Capítulo VII

Medios generales de conservación y de prosperidad en los Estados democráticos, oligárquicos y aristocráticos

Veamos ahora cuáles son, para los Estados en general y para cada uno de ellos en particular, los medios de conservación. Es cosa evidente que si conocemos las causas que arruinan los Estados, debemos conocer igualmente las causas que los conservan. Lo contrario produce siempre lo contrario, y la destrucción es lo opuesto a la conservación.

En todos los Estados bien constituidos, lo primero de que debe cuidarse es de no derogar ni en lo más mínimo la ley, y evitar con el más escrupuloso esmero el atentar contra ella ni en poco ni en mucho. La ilegalidad mina sordamente al Estado, al modo que los pequeños gastos muchas veces repetidos concluyen por minar las fortunas. No se hace alto en las pérdidas que se experimentan, porque no se hacen los gastos en grande; escapan a la observación y engañan al pensamiento, como lo hace esta paradoja de los sofistas: si cada parte es pequeña, el todo debe ser también pequeño, idea que es a la vez en parte verdadera y en parte falsa, porque el conjunto, el todo mismo, no es pequeño; pero se compone de partes que son pequeñas. En este caso es preciso prevenir el mal desde el origen. En segundo lugar, es necesario no fiarse de estos ardides y sofismas que se urden contra el pueblo; pues ahí están los hechos para condenarlos altamente. Ya hemos dicho antes lo que entendíamos por sofismas políticos, por estos manejos que pasan por ingeniosos. Pero es preciso convencerse de que muchas aristocracias y también muchas oligarquías deben su duración, no tanto a la bondad de la Constitución, como a la prudente conducta que observan los gobernantes, así con los simples ciudadanos como con sus colegas, los cuales procuran cuidadosamente evitar toda injusticia respecto a los que están excluidos de los empleos, pero sin dejar nunca de contar con los jefes para la dirección de los negocios; se guardan de herir las preocupaciones relativas a la consideración social de los ciudadanos que aspiren a obtenerla, y de lastimar a las masas en sus intereses materiales; y sobre todo conservan en las relaciones que mantienen entre sí y con los que toman parte en la administración formas completamente democráticas; porque, entre iguales, este principio de igualdad, que los demócratas creen encontrar en la soberanía del mayor número, es no sólo justo, sino también útil. Así pues, si los miembros de la oligarquía son numerosos, será bueno que muchas de las instituciones que la constituyen sean puramente populares; que, por ejemplo, las magistraturas sólo duren seis meses, para que todos los oligarcas, que son iguales entre sí, puedan desempeñarlas por turno. Por lo mismo que son iguales, forman una especie de pueblo; y esto es tan cierto, que, como ya he dicho, pueden salir de su propio seno los demagogos. Esta breve duración de las funciones es además un medio de prevenir en las aristocracias y en las oligarquías la dominación de las minorías violentas. Cuando se desempeñan por poco tiempo las funciones públicas, no es tan fácil causar el mal como cuando se permanece en ellas mucho tiempo. La duración demasiado prolongada del poder es únicamente la que causa la tiranía en los Estados oligárquicos y democráticos. O son ciudadanos poderosos los que aspiran a la tiranía, aquí los demagogos, allí los miembros de la minoría hereditaria; o son magistrados investidos de un gran poder después de haberlo disfrutado por mucho tiempo.

Los Estados se conservan no sólo porque las causas de destrucción están distantes, sino también a veces porque son inminentes; pues entonces el miedo obliga a ocuparse con doble solicitud del despacho de los negocios públicos. Así, los magistrados que se interesan por el sostenimiento de la Constitución deben a veces, suponiendo próximos peligros que son lejanos, producir pánicos de este género, para que los ciudadanos velen y estén alerta por la noche, y no descuiden la vigilancia de la ciudad. Además es preciso prevenir siempre las luchas y disensiones de los ciudadanos poderosos por medios legales, y estar a la mira de los que son extraños a las mismas, antes que tomen parte en ellas personalmente. Pero el reconocer de este modo los síntomas del mal no es propio de espíritus vulgares; tal perspicacia sólo es propia del hombre de Estado.

