Dicumento N° 163

Petición solicitando el perdón de Maximiliano, de los Lics. Mariano Riva Palacio y Rafel Martinez de la Torre

Ciudadano Presidente.

Mariano Riva Palacio y Rafael MartÍnez de la Torre, defensores nombrados por el Archiduque Fernando Maximiliano de Austria, en la causa que se le formó como prisionero de guerra rendido en la mañana del 15 del próximo pasado mayo, al Ciudadano Presidente de la República.

Con el debido respeto ocurrimos exponiéndole: que próxima a sentenciarse esta causa, y temiendo, supuesto el rigor de la ley por que se le juzga, que se imponga la pena capital a nuestro defendido, ocurrimos en su nombre pidiendo la gracia de indulto.

Acaso en los anales de los procesos políticos, no se registra uno en que más justificada sea la gracia que solicitamos.

Agobiada nuestra patria por una guerra civil en que han perecido muchos de sus mejores hijos, las pasiones se exacerbaron; y diciéndose agraviadas por una suspensión de pagos, tres naciones de Europa tomaron la resolución de intervenir en nuestros negocios interiores. Debatido el objeto de la invasión en las playas de nuestra patria, se separaron de la empresa los gobiernos de España e Inglaterra. Francia sola afrontó los peligros de una lucha en que el espíritu nacional de México debía jugar el heroico papel de vencedor, que desprovisto de elementos de riqueza y de poder, su victoria la debiera al inmenso amor que el pueblo mexicano tiene a su independencia. Errantes anduvieron sus buenos hijos; pero con la frente levantada, porque la causa que defendían era nacional y justa, y el porvenir jamás cierra sus puertas a la justicia.

El Supremo Magistrado de la Nación, después de la lamentable ocupación de Puebla, se vio obligado a abandonar, por la irresistible fuerza de los acontecimientos, la ciudad de México, y el día 10 de junio de 1863 entró a la capital el ejército francés. Poco tiempo después se preparaban trabajos para que se diera un nuevo gobierno al país.

La historia de este período nadie la ignora, y a nosotros sólo nos toca decir que, nombrado el Archiduque de Austria por una Junta de notables, Emperador de México, el día 10 de julio de 1863, no bastó este nombramiento para resolver lo a venir; porque no se creyó llamado por la voluntad de los mexicanos. Nuevas condiciones de legitimidad impuso para resolverse. Transcurridos algunos meses, se le presentaron diversas actas que, a su juicio, según nos aseguró, y el de respetables abogados de Europa y América¡ le daban derecho para poderse reputar nombrado por México para ejercer la autoridad o poder de Emperador. Esta creencia lo determinó, según nos ha referido también, a venir al país, animado de una firme resolución de defender a toda costa la independencia de México y la integridad de su territorio que creía amenazadas. Muchos actos de su administración así lo acreditan, y un gran número de pruebas pudieran haberse presentado en juicio, si el proceso formado lo hubiera permitido. Documentos de indisputable fe habrían visto los jueces, y acaso se hubiera mitigado el rigor de la ley. Fácil habría sido demostrar, según nuestro mismo defendido con toda sinceridad nos explicaba, la rectitud de sus intenciones al aceptar el trono de México, y su firme resolución de sacrificarse por la independencia de su nueva patria y por la integridad de su territorio.

Envueltos quedan en el misterio de un proceso meramente militar, los grandes actos de defensa del acusado, quien con el calor de la más profunda convicción nos decía: que la historia sabrá presentar más tarde sin pasión, sus penas y esfuerzos para que México no se complicara en graves cuestiones internacionales. El Archiduque nos repetía que este era para él su título de orgullo, y que si a su limitada defensa no podían acompañarse documentos de su justificada conducta, personas habría más tarde que honraran su memoria, presentando fielmente al pueblo mexicano y al mundo entero la verdad, a la que estaba ligada su rectitud de intenciones.

Embarazada la defensa en ese terreno que demanda tiempo para aducir las pruebas, creemos de un deber imprescindible, que en esta exposición, que hacemos a toda prisa, se consignen especies que tienen, en el sentimiento mismo de la Nación, cierto carácter de verdad. Sea cual fuere la responsabilidad que pese sobre el Archiduque de Austria, ¿podrá atribuirse una intención criminal en un grado superior a la escala de delitos comunes? ¿No deberá tomarse en cuenta que, en el fondo de su conciencia habiendo algún temor sobre la ilegitimidad de su elección, se habían dado pasos que en apariencia justificaban el origen de su nombramiento, y que estas apariencias se le presentaban con el sentido de la verdad?

