Advertido el país, con todo honor y franqueza, de que el sexenio presidencial del general Lázaro Cárdenas sería gobierno de obreros y campesinos; establecido un orden respecto a las dotaciones ejidales; inclinado el Estado a la protección directa e incuestionable para la clase obrera; organizada la Confederación de Trabajadores de México como parte de la necesidad oficial; alentada y auspiciada la propaganda del Socialismo marxista por los funcionarios del Gobierno; fundadas y dilatadas las células comunistas con el disimulo del Estado; expropiadas las compañías petroleras y dominada política y constitucionalmente la República, México creyó que a muy corta distancia se hallaba de una instauración de instituciones específicas del Socialismo.

Todo, al efecto, pareció genialmente arreglado para que los mexicanos, aunque sin saber qué era el Socialismo y sin haber expresado su consentimiento, aceptaran ese paso que entre los teorizantes oficiales era considerado como señal inequívoca y necesaria del progreso nacional, de manera que a partir de esos días, el antiguo partido de la Revolución quedó dividido en progresistas y veteranos, correspondiendo la primera clasificación a los afiliados o simpatizadores de los agrupamientos que se disputaban el favor del Estado; la segunda, a quienes, temerosos de los desvíos y oportunismos revolucionarios, continuaban correspondiendo con entereza y lealtad a la idea original de una democracia rural.

Sin embargo, no se encuentra, al través de la literatura política de los días que remiramos, a pesar de la nutrida propaganda Marxista, un proyecto sustancioso sobre la transformación a la cual se suponía que sería conducido el país. De esta suerte, los signos de tal empresa tuvieron los visos de una realidad tras de otra realidad desde 1937; pero sobre todo después de la expropiación petrolera, cuando los marxistas, ya intelectuales, ya de los agrupamientos obreros, recordaron que el leninismo reconocía como paso previo hacia la Sociedad Comunista las confiscaciones públicas, el intervencionismo del Estado y la aplicación de las reglas nacionalistas.

Oponíanse a aquel sentir un acontecimiento de mucha significación; porque así como no existía la menor prueba de que el presidente Cárdenas pretendiese reformar la Constitución y de que en aquél faltase la luz y devoción del patriotismo, así tampoco se ponía en duda el alto entendimiento que existía entre el Jefe del Estado mexicano y el gobierno norteamericano de Franklin D. Roosevelt. Además, el hecho de que un personaje del Socialismo marxista como el licenciado Vicente Lombardo Toledano, aparte de las libertades constitucionales de que disfrutaba para extemar sus ideas políticas, no fuese colaborador directo y responsable de Cárdenas, estaba considerado como prueba evidente de la distancia que existía entre aquel Socialismo cardenista sin Marx, más producto de la benevolencia constitucionalista que de la tolerancia presidencial y el Socialismo de Marx, al cual tanto temían los mexicanos.

Ahora bien: de ese gran laberinto político que se manifestó en México hacia la mitad de 1938, fue culpable Lombardo Toledano; pues éste reiteró en cuantas ocasiones se le hicieron presentes, las seguridades de que la intervención del proletariado en el poder público sería definitiva; y para el caso, se consideró el hecho de que el Partido Nacional Revolucionario apellidado ahora Partido de la Revolución Mexicana, (a manera de borrar así las dudas de nexos con un pasado representado por Calles) aceptase en su seno, como aparato político y electoral, a la Confederación de Trabajadores y que ésta, auxiliada por el Estado, reuniese (8 de septiembre de 1938) a las organizaciones sindicales de Centro y Sudamérica, bajo el nombre de Confederación de Trabajadores Latinoamericanos.

A este punto, que señaló el más alto de la carrera del obrerismo oficial, puesto que con ese suceso continental quedaron hincados los puntales para que el proletariado de México asegurase el triunfo de su candidato presidencial mexicano en las elecciones de 1940, que estaban siendo objeto de sondeos previos por el grupo que dirigía Lombardo Toledano.

En efecto, en enero de 1937, durante el consejo de la C.T.M., reunido en Veracruz, los líderes obreros engolosinados con la idea de llegar al mando político en el siguiente presidenciado, propusieron el establecimiento de cooperativas llamadas a fundar la administración obrera dentro de las perspectivas que ofrecía el desarrollo industrial de México; y aunque el proyecto no prosperó, la C.T.M. quiso hacer patente su poder con una fuerza sindical caracterizada en ochocientas treinta y tres huelgas en 1937 y seis mil quinientos fallos de las autoridades del trabajo, en beneficio de la clase obrera.

Tales hechos dieron mucha autoridad al obrerismo, que vio acrecentar sus fuerzas con la ley de cooperativas (11 de enero, 1938), que prudujo desde luego el traspaso de los ingenios azucareros del Mante y Zacatepec a manos de cooperativas, dirigidas por el oficialismo, pero con la participación de los cuadros del trabajo.

Este género de disposiciones oficiales, fue considerado por la propaganda socialista como actos de concesión que el presidente Cárdenas otorgaba incondicionalmente al proletariado, con lo cual quedaron estimuladas otras manifestaciones populares, pero sobre todo las conexivas al trabajo doméstico.

Así, ya en el camino de supuestas concesiones, el gobierno creyó fácil y conveniente un nuevo ensayo social, sin calcular el precio que por tal experiencia iba a pagar el pueblo de México; y al efecto, como probación preliminar de que los obreros estaban aptos para dirigir y desenvolver industrias, el Estado resolvió (Junio, 1938) dar el gobierno de los Ferrocarriles Nacionales de México, cuya mexicanización prerrevolucionaria abrió la época de la nacionalidad económica de México, a una administración obrera.

Vivían los ferrocarriles Nacionales la precaria vida de las alzas y bajas tanto de sus gastos como de sus ingresos; de sus sueldos y deudas. Un examen de los informes correspondientes a los cinco años anteriores a la administración obrera decretada por Cárdenas, fija que dentro de los vaivenes administrativos y financieros de la empresa que era prácticamente desde 1916 parte del gobierno mexicano, la Nación tuvo que soportar un déficit, no sólo concerniente al manejo de la red ferroviaria, sino también a la explotación del carbón que realizaban los propios Nacionales, de manera que probados todos los medios para terminar aquella crisis de aspecto perennal, el gobierno creyó hallar la solución que ofrecía menos molestias, entregando el cuerpo ferrocarrilero, incluyendo el pasivo de la empresa, a las ingenuas, inexpertas y ensoñadoras cabezas de los líderes del riel.

El acontecimietno, por estar enlazado a una de las fuentes vitales del país, constituyó desde el primer momento uno de los pasos más audaces que dio el general Cárdenas durante su sexenio; porque si de un lado pareció corroborar una vez más, la especie de una pretendida socialización de México; de otro lado, se creyó cierta la versión de que el Presidente era partidario de los ensayos atrevidos y por lo mismo amenazantes para la tranquilidad que reclaman los pueblos, sobre todo en días que empiezan a encauzar su progreso.

Presentación de Omar Cortés	Capítulo trigésimo sexto. Apartado 1 - El alzamiento de Cedillo	Capítulo trigésimo sexto. Apartado 3 - Resultados del régimen rural	Biblioteca Virtual Antorcha