Para impedir en la oligarquía y en la República las revoluciones que la cuantía del censo puede producir, cuando permanece fija en medio del aumento general del numerario, conviene revisar las cuotas comparándolas con las del pasado todos los años en los Estados en que el censo es anual, y cada tres o cinco en los grandes Estados. Si las rentas se han aumentado o disminuido comparativamente a las que han servido primero de base a la concesión de derechos políticos, es preciso poder en virtud de una ley elevar o rebajar el censo: elevarlo proporcionadamente al nivel que tenga la riqueza pública, si ésta ha aumentado; y reducirlo de igual modo, si ha disminuido. Si no se toma esta precaución en los Estados oligárquicos y republicanos, bien pronto se establecerá aquí la oligarquía, allí el gobierno hereditario y violento de una minoría; o la demagogia sucederá a la República, y la República o la demagogia a la oligarquía.

Un punto igualmente importante en la democracia y en la oligarquía, en una palabra, en todo gobierno, es cuidar de que no surja en el Estado alguna superioridad desproporcionada; así como dar a los cargos públicos poca importancia y mucha duración más bien que conferirles de golpe una autoridad muy extensa; porque el poder es corruptor, y no todos los hombres son capaces de mantenerse puros en medio de la prosperidad. Si no ha podido organizarse el poder sobre estas bases, debe por lo menos guardarse bien de retirarle toda la autoridad de una vez y tan imprudentemente como se le había dado; es preciso, por el contrario, ir restringiéndolo poco a poco. Pero es sobre todo por medio de las leyes como conviene evitar la formación de estas superioridades temibles, que se apoyan ya en la gran riqueza, ya en las fuerzas de un partido numeroso. Cuando no se ha podido impedir su formación, es preciso trabajar para que vayan a probar sus fuerzas al extranjero. Por otra parte, como las innovaciones pueden introducirse, en primer término, en las costumbres de los particulares, debe crearse una magistratura encargada de vigilar a todos aquellos cuya vida no guarde conformidad con la Constitución: en la democracia, con el principio democrático; en la oligarquía, con el oligárquico. Esta institución es aplicable a todos los demás gobiernos. Por la misma razón es preciso no perder de vista el acrecentamiento de prosperidad y de fortuna que pueden adquirir las diversas clases de la sociedad; mal que se puede prevenir poniendo el poder y la gestión de los negocios en manos de los elementos opuestos del Estado, y al hablar de elementos opuestos me refiero de un lado a los hombres distinguidos y al vulgo, y de otro a los pobres y a los ricos. Debe procurarse: o confundir en una unión perfecta a pobres y a ricos, o aumentar la clase media, que sólo así se impiden las revoluciones que nacen de la desigualdad.

Veamos otro punto capital en todo Estado. Es preciso que, valiéndose de la legislación o empleando cualquier otro medio poderoso, se impida que los cargos públicos enriquezcan a los que los ocupan. En las oligarquías, sobre todo, esta medida es de la más alta importancia. A la masa de los ciudadanos no irrita tanto el verse excluida de los empleos, exclusión que quizá está compensada con la ventaja de poderse dedicar a sus propios negocios, como le indigna el pensar que los magistrados puedan robar los caudales públicos, porque entonces tienen un doble motivo de queja, puesto que se ven privados a la vez del poder y de las utilidades que él proporciona. Una administración pura, si es posible establecerla, es el único medio para hacer que coexistan en el Estado la democracia y la aristocracia, es decir, para poner en acuerdo las respectivas pretensiones de los ciudadanos distinguidos y de la multitud. En efecto, el principio popular es la facultad de poder obtener los empleos concedida a todos: el principio aristocrático consiste en confiarlos sólo a los ciudadanos eminentes. Esta combinación podrá ser realizada si los empleos no pueden ser lucrativos. Entonces los pobres, como nada podrían ganar, no querrán el poder, y se ocuparán con preferencia de sus intereses personales; los ricos podrán aceptar el poder, porque ninguna necesidad tienen de aumentar con la riqueza pública la propia. De esta manera, además, los pobres se enriquecerán dedicándose a sus propios negocios, y las clases altas no se verán obligadas a obedecer a gente sin fundamento.