Al hablar de este punto, el Archiduque nos decía: Yo no he venido a hollar las instituciones de este país que, agitado por la guerra civil, era víctima, mucho antes de mi llegada, de una invasión que en mis propósitos estaba combatir, obteniendo para mi nueva patria los ofrecimientos de los Gobiernos de Europa, sin humillación del más puro sentimiento nacional. La probabilidad de buen resultado, el éxito de esta empresa, podrá ponerse en duda; pero no la buena fe de mi conducta. Jamás creí, al venir, que se me hiciera responsable de una situación que no había creado, y de la cual, ni Dios ni la posteridad me juzgarán reo. Yo seré responsable de los actos de mi administración; pero jamás de acontecimientos en que ningún participio tuve. En el porvenir del Gobierno que debía fundar, comprometía también el mío, mi nombre y el de mi familia; y por muchos meses, con sangre fría, sin el estímulo de la pasión, creí que podía hacer el bien de esta Nación, que amaba por gratitud.

¿Puede este error ser un crimen que merezca la pena capital? La pena de una apreciación inexacta, ¿será tan severa como la del mayor delincuente del orden común?

Bien sabemos que al pesarse en la balanza política los daños de un trastorno público, personas hay que los estiman superiores al mayor delito que un individuo pudiera cometer: pero esa opinión está condenada por los hombres cuerdos; porque el crimen del individuo tiene la reprobación del universo entero: no hay, para cometerlo, la conciencia tranquila, que es la fuente de lo excusable.

Nuestro defendido no se reconoce, sin embargo, como causa del trastorno del país. La bandera de la República flameaba lejos de la Capital y de muchos Estados, cuando se presentó como Emperador. Ni se reputó conspirador, ni tampoco revolucionario, y el mal éxito de la empresa, nos decía, acredita la fuerza de los sentimientos republicanos en el país; pero nunca un crimen de mi parte, que al obrar como lo hice, me animaba una recta y patriótica intención. Si el instinto de humanidad es hacer el bien, yo quise y juzgué que podía hacerlo a un pueblo que creí que me llamaba.

Los defensores, al oír esta instrucción que nos parecía franca y sincera, comprendImos la posibilidad, en personas honradas, de comprometerse en causas políticas que merecen toda la indulgencia del gobernante al ver restablecido su poder. La prueba por que ha pasado la República, mientras más dura ha sido, más la engrandece, y su nombre y su porvenir serán más grandes mientras menos severa sea con quien, rendido a la discreción del General en Jefe, nunca se conforma con los cargos de una perversidad indisculpable de intención cuando se acepta por error el poder, como derivado del voto público.

Abierto a la razón el cuadro de estos sucesos, la ley de 25 de enero de 1862 no es aplicable, porque no pudo estar en la mente del legislador poner frente al Gobierno Constitucional, otro, llámese de hecho o de usurpación, que durara tres años y fuera reconocido por toda la Europa, por el Brasil, Rusia, etc.

En la fría razón de los hombres de Estado, no puede caber que se niegue al tiempo y a los acontecimientos su propio nombre, su vida, y las consecuencias que se derivan de su existencia. Si la política tuviera ese poder, la omnipotencia del hombre sería un hecho, y la verdad estaría subordinada a las facultades del gobernante. Llámese por lo mismo Imperio, dictadura, poder usurpado, etc.; la existencia de ese poder ha sido un hecho que no pudo haber estado en la mente del legislador que se juzgase en Consejo de guerra, por personas incompetentes para las altas cuestiones de que provenían los cargos al que obraba en virtud de ese poder.

Mas ya que este fue un hecho, a los defensores corresponde, para el desgraciado evento a que se refieren, pedir una gracia, que esperan sea otorgada por las consideraciones que pasan a exponer.

En diciembre de 1861 los españoles invadían ya a Veracruz, y el 5 de mayo siguiente, el triunfo de las armas del país acreditaba que sólo Francia luchaba con nuestra Patria. En todo este período, si es que había sonado el nombre del Archiduque de Austria, ningún compromiso lo ligaba en esa época, y retiradas las tropas francesas, casi un año han necesitado para ocupar a Puebla. Transcurrido todo el de 1863, es cuando se le llamó. De entonces a su llegada ha transcurrido otro año, y la Regencia había legislado y gobernado, no por su encargo o instrucción, como lo justifican los primeros actos del Archiduque. Todavía a su llegada, antes de nombrar Ministerio, nos ha referido que quiso conocer la opinión del país, y que al legislar como Emperador, tuvo la convicción de que la República estaba reducida a una extensión muy limitada del territorio.

Tan cierto es esto, que se ha hablado siempre con elogio del número de personas que acompañó hasta Paso del Norte al C. Presidente de la República. Esta honra, justo testimonio del patriotismo constante de algunos mexicanos, es un monumento que en lo moral se ha levantado a los sostenedores de las instituciones; pero es también una prueba fehaciente de que ese poder que se llamó Imperio, tuvo una existencia indisputable que miles de hechos lo acreditan.

