Indice de Instalación de la XXVI legislatura Recopilación y notas de Diego Arenas GuzmánCAPÍTULO TERCERO - Inconsistencia de la mayoría gobiernista CAPÍTULO QUINTO - Revive la vieja pelea de liberales con católicosBiblioteca Virtual Antorcha

INSTALACIÓN
DE LA
XXVI LEGISLATURA

Recopilación, selección y notas de Diego Arenas Guzmán


CAPÍTULO CUARTO

LA MAYORÍA DEL PARTIDO CONSTITUCIONAL PROGRESISTA EN COALICIÓN CON CATÓLICOS Y CIENTÍFICOS

En la tarde de este mismo 11 de septiembre son declaradas buenas y legales las elecciones de diputados por los siguientes distritos del Estado de Veracruz: el de Tantoyuca, el de Papantla, el de Coatepec, el de Huatusco, el de Ixtaczoquitlán, el de Orizaba, el de Paso del Macho y el de San Andrés Tuxtla.

La votación favoreció en aquellos distritos, declaran los miembros de la primera Comisión Escrutadora, a estos candidatos a diputados propietarios: Francisco M. Ostos, José de J. Núñez y Domínguez, Salvador Díaz Mirón, Ignacio Muñoz, Manuel Carvajal, Heriberto Jara, Gustavo A. Esteva y Gabriel C. Figueroa. Y como diputados suplentes fueron electos los señores doctor Gonzalo Herrera, Teodomiro Gutiérrez, Adalberto A. Esteva, Rafael Carbajal, Fernando Castellanos, Pánfilo Méndez, Samuel Garcia y Luis R. Colina.

Los dictámenes respectivos han sido aprobados sin discusión; pero ésta se suscita al ser conocido el parecer de la Comisión acerca de los comicios habidos en el sexto distrito del mismo Estado de Veracruz, cuya cabecera es la ciudad de Misantla. Y se suscita el debate con vehemencias que son afloraciones de los irreconciliables intereses y credos políticos que dan sustancia a la lucha cuyo escenario es la sala de sesiones de la Cámara de Diputados.

Los incidentes se encadenan así:

Contendieron por la diputación de aquel distrito el señor Fernando Prom y el licenciado José R. Aspe, que ha sido diputado porfirista en varias legislaturas anteriores,que trae consigo reputación de elocuente orador y docto letrado, y que ahora, combatido por uno de los prohombres del grupo más allegado, durante el régimen porfiriano, al entonces vicepresidente de la República, goza de la simpatía, según dicen quienes bien lo saben, del presidente Madero y del hermano de éste, don Gustavo.

Pese a tal simpatía, la Comisión, en la que figuran los bien identificados maderistas Moya Zorrilla, Vicente Pérez y Jesús Urueta, ha propuesto este acuerdo:

I. Declárese la nulidad de las elecciones que aparecen verificadas en el 6° distrito del Estado de Veracruz.
II. Resérvense los expedientes respectivos para que en su oportunidad la Cámara de Diputados convoque a elecciones extraordinarias de diputados, propietario y suplente, por dicho distrito electoral
.

El licenciado Serapio Rendón se ha excusado de firmar este dictamen, que el señor Aspe refuta en estos términos:

Pido la palabra en contra, y no haré uso de ella seguramente para exaltar las pasiones que ya comienzan a agitarnos, ni para ahondar las diferencias que comienzan ya a dividirnos, pues en los momentos tremantes porque atraviesa la patria, creo que si debemos tener firmeza en los actos, debemos también ser cautos y discretos en nuestras palabras.

Ninguna credencial, señores diputados, ni ningún presunto diputado tiene más derecho para solicitar la atención y la benevolencia vuestras, que el humilde presunto diputado que os dirige la palabra y que la credencial suya que está en el tapete de la discusión, porque sobre ambos pesa una acusación tan infame como calumniosa y porque al dar acogida a esa acusación, se me aísla a mí del partido imperante de la Cámara, cuyos favores no solicito, y se me aísla también del Partido Independiente, cuya justificación reclamo.