Por lo demás, para evitar la dilapidación de las rentas públicas, que se obligue a cada cual a rendir cuentas en presencia de todos los ciudadanos reunidos, y que se fijen copias de aquéllas en las fratrias, en los cantones y en las tribus; y para que los magistrados sean íntegros, que la ley procure recompensar con honores a los que se distingan como buenos administradores.

En las democracias es preciso impedir, no sólo el repartimiento de los bienes de los ricos, sino hasta que se haga esto con los productos de aquéllos; lo cual se hace en algunos Estados por medios indirectos. También es conveniente no conceder a los ricos, aun cuando lo pidan, el derecho de subvenir a aquellos gastos públicos que son muy costosos, pero que no tienen ninguna utilidad real, tales como las representaciones teatrales, las fiestas de las antorchas y otros gastos del mismo género. En las oligarquías, por el contrario, debe ser muy eficaz la solicitud del gobierno por los pobres, a los cuales es preciso conceder aquellos empleos que son retribuidos. También debe castigarse toda ofensa hecha por los ricos a los pobres con más severidad que las que se hagan los ricos entre sí. El sistema oligárquico tiene también gran interés en que las herencias se adquieran sólo por derecho de nacimiento y no a título de donación, y que no puedan nunca acumularse muchas. Por este medio, en efecto, las fortunas tienden a nivelarse y son más los pobres que llegan a adquirir medios de vivir.

Es igualmente ventajoso en la oligarquía y en la democracia el reconocer un derecho igual, y hasta superior, a todos aquellos empleos que no son de suma importancia en el Estado, a los ciudadanos que sólo tienen una pequeña parte en el poder político; en la democracia, a los ricos; en la oligarquía, a los pobres. En cuanto a las funciones elevadas, deben ser todas, o, por lo menos, la mayor parte, puestas exclusivamente en manos de los ciudadanos que tienen derechos políticos. El ejercicio de las funciones supremas exige en los que las obtienen tres cualidades: amor sincero a la Constitución, gran capacidad para los negocios y una virtud y una justicia de un carácter análogo al principio especial sobre que cada gobierno se funda, porque, variando el derecho según las diversas Constituciones, es de toda necesidad que la justicia se modifique en la misma forma. Pero aquí ocurre una cuestión. ¿Cómo se ha de elegir y escoger cuando no se encuentran todas las cualidades requeridas reunidas en el mismo individuo? Por ejemplo, si un ciudadano dotado de gran talento militar no es probo y es poco afecto a la Constitución, y otro es muy hombre de bien y partidario sincero de la Constitución, pero sin capacidad militar, ¿cuál de los dos se escogerá? En este caso, es preciso fijarse bien en dos cosas: cuál es la cualidad vulgar y cuál es la cualidad rara. Y así, para nombrar un general es preciso mirar a la experiencia más bien que a la probidad, porque la probidad se encuentra mucho más fácilmente que el talento militar. Para elegir el guardador del tesoro público es preciso seguir otro camino. Las funciones del tesorero exigen mucha más probidad que la que se halla en la mayor parte de los hombres, mientras que el grado de inteligencia necesario para su desempeño es muy común. Pero podrá decirse: si un ciudadano es a la vez capaz y adicto a la Constitución, ¿para qué exigirle, además, la virtud? ¿Las dos cualidades que posee no le bastarán para cumplir bien? No, sin duda, porque al lado de estas dos cualidades eminentes puede tener pasiones desenfrenadas. Si los hombres, hasta cuando se trata de sus propios intereses, que estiman y conocen, no se sirven muy bien a sí propios, ¿quién responde de que, cuando se trata de intereses públicos, no harán lo mismo?