La fuerza física que lo apoyara, no podía reputarla elemento invencible y poderoso hasta el extremo de callar las voces que proclamaran la República.

Indomables campeones de ésta, en algunos puntos sostenían con su sangre los altos sentimientos de su patriotismo; pero estaban también reducidos a un corto número de defensores que, si confiaban en el porvenir de su causa, era porque al través de esa calma o indiferencia aparente de la Nación, veían sólo oculto el grito que un día debería darse proclamándose por todos la libertad, la República, la independencia de su Patria.

Previsión será esta de un espíritu superior; inspiración acaso sólo de un acendrado patriotismo. El hecho de actualidad lo está acreditando, y esos hombres merecen bien de la patria; sus nombres se escribirán un día con el indeleble carácter de una tierna tradición que las generaciones dan con su memoria a los hombres públicos que honran el lugar en que nacen; pero esto mismo ¿no acredita en Maximiliano que pudo equivocarse de buena fe en sus apreciaciones? ¿que el éxito de sus primeros pasos le haya parecido el afecto de un pueblo que quiere un rey, la obediencia de una nación que se había cansado de la República?

Esta vivía en el corazón de todos, y el silencio de cierto tiempo fue sólo el estupor de sucesos imprevistos que nada ligaban el corazón; pero ellos podían perturbar, como perturbaron, el juicio de este príncipe que, en su error, comprometió a otras personas.

¿No deberá ser esta consideración de algún peso en el ánimo de los que forman el Gobierno, para atenuar una pena que nuestra misma Constitución repugna? ¡Pena horrible, reservada en los tiempos modernos sólo a grandes criminales!

Reciente está el hecho de una colosal insurrección en la República del Norte, y todos los gritos de odio y venganza en los momentos del conflicto armado, se volvieron calma y reposo cuando el gobierno tuvo la conciencia de haber dominado la revolución. No ha corrido allí más sangre que la de un infame asesino. Las causas políticas no han terminado con el fin dramático de los hombres de la insurrección.

En Europa tenemos también, en nuestros días, ejemplos de indultos otorgados a jefes de rebelión, a pesar de que contaran los gobiernos muchos años de establecidos, y a esta gracia se debe acaso la paz interior de aquellas naciones.

México, por desgracia, ha visto muertos entre los primeros de sus hijos a Iturbide y a Guerrero, figuras colosales de nuestra independencia: la lucha prolongada ha seguido esa escala de exterminio, y ningún fruto ha dado en beneficio del país, sirviendo sólo de prueba, que las causas políticas no cuentan menos defensores cuando el patíbulo pone término a la vida de los hombres.

Tal convicción fue, sin duda, la más poderosa causa para que los legisladores de la Constitución de 1857 sostuvieran con un valor digno de elogio la extinción de la pena capital por causas políticas, y así lo establecieron en su artículo 23.

En la sabiduría de aquellos legisladores, además de la virtud inestimable de hacer el bien, había la máxima de que el extravío de sus semejantes no se castigara con una pena que impide la rectificación del error mismo. Las revoluciones se combaten con las armas, pero ha de haber siempre un fondo de rectas ideas que hagan amar las banderas de los gobiernos; lo contrario exaspera los sentimientos, excita el delirio fanático de una causa, y el cadalso es entonces una escuela de martirio que eleva los principios que se combaten.

La terrible idea que se apodera en los gobiernos vencedores de armarse de una poderosa energía, que precipita muchas veces en un abismo los más caros intereses de la patria, es acaso el fundamento más sólido de los sostenedores de que la pena de muerte no puede aplicarse por causas políticas. El Gobierno, en su victoria, es entonces el acusador, el fiscal, el juez, el tribunal, el ejecutor, y al fin los gobernantes son hombres capaces de pasiones que pudieran combinarse, sin una premeditada y dañada intención, con una intransigente energía, que en nada apreciara los justos motivos de atenuación de las penas. Tal severidad, que en nada estima los errores excusables, cerrando los ojos y tapándose los oídos para no ver ni oír las súplicas; las quejas, las disculpas, las excusas del partido vencido, pudiera mirarse como un acto de enemistad, más bien que de recta aplicación de justicia, y en esa transformación de papeles del poder público, la sociedad estaría siempre expuesta a los peligros de una cadena sucesiva de ejecuciones.