El día 16 de julio de 1912, todos los periódicos de la capital, entre ellos El Imparcial, que es seguramente el más leído en el país, publicaban con rubros llamativos y estruendosos, titulados Gravísima denuncia ante el señor Procurador de la República, una larga carta del licenciado don Ramón Prida, en la que transcribía y comentaba una denuncia al procurador general de la República, de que el jefe político del cantón de Misantla había mandado fusilar a dos humildes obreros, a dos pacificos ciudadanos el día de las elecciones, porque no querían designarme como su representante, y que, para inspirar temor en los comicios, había mandado pasear aquellos cadáveres por las calles de Misantla, cabecera del distrito donde fui electo diputado.

El procurador de Justicia consignó al Juzgado de Distrito de Veracruz esta denuncia, y el jefe político acusado fue preso en el acto, y aun sin existir la comprobación del cuerpo del delito de homicidio, fue declarado formalmente preso por el mismo delito de homicidio, y preso sigue todavía, señores diputados, no obstante haber declarado el Juzgado respectivo no ser él el competente para conocer de este proceso, por haberse comprobado plenamente en autos que la muerte de aquellos hombres nada tuvo que ver con mi elección para diputado. La declaratoria que así lo declara -y que perdonadme que os la lea, porque ésta es mi vindicación- y cuya copia debidamente legalizada depositaré en la Secretaría, dice lo siguiente ...

El señor Aspe da lectura al documento anunciado y continúa diciendo:

La calumnia, pues, que sobre mí se lanzó, cae por completo por tierra, y si no me levanta a mí en la opinión pública, porque tengo el convencimiento de que el pueblo tiene siempre el instinto de lo cierto, como el instinto de lo bueno, y que, por ende, se dio cabal cuenta de que esto era sólo una intriga política, deja al calumniador, que llenó tantas hojas de periódicos robusteciendo su calumnia y amontonando falsías y falsías, en el hondo agujero del desprestigio y del desprecio públicos.

Yo he pasado tres meses tascando los vituperios de todos esos fracasados de la fortuna que en diversos .periódicos formaban eco a mi calumniador, el señor licenciado ..., cuyo nombre no mencionaré, primero, porque está ausente, y segundo, porque los nombres de los hombres malos no deben sonar en el recinto de la Representación Nacional, sino en las Salas del Tribunal del Crimen. De esta campaña de calumnias y rencores salgo como de todos los actos de mi vida: limpio y sin mancha, aun cuando llevando en mi conciencia el remordimiento de no haber podido tomar la defensa de ese jefe político con todo el ardor que su injusta desgracia exigía; pero, señores diputados, no tuve, lo confieso, la energía bastante para sobreponerme a la idea de que si tomaba yo la defensa de ese hombre, mi calumniador y sus amigos pudiesen dar pábulo a su maledicencia, asegurando que era una causa común. Ya ahora procuraré, libre de toda escoria, y confiando en la justicia de mi patria, que se pruebe también que aquel jefe político fue injustamente acusado.

Pero ¡ah! ¡calumnia!, calumnia que algo queda. Si yo he podido probar hoy ante la Representación Nacional -presente y futura, que para mí ya es presente que todo esto fue una calumnia vil, no he podido hacer que sus gases maléficos, a manera de ese árbol de la India que adormece a todos los que se acercan a su follaje, se esparzan y penetren hasta el seno de la Comisión Escrutadora que debe rendir dictamen del sufragio del pueblo mexicano. Solamente de esta manera puedo explicarme que esa Comisión ataque, como ha atacado de fraudulenta, mi elección por el 6° distrito electoral del Estado de Veracruz. Es verdad que de los homicidios famosos nada se habla en el dictamen, pues a eso no se atrevieron; pero también lo es que hacen cargos tan calumniosos como los de los famosos homicidios ...