En general, conforme a nuestras teorías, todo lo que contribuye mediante la ley al sostenimiento del principio mismo de la Constitución es esencial a la conservación del Estado. Pero lo que más importa, como repetidas veces hemos dicho, es hacer que sea más fuerte la parte de los ciudadanos que apoya al gobierno que el partido de los que quieren su caída. Es preciso, sobre todo, guardarse mucho de despreciar lo que en la actualidad todos los gobiernos corruptos desprecian, que es la moderación y la mesura en todas las cosas. Muchas instituciones que en apariencia son democráticas son precisamente las que arruinan la democracia; y muchas instituciones que parecen oligárquicas destruyen la oligarquía. Cuando se cree haber encontrado el principio único verdadero en política, se le lleva ciegamente hasta el exceso, en lo cual se comete un grosero error. En el rostro humano, la nariz, aunque se separe de la línea recta, que es la forma más bella, y se aproxime un tanto a la aguileña o a la roma, puede, sin embargo, tener un aspecto bastante bello y agradable; pero si se lleva al exceso esta desviación, por lo pronto se quitaría a esta facción las proporciones que debe tener y perdería, al cabo, toda apariencia de nariz, a causa de sus propias dimensiones, que serían monstruosas, y de las dimensiones excesivamente pequeñas de las facciones que la rodean; observación que lo mismo podría aplicarse a cualquier otra parte de la cara. Lo mismo sucede absolutamente con toda clase de gobiernos. La democracia y la oligarquía, al alejarse de la Constitución perfecta, pueden constituirse de manera que puedan sostenerse; pero si se exagera el principio de la una o de la otra, al pronto se convertirán en malos gobiernos y concluirán por no ser siquiera gobiernos. Es preciso que el legislador y el hombre de Estado sepan distinguir, entre las medidas democráticas u oligárquicas, las que conservan y las que destruyen la democracia o la oligarquía. Ninguno de estos dos gobiernos puede existir ni subsistir sin encerrar en su seno ricos y pobres. Pero cuando llega a establecerse la igualdad en las fortunas, la Constitución tiene que cambiar; y al querer destruir las leyes hechas teniendo en cuenta ciertas superioridades políticas, se destruye con ellas la Constitución misma. Las democracias y las oligarquías cometen en esto una falta igualmente grave. En las democracias, en que la multitud puede hacer soberanamente las leyes, los demagogos, con sus continuos ataques contra los ricos, dividen siempre la ciudad en dos campos, mientras que deberían en sus arengas sólo ocuparse del interés de los ricos; lo mismo que en las oligarquías el gobierno sólo debía tener en cuenta el interés del pueblo. Los oligarcas deberían, sobre todo, renunciar a prestar juramento del género de los que prestan actualmente; porque he aquí los que en nuestros días hacen en algunos Estados: Yo seré enemigo constante del pueblo, le haré todo el mal que pueda.

Sería preciso hacer lo contrario, y, cambiando de disfraz, decir resueltamente en los juramentos de esta especie: No haré nunca daño al pueblo.

El punto más importante entre todos aquellos de que hemos hablado respecto de la estabilidad de los Estados, si bien hoy no se hace aprecio de él, es el de acomodar la educación al principio mismo de la Constitución. Las leyes más útiles, las leyes sancionadas con aprobación unánime de todos los ciudadanos, se hacen ilusorias si la educación y las costumbres no corresponden a los principios políticos, siendo democráticas en la democracia y oligárquicas en la oligarquía; porque es preciso tener entendido que si un solo ciudadano vive en la indisciplina, el Estado mismo participa de este desorden. Una educación conforme a la Constitución no es la que enseña a hacer todo lo que parezca bien a los miembros de la oligarquía o a los partidarios de la democracia; sino que es la que enseña a poder vivir bajo un gobierno oligárquico o bajo un gobierno democrático. En las oligarquías actuales los hijos de los que ocupan el poder viven en la molicie, mientras que los hijos de los pobres, endurecidos con el trabajo y la fatiga, adquieren el deseo y la fuerza para hacer una revolución. En las democracias, sobre todo en las que están constituidas más democráticamente, el interés del Estado está muy mal comprendido, porque se forman en ellas una idea muy falsa de la libertad. Según la opinión común, los dos caracteres distintivos de la democracia son la soberanía del mayor número y la libertad. La igualdad es el derecho común; y esta igualdad consiste en que la voluntad de la mayoría sea soberana. Desde entonces libertad e igualdad se confunden en la facultad que tiene cada cual de hacer lo que quiera: todo a su gusto, como dice Eurípides. Este es un sistema muy peligroso, porque no deben creer los ciudadanos que vivir conforme a la Constitución es una esclavitud; antes, por el contrario, deben encontrar en ella protección y una garantía de felicidad.

Hemos enumerado casi todas las causas de revolución y de destrucción, de prosperidad y de estabilidad en los gobiernos republicanos.