Los legisladores de 1857 tenían a la vista el triste cuadro de nuestras revoluciones, que han dado ya materia para escandalizar al mundo entero, y en esa misma época de exaltación, la más profunda que entre nosotros se haya conocido, con un esfuerzo que está reservado al porvenir apreciar, manifestaron con su conducta pública, que no querían el exterminio de sus enemigos, aspirando sólo a una conversión cuya época no podía ser aquella en la que sólo se depositaba el germen de un bien que más tarde debería cosecharse, ¿Qué tiempo pudiera ser más a propósito que éste? ¿Cuándo pudiera presentarse ocasión más oportuna? Jamás los partidos han estado más cerca de entenderse, y esa Constitución debe ser el vínculo de unión para mexicanos que, aleccionados por la desgracia, piden a los vencedores una mano de hermanos por medio de la observancia de una prescripción humanitaria de la Carta fundamental. ¡Cuánto bien encerraría hoy el respeto profundo del artículo 23 de la Constitución! Este ejemplo sería más eficaz que mil cadalsos que se levanten para ahogar en su propia sangre a los vencidos.

Los defensores saben que el C. Presidente cree que está en suspenso la Constitución de 1857, aun en sus bases o principios fundamentales; pero esa misma suspensión, aceptándola como una verdad, ¿obliga a imponer de una manera irremisible la pena capital al Archiduque de Austria, y con él, acaso, a algunas otras personas? ¿No es más lógico y humanitario amoldar el uso de las facultades discrecionales a los principios fundamentales de una Constitución por la que ha luchado la República, y quiere que no sea una letra muerta?

Las leyes fundamentales merecen tal acatamiento y respeto, que aun en el uso de ese poder con que se reviste a veces a los gobiernos, se cree, por distinguidos publicistas, que no se pueden tocar. Así lo enseña Wattel, diciendo: Pertenece esencialmente a la sociedad hacer las leyes que han de arreglarla, el modo de gobernarse y la conducta de los ciudadanos, cuya potestad se llama poder legislativo. La Nación puede confiar su ejercicio al príncipe o a una asamblea, o a ésta y al príncipe juntamente, los cuales tienen desde entonces un derecho de hacer nuevas leyes y abrogar las antiguas. ¿Pregúntase si su poder se extiende hasta los fundamentales; y si puede mudar la Constitución del Estado? Los principios que hemos establecido, nos obligan ciertamente a decir que la autoridad de estos legisladores no alcanza a tanto, y que deben mirar como un sagrado las leyes fundamentales, si la nación no los ha autorizado especial(mente) para mudarlas; porque la Constitución del Estado debe ser permanente; y puesto que la Nación la ha establecido primero, y ha confiado después el poder legislativo a ciertas personas, las leyes fundamentales están exceptuadas de su comisión. Y en fin, si la Constitución autoriza a los legisladores, ¿cómo han de poder mudarla sin destruir el fundamento de su autoridad?

Esta doctrina es una consecuencia precisa en este sabio, que antes ha dicho que la Constitución del Estado y sus leyes son la base de la tranquilidad pública, el apoyo más firme de la autoridad política, y la garantía de la libertad de los ciudadanos.

La lucha de cinco años por las instituciones, gloriosa para la democracia de México, sería estéril, si a la hora de invocar sus principios, cuando el más espléndido triunfo corona heroicos esfuerzos, se contesta que esas instituciones no tienen valor ni fuerza alguna; que la ley viva es la terrible de 25 de enero de 1862. Pocos defensores tendría esta doctrina, cuando el emblema de unión, el punto de partida, el objeto de la lucha, ha sido el sacrificio de todo otro principio, de toda otra aspiración que no fuera el reconocimiento absoluto de la Carta de 1857. ¿Para cuándo, entonces, se reserva la aplicación del artículo citado? ¿Para cuando no haya rebeliones? ¿Para cuando no haya a quién aplicarle pena alguna? A tanto equivaldría la severa aplicación de la ley de 25 de enero de 1862, con la cual se pueden levantar tantos cadalsos, que la imaginación huye del cuadro de horror que se le puede presentar. Con ella es omnipotente el C. Presidente para llamar al patíbulo a los vencidos; peró en la exageración del patriótico delirio, pudiera esa ley devorar la sangre de muchos amigos de la República.

Si fuera posible ver en dos líneas paralelas la marcha de ésta, siguiendo en una la carrera que trace la sangre, y en otra la de la gracia, la de la atenuación, el C. Presidente apartaría aterrorizado su vista de la primera, que no haría más que llenar de luto y de amargura el corazón mexicano, toldando para el porvenir las más ligeras esperanzas de unión y de bienestar de nuestra Patria.