Ocúpase en seguida el señor Aspe de deshacer la validez de las protestas presentadas por su oponente en los pasados comicios; arguye que aquellas fueron presentadas fuera de los plazos marcados por la Ley Electoral, y arremete contra la Comisión Escrutadora en esta forma:

Vamos a suponer que la Comisión, faltando a la ley, a la verdad, al honor y a la jurisprudencia, tenía la facultad de considerar las protestas presentadas fuera del término, y pregunto: ¿qué forma legal, jurídica, tienen esas protestas? Todas ellas son declaraciones de Fernando Prom, de L. Zavaleta, de Fernando González, de Julián García Herrera, de Oropeza y de otros muchos, si queréis, no sé cuántos, pero me importa muy poco el número y os concedo que llegaran hasta cincuenta; todas esas declaraciones son rendidas ante el jefe político del cantón de Misantla, nombrado para sustituir al hoy acusado Martínez. Ante él llegó el alcalde de Juchique de Ferrer, el tesorero de Juchique de Ferrer, el juez de Paz de Juchique de Ferrer, el secretario del Ayuntamiento de Juchique de Ferrer, el ciudadano Terán y el jefe de la Policía, y todo ese grupo, guiado, no sé si por Prom, el candidato derrotado, o por mi gratuito calumniador, el microbio a que me he referido, que en todas partes penetra obscuro, pequeño, malévolo, constante, y que es, no nacido para causar la muerte como el bacilo de Koch, sino para herir, molestar e irritar como el gonococous: todo ese grupo, repito, llegó a declarar ante el nuevo jefe político y vació ante él, o él le extrajo, todo el pus de la maledicencia, del despecho y de los rencores, que una derrota completa, aplastante, había hecho germinar en sus pobres espíritus.

La Comisión llama a esas declaraciones rendidas ante un jefe político -que, dicho sea de paso, fue nombrado ex profeso para substituir al señor Martínez en momentos en que entraba un gobernador interino en el Estado de Veracruz, quien cambió absolutamente a todas las autoridades políticas, siendo éstas de distintos credos políticos que las anteriores-: la Comisión llama, repito, a esas declaraciones protestas legales fundadas en una documentación perfecta. Osada y torpe es la Comisión, porque toda la Ley Electoral vigente se inspira en este gran principio: quitar a las autoridades políticas, a esos odiosos jefes que tanto mal hicieron a la patria durante muchos años y que tan justamente atacados son ahora, quitarles toda, absolutamente toda influencia en las elecciones. Basta leer tres renglones de la parte expositiva de la Ley Electoral, para fundar mi aserto, que, por otra parte, está en la conciencia de todo el país, y estos renglones dicen: ... sobre todo, el sistema escogido impide la intervención de las autoridades políticas, a las que se ha cuidado de quitar toda intervención en materia electoral; y esta ley, que todos recibieron con aplauso y que yo mismo subscribí en las sesiones pasadas, aun cuando no la defendí en el Parlamento, porque había paladines en ella y éstos eran sus verdaderos autores; esa ley, que fue presentada a la Representación Nacional como una exigencia de la revolución de 1910 al agonizante Gobierno del general Díaz; esta ley, que es la bandera de la revolución pues encierra uno de sus lemas: el sufragio efectivo, ha satisfecho una de esas grandes necesidades, cual es la de alejar toda influencia de los jefes políticos; esta ley es la que viola, la que desobedece la Comisión Escrutadora. Si las autoridades políticas no deben intervenir en las elecciones, según la ley, ningún valor legal pueden tener las declaraciones, acusaciones, quejas o protestas que se presenten ante los jefes políticos con motivo de elecciones; y si el jefe político de Misantla intervino en esta vez, tratando de anular mi elección de diputado por aquel distrito, ese jefe político debe ser consignado por abuso de autoridad, o por usurpación de funciones.

Pero no; la Comisión Escrutadora, que no fue revolucionaria de 1910, pero que si pertenece al partido de la Revolución cuando ésta ha triunfado, en vez de hacer esa consignación del jefe político, acoge su información como documento legal; las averiguaciones hechas por ese jefe, como verdad legal; la intervención suya, como derecho indiscutible; y basándose en ellas, viene a decir a la Representación Nacional: No importa que los documentos, boletas, padrones, actas de las casillas electorales, credencial expedida por la Junta Electoral de la cabecera del cantón de Misantla, cunsignen que el ciudadano Aspe es el diputado electo por ese cantón; su credencial es mala; se hizo presión, hubo fraude; debe, en definitiva, anularse esa elección del pueblo soberano, porque asi lo dice, así lo manda el actual jefe político del cantón de Misantla.

