiento en un estado de inferioridad y de superioridad relativas, a excepción de un número proporcionalmente pequeñísimo de individuos que salen de las clases inferiores y que, por circunstancias y aptitudes manifiestamente excepcionales, ascienden hacia posiciones elevadas, y aparte de un número proporcionalmente más considerable de miembros de clases ricas o acomodadas que las crisis industriales y sociales precipitan en la penuria o la miseria.

Si en efecto tal cosa es cierta, resulta evidente que nuestro estado social, democrático de principio y de derecho, como lo hemos dicho, de hecho es todavía aristocrático. Constitucional, legal y abstractamente no existen más castas en la nación. Práctica, positiva y realmente vivimos siempre bajo un régimen de castas. Sólo que no es más la ley, ni el derecho, ni un precepto político los que colocan esas barreras entre las grandes categorías del pueblo francés, sino la misma organización económica y social.

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