Es preciso repetir que jamás ha habido en la Nación sentimientos más francos de adhesión al Código de 1857, y que al C. Presidente de la República, defensor constante de los principios liberales, toca que, lejos de exacerbar la pena de los vencidos, y estimular la ira, la venganza de los vencedores, se procure la reparación sólo de los males de los hijos de esta patria desgraciada. ¿Se remedian éstos con enseñarles la tumba del Archiduque de Austria? ¿La reparación será satisfactoria, diciendo al pueblo mexicano: Querétaro fue el sepulcro del que por tres años México le vio ejercer un poder usurpado, llamándose Emperador? ¿Preferirá la nación la muerte pronta de Maximiliano, aunque la historia del año de 61 a nuestros días quede sepultada con él en el misterio del proceso militar? Por la muerte de un hombre, ejecutada a toda prisa, ¿querrá el país perder el derecho a sus grandes reclamaciones; desarmarse ante el mundo entero, cuando este mismo Archiduque de Austria ha dicho: quiero que México me juzgue sin la precipitación de un proceso sólo militar, porque deseo que conozca revelaciones importantes para su existencia, para su bienestar? ¿Cuándo habrá una causa que más interese a la Federación? Entonces, ¿para qué sirven los tribunales? ¿qué interés hay en una ejecución misteriosa que pudiera en lo futuro siniestramente interpretarse? La muerte, aplicada por un Consejo de guerra, llenará transitoriamente de satisfacción la impaciencia de algunos; pero no es esto lo que puede querer el país. La muerte de Maximiliano, prisionero, podrá llamarse por algunos justa venganza nacional; pero nunca merecerá los honores de un gran pensamiento de hombres de Estado. Si la muerte debiera ser la pena de Maximiliano, el proceso que la preparara debía ser, al menos, digno del caso más notable de violación que puede encontrarse en la historia del continente americano. No está aún inquirido el origen de esa invasión que a nuestros puertos mandaron tres grandes naciones de Europa, y antes de tan importante indagación, y de saber las inmensas responsabilidades a que da lugar, se ciega la fuente de todo examen, con grave e irreparable daño de toda la República. Vivo Maximiliano, a su honor corresponde esclarecer la verdad, y en su nombre ofrecemos que así lo hará; porque en laS instrucciones que nos dio, repetidas veces marcaba que creía de imprescindible deber que se conociera la historia misteriosa, la parte secreta de nuestras relaciones internacionales. ¡Qué dieran otros pueblos de la tierra por tener a la mano una prueba viviente de tanto interés para su futuro! ¡Cuántas ventajas podrán obtenerse para la existencia de México como verdadera nación independiente, de la vida de un príncipe, ligado por tantos títulos con los soberanos reinantes hoy en Europa!

La misma República americana ha manifestado un grande interés por la vida de este príncipe; y si la nota que se pasó para esa recomendación ha podido herir en algo el sentimiento nacional, que la ha visto como una amonestación, es preciso con la calma que deben tener los representantes de esta República, ver en ella, no una exigencia de superioridad, sino un buen deseo, por las simpatías y amistad que tiene acreditadas en favor de nuestra independencia, reclamando los derechos de México contra la intervención.

Esto no es aceptable, ni en el sentido moral, sea cual fuere el gobierno de que venga, y en este terreno, el mejor intérprete de la opinión pública ha sido el Supremo Gobierno. Es este, sin duda, el título de más estimación que México tiene para su digno Presidente y los Ministros que en crisis tan peligrosa lo han acompañado.

¿Pero por esto se deberá desoír un buen consejo? ¿se deberá despreciar una recomendación? El poder de esta nación amiga y el estilo de su nota, ¿da derecho para no estimar en lo que valen sus buenos oficios? Si la recomendación se funda en un principio moral; si, es cierto que los principios republicanos detestan esos patíbulos que levantan las pasiones políticas, ¿se deberá, a pesar de ellos, contrariar una verdad, sólo porque se dijo en un estilo que lastimara?

El espíritu de los hombres públicos de México es muy superior a esas apreciaciones de quienes ven las cosas al través de una susceptibilidad que se hiere de las formas, para sacrificar la justicia. Por una cuestión de estilo no deben olvidarse los servicios que en la adversidad se reciben; y si se ha pedido algo que la justicia y los principios liberales aprueban, esa voz debe ser escuchada con toda la atención que merece el interés de hermanos que deben tener un lazo de unión.

Podrá haber persona que quisiera contestar esa nota con la muerte inmediata de Maximiliano; pero no hay temor de que tan ilustrado Gobierno pueda dar oído siquiera a esos gritos de una pasión que, aunque fuera patriótica, se parecería más a un delirio que a la expresión prudente y discreta del verdadero amor al país.

Nada más cuerdo, que en las ocasiones en que México pueda acreditar su gratitud, hacerla patente; y hoy se presenta la más a propósito, para justificar que México es reconocido a los buenos oficios de las naciones amIgas.