Ingrato proceder de la Comisión Escrutadora, odioso procedimiento el que quiere emplear en contra de una credencial buscada y conseguida a pecho de ciudadano, con todo ardor patriótico, del que habiendo sido diputado tantos años por la influencia oficial, pretendia esta vez, alta y noblemente, ser diputado de de veras. No es mi credencial, señores diputados, como la de algún miembro de la Comisión, que viene por correo de las cálidas arenas de Yucatán a caer de improviso en el bolsillo de quien se pasea tranquilamente en la ciudad de México (aplausos). Yo no pedí mi credencial, yo la disputé en noble lid de ciudadano. Pude, como ese miembro de la Comisión, esperar la credencial tranquilamente, seguro de recibirla; pero no lo quise; tenía amistad muy particular con el señor Presidente de la República; la tenía también y la tengo con el gobernador del Estado de Veracruz, y ambos hubieran podido emplear en mi favor alguna de esas discretas influencias que no niega a sus amigos honrados ningún gobernante, por demócrata que sea; y no usé de tal influencia. Marchéme a mi distrito e hice activa y eficaz propaganda; hice mi gira por todos los poblados de aquel distrito, imitando aquella gira en que acompañásteis algunos de vosotros, verdaderos revolucionarios, al señor Madero, cuando practicaba sus teorías de democracia e impugnaba al Gobierno de entonces, y luchando la obtuve, y salió efusiva, sin protestas, noblemente surgida del pueblo misantleco, y la disputaré aquí con todo el ardor de mi patriotismo y con toda la energía de mi derecho; la disputaré ante todos los miembros de esta Asamblea; pero muy particularmente ante vosotros los revolucionarios de de veras, que en este recinto tenéis el derecho de decir: Peleamos por el sufragio efectivo, y respetemos éste, aun cuando favorezca con sus decisiones a los que fueron nuestros enemigos, a los que lo son ahora, a los que acaso lo seguirán siendo. A vosotros sí; a vosotros en particular os pido vuestro voto; por vuestros principios políticos que proclamasteis, llegaréis hasta romper la disciplina de partido y desoiréis la pasión enconosa de los miembros de una Comisión Escrutadora que -oídlo bien-, es una Junta que ya comienza a serle hostil al Gobierno y que pronto, muy pronto, acabará por serle funesta; al decir esto, me refiero, cuando menos, a dos miembros de esa Comisíón Revisora (aplausos).

Si, pues, en resumen, no hubo protesta conforme a la ley, ni en las casillas electorales, ni en la Junta Electoral, mi credencial conforme a la ley es inatacable. Si tampoco pueden tener validez las denuncias infames que acogió, fraguó y firmó un jefe político destinado ad hoc para ese pastel, no deben ser admitidas tales protestas, y la credencial continúa limpia: y si; finalmente, hay duda de si hubo o no hubo elecciones en el pueblo de Juchique de Ferrer, no asentar esas protestas, cuando, en definitiva, a todo lo que se reduce por vía de transacción, aun cuando en derecho político no debe transigirse, todo lo que la Comisión debía proponemos, era descontar esos votos de Juchique de Ferrer, y descontados éstos, no llegan mis competidores ni a la mitad de votos con que los misantlecos se sirvieron honrarme para representarlos en el Congreso de la Unión. La Comisión, pues, debe retirar su dictamen, confesar paladinamente que por malas pasiones personales, por odio particular contra mi persona, por desprecio, formaron ese dictamen; y si ellos no lo hacen, a pesar del certificado de los documentos que he presentado, vosotros, hombres honrados, que venís aquí con el mismo impulso patriótico que a mí me anima, dad un voto reprobatorio, unánime, estruendoso, al dictamen de la Comisión Escrutadora.

Agasajado con el batir de manos por concurrentes a galerías, diputados de la oposición y aun buena porción de los que forman el grupo gobiernista, baja de la tribuna el licenciado Aspe, que ha dicho su discurso en tono y compostura de altivo señor.