La muerte de Maximiliano será una demostración de energía; pero no será, es preciso repetirlo, un acto de prudente política ni de habilidad de gobierno. Desarmar al país de sus incontestables derechos que podía hacer valer en lo futuro, matando al Archiduque de Austria, podrá ser muy bueno; pero si la nación pudiera ser escuchada, no serían sus mejores intérpretes los que quieren esa muerte, que se lleva la ocasión de presentar a México grande y digno del lugar a que está llamado.

En esas confidencias de solemnes momentos que un acusado tiene con sus defensores, mucho nos impresionó el tono de verdad con que el Archiduque nos decía: Siento en el alma que mi muerte vaya a causar a la República algunos días de pena. Mi vida no sería nunca nociva al país, por cuya felicidad hago mil votos.

Abundante es la materia bajo el aspecto internacional; pero esta gracia de indulto debemos más bien apoyarla, contestando a los cargos que se hacen a nuestro defendido. El pormenor de ellos exigiría una extensión que debemos excusar, presentando lo capital de esos cargos y sus defensas.

Se me ha acusado de un crimen que se quiere identificar o hacerlo parecido, al menos, al delito de traición a la patria, y sólo se me puede juzgar -decía Maximiliano- por mi conducta práctica y las disposiciones que dicté.

Encargo muy especial nos hizo de llamar la atención de sus jueces sobre diversos actos que nos marcó; y ya que por la premura del tiempo y la necesidad de venir a hablar con el C. Presidente y su digno Ministerio, no pudimos regresar a tiempo para tomar parte en la defensa, habiéndosenos negado toda prórroga y todo término para rendir alguna prueba, séanos lícito insertar aquí algunas de esas piezas en que creía el Archiduque encontrar la absolución de cargos tan injustos, a su juicio, que no han podido ser objeto del breve y ligero examen de un Consejo de guerra. Nos marcó, por principio, como descargo de toda idea de atentar contra la independencia nacional, su juramento espontáneo prestado ante la Comisión de Notables el día 10 de abril de 1864, diciendo: Yo, Maximiliano, Emperador de México, juro a Dios por los Santos Evangelios, procurar, por todos los medios que estén a mi alcance, el bienestar y prosperidad de la nación, defender su independencia y conservar la integridad de su territorio.

Notable fue su discurso del 16 de septiembre en el pueblo donde se proclamó la independencia de México cincuenta y cuatro años antes por el benemérito Hidalgo.

Con Francia, nos aseguró que jamás había tenido compromiso ni pacto alguno que comprometiera su honor, y que sobre el particular, de grande interés sería para la República el conocimiento pleno de la historia de estos cuatro años: que ningún tratado celebró con las potencias extranjeras, que pueda ocasionar el menor gravamen para México.

En cuanto a la política interior, grande empeño tuvo en que se leyera el decreto de 6 de julio de 1864, en que se concedió una amnistía general, y que para quitar toda ocasión de discordia que avivase los resentimientos, dictó una circular en 27 del mismo mes y año, que dice así:

Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación.
Circular.
México, julio 27 de 1864.

Siendo el más vivo deseo de S. M. el Emperador, y su más constante anhelo, borrar aun las huellas de las disensiones que por tanto tiempo han afligido al país, y anudar los vínculos de fraternidad de la gran familia mexicana, no puede ver con indiferencia, que al hablarse de algunos individuos se empleen calificaciones odiosas que pugnan con su política y benévolos sentimientos.

Por esto, en el decreto que se sirvió expedir el día 6 del corriente, llamando a su derredor a los que habían combatido y combaten al imperio, sin mancillarse con crímenes, no se lee la palabra indulto.

S. M., pues, me manda prevenir a V. S., no exija a las personas que, deponiendo las armas quieran retirarse a la vida privada, otra manifestación que la de vivir quieta y pacíficamente, sin tomarles cuenta de sus opiniones y sentimientos.

Me manda igualmente recomiende a V. S. la mayor circunspección y mesura en el lenguaje oficial, eliminando las frases y calificaciones con que hasta aquí se han zaherido los partidos y que sólo sirven para mantener vivo el fuego de la discordia.

Manda, en fin S. M., que esta vigilancia se extienda a todas las publicaciones de la prensa, dictándose contra los infractores las providencias que merezcan sus faltas y que reclaman la unión y la concordia que debe reinar entre los mexicanos.

El Subsecretario de Estado y del Despacho de Gobernación,
José M. González de la Vega.