El diputado Rendón da forma a un breve reclamo:

No pido la palabra en nombre de la Comisión -aclara-, porque, como consta en el dictamen, yo no formo parte de ella, pues me excusé; pero el preopinante habló de una credencial obtenida en Yucatán por alguno de los miembros de la Comisión, y como yo únicamente me encuentro en ese caso, suplico al preopinante me diga si es a mí a quien alude.

El señor Aspe, responde, entonando sus palabras a un gesto irónico:

Comencé diciendo, señor, que quería poner a mis palabras un espíritu de conciliación. Si algo se me ha escapado, entonces yo, sin tener la honra de pertenecer al Partido Católico, sigo individualmente sus máximas: soy muy humilde y pido perdón al señor Rendón.

Aplausos de unos, siseos de otros externan la reacción movida en los ánimos por la ironía del señor Aspe, y viene a la tribuna el diputado Jesús Urueta.

Señores de la Junta -empieza diciendo- Fortaleza en los hechos y mesura en las palabras, ha dicho el ciudadano Aspe. Voy a procurar, en consecuencia, no imitarlo, siendo mesurado en las palabras. No voy a hacer alusión alguna a la denuncia escandalosa que formuló el señor Prida y que la prensa de la capital publicó. Siento que el señor Aspe haya aludido a esta cuestión, que, de cualquier manera, debe serle mortificante y penosa. Yo no la tengo en consideración; no quiero saber si efectivamente se trata de un delito del orden común o de un delito político; quiero ignorar si el jefe político de Misantla paseó por la calle principal los cadáveres de dos ciudadanos con el objeto de amedrentar a la población, o no; voy a concretarme al expediente electoral que ha llegado a la Comisión Revisora, para inferir de él que en el 6° distrito electoral se cometió un fraude escandaloso a favor del licenciado José Aspe.

No es temor a la prensa; he demostrado, no una, muchas veces, que no temo a la prensa. No es que al seno de la Comisión haya llegado la calumnia; yo no le doy crédito a las calumnias. No es tampoco que haya mala voluntad contra el licenciado Aspe: por el contrario sabemos los miembros de la Comisión que, efectivamente, el licenciado Aspe es un amigo de la administración actual, que el licenciado Aspe está inclinado y decidido a laborar por la administración actual; sabemos que el licenciado Aspe es, en términos generales, amigo político nuestro, y, sin embargo de estas consideraciones, la Comisión no ha podido menos de formular un dictamen negativo en su caso, porque la prueba que se encuentra en el expediente es, como en este dictamen se dice, irrefutable. En efecto, señores; pero antes de dar lectura a la documentación presentada por el señor Prom, debo hacer una advertencia, y es la siguiente: estoy enteramente de acuerdo con el señor Aspe en que el espíritu de la Ley Electoral consiste en no darle ingerencia alguna a la autoridad política en materia electoral; en procurar, hasta donde sea posible, descartar la influencia de los que el señor Aspe llama, con justicia, nefandos jefes políticos. Estoy de acuerdo con su señoria; pero precisamente aquí, en el caso del señor Aspe, es donde se advierte esa ingerencia perniciosa, esa intromisión de las autoridades políticas, y aquí, no habiendo comprobado la Comisión Revisora -el hecho, ha comprobado el fraude electoral, y el fraude electpral se ha verificado por las autoridades politicas en el 6° distrito electoral del Estado de Veracruz.

Hecha esta advertencia, paso a demostrar punto por punto la razón que asiste a cada una de las objeciones presentadas por el competidor del ciudadano Aspe.

El acta de la Junta Electoral es limpia; la forma es perfecta; de ella no se ínfiere ningún vicio, ninguna irregularidad; tal parece, al leerla, que, efectivamente, el señor Aspe fue candidato triunfante por Misantla; pero después viene una protesta no formulada allí, mas formulada con posterioridad, y sobre este punto insistiré luego, porque quiero antes presentar las objeciones de relieve. A esa protesta se acompaña la siguiente certificación que dice: La Secretaría de la Jefatura Política del cantón ...>¿Pues no se trae aquí la ingerencia de la autoridad política en el acto de verificarse la elección? ¿No es eso lo malo? ¿No es lo pernicioso? Se trata de una simple certificación hecha por la autoridad, que tomó declaraciones a varios individuos presentados por el competidor del ciudadano Aspe, y la certificación dice lo que sigue ...