En idéntico sentido se dictó otra circular de 2 de diciembre del mismo año, que en su primer párrafo dice:

Con profundo desagrado ha visto el Emperador las providencias dictadas por esa Prefectura, respecto de los jefes, oficiales y empleados del antiguo Gobierno, y que han vuelto a buscar seguridad al abrigo del imperio. El regreso de esas personas indica por sí mismo una protesta de obediencia, sin que sea necesario exigirles otras demostraciones, que pudiendo humillarlas, no son de utilidad alguna para la seguridad pública ..., etc., etc.

Hay un cargo, que es el de la publicación de la ley de 3 de octubre de 1865, que se nos explicó diciendo: que un inexacto supuesto sobre el abandono del territorio nacional por el Presidente de la República, fue tal vez la sola causa de una ley que más tarde tuvo que derogar el mismo Maximiliano, aprovechando cuanta ocasión se le proporcionó de moderar ese rigor que, según nos dijo, fue tomado de otra ley dada con anterioridad por alguno de los gobiernos mexicanos.

Otorgó todos los induitos en causas políticas, aunque en la misma ley se negara el pase a la solicitud.

Tan ajeno estaba de sentir algún desagrado siquiera con la defensa que México había hecho en la guerra extranjera, que mantuvo el respeto que le inspiraban las acciones heroicas, y pública ha sido la demostración de simpatía por la memoria del general Zaragoza.

La persona del señor Juárez no encontrará -nos dijo-, una sola especie, en la multitud de leyes y decretos promulgados, que lastime su reputación. Creí siempre que era honrosa la constancia de sus esfuerzos. Y al hablar de la alta estimación de ellos, añadió: Mi regrso a Orizaba no tuvo otro objeto, que no complicar más al país con una nueva entidad de discordia que pretendía levantarse por las fuerzas francesas, obligándome a salir del país para apresUrar el resultado de trabajos iniciados con algunos meses de anticipación. Regresé con el firme propósito de procurar un allanamiento con el jefe de la República, por medio de un congreso que diera la paz al país, y cuya idea habían aceptado con gusto las personas que me acompañaban. El choque militar y la firme resolución del señor Juárez de no aceptar transacción alguna, me hizo perder toda esperanza. Alimenté, sin embargo, alguna, viniendo a Querétaro para ese objeto, y comisioné al señor Lic. D. Antonio GarcÍa para preparar los medios de avenimiento. Nada se obtuvo, y el resultado es el juicio que se me forma. Presintiendo la desgracia en que debía caer, si el Congreso u otro medio de pacificación no se aceptaba, hice depositar en persona en quien tenía toda confianza, mi abdicación para el caso precisamente de que se me aprehendiese. Era un acto libre de mi parte al que no quise se diese por algunos la interpretación de forzado. Todo lo encaminaba a la pacificación que no tuve la dicha de lograr.

Tiempo es ya de que los defensores, sin más recuerdo de lo que era una instrucción para la defensa, nos ocupemos sólo del indulto que se pide, no para quien la sentencia haya declarado absuelto, sino para quien, condenado a muerte, solicita la vida. Se suplica que esa pena, reservada por los hombres pensadores de este siglo sólo para ciertos delitos del orden común, no se ejecute en la persona del Archiduque de Austria.

Venimos a nombre de la humanidad, de la democracia, de la libertad, de la Constitución, a pedir se suspenda el golpe de muerte sobre Maximiliano. No sólo hay en los códigos esta pena; y al pedir el perdón de la vida, recordamos al Ciudadano Presidente que esta gracia que otorgue, es una de las más nobles prerrogativas de su poder.

La clemencia es la virtud de los republicanos, y de ella jamás vienen males irreparables que son siempre conquista funesta del poder de la tiranía, que con el rigor marca las huellas de un desenfreno que arranca mil lágrimas a la sociedad.

La reflexión, después de cierto tiempo, ha producido, aun en el ánimo de los más descontentos, la profunda convicción de que la paz sólo puede venir del triunfo del principio constitucional, y la grande esperanza del país es que, templada la situación por la observancia de los principios mismos que se proclaman, sean un vínculo que ligue a los partidos, sin dar cabida a la agitación amenazadora de pasiones desenfrenadas.

¡Qué bello porvenir tiene el pueblo mexicano, si a la sabiduría del Gobierno y al prestigio de su triunfo pudiera agregar la observancia precisa, indeclinable, de los principios que sostiene la Constitución!

La gracia de perdón puede ser para nuestra patria una fuente inagotable de bienes que más se estiman cuando más se necesitan. Hoy la sociedad pide la paz, y ésta no viene con la sangre que derrama el luto y la consternación. Al derramarla, si el país tiene algunos que aplaudan, la generalidad verá abrirse un abismo sin fondo de desgracias: porque el rigor es un mal de funesto contagio que lleva a los vencedores adonde no se piensa, adonde no se cree, adonde no se conoce; pero que por todas partes encuentra lágrimas y desolación.

Hay en las grandes crisis un estupor que sólo se disipa cuando el gobernante habla como padre que ama la sociedad que gobierna, cuando se ahuyenta ese amago terrible de muerte, que es el fruto de la discordia; cuando se reciben con limpio corazón las excusas de los extraviados. México es una nación donde diseminados lloran la mayor parte de sus hijos las desgracias de una lucha fratricida, y la señal de nuevos patíbulos sería un fatídico anuncio de calamidades nuevas que amargarían la existencia de los vencidos, y también la de los vencedores.

Perdón de la vida de Maximiliano pedimos nosotros, y él será, sin duda, bien visto de este país generoso, que conoce ya todo lo que vale la filantropía de los principios liberales. En estos días se abrieron las puertas de la prisión de Jefferson Davis, y su libertad fue aplaudida por el mismo pueblo que sintió los horrores de una discordia civil.

Nosotros, los defensores de Maximiliano, al interponer para su caso este recurso, cumplimos con un deber penoso, pero de honra; porque elegidos, sin duda, por la distancia a que estábamos de su política, mayor ha debido ser el empeño de nuestro encargo en su infortunio. Obligados, por la desgracia, a venir a esta ciudad, el tiempo no permitió ya nuestra presencia ante el Consejo, y este sagrado deber se habrá llenado por nuestros compañeros de defensa.

Débil acaso será, por la premura con que se habrá hecho, sin apoyarla en pruebas que de tanto interés han parecido a nuestro defendido, para él y para el país. ¡Ojalá y sus jueces, penetrados de la imposibilidad de juzgar de actos superiores a su competencia militar, mitiguen el rigor de una ley que, hija de circunstancias excepcionales, fue producida ad terrorem contra los que pudieran traicionar a la patria! Maximiliano y sus actos de administración, están a nuestro juicio fuera de la mente del legislador, que al promulgar la ley de enero de 1862, quiso sólo aterrorizar en la gran lucha de nuestra patria con las fuerzas extranjeras, e imponer esas penas en una crisis pasajera, que no dejara, a nuestro pesar, los rastros de una administración, por ilegal que fuera, en un período de años, funcionando con el reconocimiento de diversos gobiernos del mundo y de la obediencia pasiva de diversos Estados, aunque no fuese espontánea.

No cabe, sin duda, el proceso de un Gobierno de largo tiempo de usurpación, en los estrechos límites de esa ley; y esta circunstancia, con muchas otras, hace muy justificado un indulto que no es sólo un caso de humanidad, sino de alta política, que reconocerán nuestra patria, nuestras hermanas las Repúblicas y el mundo entero.

Si no nos hubiese detenido aquí el interés de procurar la salvación de la vida del Archiduque Maximiliano, con los datos a la vista propios para su defensa, por diminutos que fueren, habríamos procurado apoyar esta solicitud, puntualizando las ventajas que el país obtendría de no cerrar con la tumba de Maximiliano la indagación de una preciosa historia para México, que con honra salió de la más crítica y ruda situación. La Providencia veló por su vida como Nación, y los pormenores de tantos episodios de este paréntesis parcial de la República, debieran consignarse como un rasgo de valor en el ejército, de inteligencia en los hombres de Estado, y de abnegación y amor a la patria del pueblo mexicano.

Para que esta historia sea toda de honra, pedimos el indulto del Archiduque de Austria. Si se obtiene, la patria sabrá apreciar los rasgos de valor de sus dignos hijos en la lucha, y su generosidad en los días de su victoria.

La República y la democracia tienen hondas raíces en el corazón mexicano, y no necesitan derramar sangre en los patíbulos para dar solidez a sus instituciones. Ellas vivirán sin nuevo peligro; porque la experiencia ha señalado a los mexicanos, divididos en otro tiempo, que el mayor de los males es confiar sus penas al alivio que ofrecen las bayonetas extranjeras. Estas sintieron la enérgica resistencia que la decisión del pueblo de México opuso; su incontrastable resolución de no aceptar otras instituciones y otro gobierno, que el que su voluntad soberana se diera, marcó sin duda para siempre uha nueva era para este país, que vio retirarse al ejército invasor de la manera que el mundo ha calificado ya. No hay, pues, peligro que conjurar, y la vida de Maximiliano, si el C. Presidente se sirve otorgar el indulto, en caso de que sea condenado a la pena de muerte, será el testimonio más grande de que el Gobierno que supo conjurar la injusta guerra extranjera, fue generoso con los vencidos, engrandeciendo así el nombre de México independiente y libre.

San Luis Potosí, junio 12 de 1867.
Mariano Riva Palacio.
Rafael Martínez de la Torre.