Lee el señor Urueta, encerrándolos dentro de comentarios propios, diferentes documentos en que certifica el jefe político de Misantla la autenticidad de testimonios rendidos por vecinos de Juchique de Ferrer, desfavorables todos a la legitimidad de la elección del licenciado Aspe.

Podría yo, SeñoreS de la Junta -prosigue Urueta-, dispensarme después de haber leído la documentación tan completa de que viene acompañada la protesta del ciudadano Prom de entrar en algunas consideraciones sobre el particular; pero ya que el ciudadano Aspe, al pretender tomar una línea de conducta que rompe por completo con sus antecedentes políticos, ha tenido que torcer igualmente las consideraciones puramente lógicas y otras patrióticas, puedo agregar que es preciso que yo procure ponerlas en su cauce, con el objeto de deslindar la cuestión fundamental: ¿hubo o no hubo fraude en el 6° distrito electoral de Veracruz?

Evidentemente, señores de la Junta, que no es sólo el señor Aspe el que tiene mayor derecho para que se le oiga en sus descargos; ¿por qué? porque todos, absolutamente todos los ciudadanos diputados presuntos tienen ese mismo derecho que invoca el señor Aspe. El no lo tiene mayor; no puedo, en consecuencia, tratarlo con mayor consideración que a los demás; tengo que atenerme a los hechos y a las constancias del expediente de una manera exclusiva.

En vista -dice, su señoria- de que se redujo a la nada la calumnía de la prensa; en vista de que la denuncia roja formulada por el señor Prida se ha quebrantado y no ha producido el efecto que el señor licenciado Prida quiso que produjese, la Comisión, no teniendo ya qué buscar, ha buscado algo. ¡Algo, señores de la Junta! ¿A esto le llama algo el ciudadano Aspe? Sí, si algo es la parte de mucho; y hay en estos expedientes, no algo sino mucho que comprueba el fraude electoral de Misantla; porque cuando la certificación de la autoridad no presenta testimonios, todos contestes uniformemente y que reúnen las condiciones típicas de la ley para tener crédito, y nos presenta hechos, testimonios, asegurando que en uno de los cantones no se verificaron las elecciones y que después se fraguaron esas elecciones en la Secretaria del Ayuntamiento; cuando esos mismos testimonios agregan que a un escríbiente del Ayuntamiento se le redujo a prisión por no haber querido ensuciarse las manos en ese fraude; cuando aseguran que al opositor del señor Aspe se le detuvo en la Jefatura Política, y el mismo comandante de Policía confirma su dicho; cuando tenemos toda esta probanza que nos ha traído aquí el opositor del señor Aspe, ¿encontraremos algo para decir que hubo fraude? Pues evidentemente que sí, señores de la Junta.

No sé que la autoridad política se haya entrometido para pretender nulificar la elección del señor Aspe. Sé que la autoridad política quiso sacar electo al señor Aspe, no los votantes del pueblo de Misantla (aplausos). De manera que el ciudadano Aspe, que trata hoy de pertenecer al nuevo régimen, nos dice que las autoridades políticas no deben inmiscuirse en los asuntos electorales, y le contesto al ciudadano Aspe: tiene razón su señoría; pero, ¿por qué su señoría permitió que la autoridad política se inmiscuyera en su elección? (Aplausos). Ahora no; ahora es muy distinto, cuando ya el fraude electoral estaba consumado.

Entretanto, el opositor, que sabía que el señor Aspe no había ganado en buena lid allí, iba a obtener la prueba testimonial legal y completa para decirnos a los miembros de la Junta: Aquí está demostrado el fraude. Así, pues, señores, es muy peligroso hablar de ciertas cosas cuando no se puede ni se debe hablar de ellas; es muy peligroso pretender, con frases más o menos estudiadas, encubrir la responsabilidad de los hechos; es muy peligroso hacer llamamientos a los sentimientos patrióticos, cuando en el fondo el sentimiento patriótico lo único que nos dice es: Cumplid rectamente con vuestro deber dentro de la ley, y, sobre todo, cuando se ha violado la Ley Electoral, arrebatando votos que no nos pertenecen, para tener en la Cámara de Diputados una representación que no hemos conquistado por nuestros propios merecimientos, entonces todo eso cae por tierra y no queda más que el hecho desnudo: se ha cometido el fraude electoral.

Pero el señor Aspe, como argumento subsidiario, nos dice: Está bien que se me descuenten los votos fraudulentos; que se me cuenten los demás. Pero si no está demostrado que haya habido elección en todo el 6° distrito electoral del Estado de Veracruz, si esto es lo que no está demostrado, si esto es lo que no sabemos si el fraude que se nos denuncia de Juchique de Ferrer nos da una presunción formidable de que en los demás puntos del mismo distrito sucedió la misma cosa; si esta acta lo único que nos dice es que se contaron ahí los votos -¿pero cuáles votos?: esto es lo que ignoramos-, ¿cómo vamos a descontar los votos fraudulentos de Juchique de Ferrer, si en Misantla tampoco se verificaron las elecciones; si estas elecciones se han verificado, mejor dicho, se han fraguado el 19 de julio, un día después del que marca la ley, en la Secretaría del Ayuntamiento?

Si esto es así, la credencial está herida de fraude; no es posible tener en consideración el argumento subsidiario del señor Aspe, y crean los señores de la Junta que mucho siento hablar en estos términos; pero cumplo con un deber. Yo he formulado dictámenes, unos en forma afirmativa y otros en forma negativa, respecto de mis enemigos políticos; he formulado también dictámenes, unos afírmativos y otros negativos, en favor o en contra de mis amigos políticos. Siento mucho que se trate del señor Aspe; siento mucho que se trate de un amigo de la actual administración, porque yo pertenezco a la actual administración; siento mucho todo esto; pero lo hago porque estoy plenamente convencido de que hay un fraude electoral. En tal virtud, sin ofender a nadie, sin caldear las palabras hasta deformarlas para que lastimen o hieran, de una manera tranquila he venido a presentar la documentación que el opositor del señor Aspe trajo a la Comisión Revisora, y que ésta ha considerado tan completa, que no deja lugar de ninguna especie a ninguna duda, que en el 6° distríto electoral de Veracruz, por desgracia, se ha cometido un fraude electoral.

El grueso aplauso que recibe Urueta al bajar de la tribuna parece indicio de que la causa del señor Aspe está perdida; pero surgen interpelaciones del licenciado Francisco Pascual García, del señor Páscoe y, la más intencionada, de don José Natividad Macías, que la conforma así:

El miembro de la Comisión, ciudadano Urueta, ha expresado que considera suficientemente comprobada la reclamación que ha hecho el ciudadano Prom, en virtud del documento a que su señoría ha dado lectura.

Según recuerdo y según ha podido entender esta respetable Cámara por la lectura del dictamen, esos documentos son copias certificadas de dílígencias o informaciones levantadas ante una autoridad política; y yo deseo saber de labios de su señoría qué ley autoriza a una autoridad política para levantar informaciones de ese género y qué ley la autoriza para dar esta información.

Una vez que me conteste su señoría, seguiré con el uso de la palabra.

Los amigos personales y políticos del señor Aspe dan testimonio, con sus aplausos, de la pertinencia de la pregunta hecha por el señor Macías, a la que Urueta contesta:

En primer lugar, señores de la Junta, ésta no es una academia de legisladores, en el sentido técnico de la palabra; en estos momentos somos un tribunal de conciencia ...

¡No! ¡No! -gritan las galerías y Urueta sin descomponerse las acalla-: no sé si las galerías serán tribunal de conciencia o no; nosotros sí somos un tribunal de conciencia.

Evidentemente que la Constitución, que la Ley Electoral, etcétera, no lo autorizan; pero no vamos a aplicar las reglas para juzgar los testimonios en la forma en que se aplican en un tribunal del orden común. En consecuencia, es claro que desde el punto de vista estrictamente legal, yo no puedo darle a esta certificación el crédito que le daría como magistrado de una Sala del Tribunal; eso no; pero como miembro de esta Junta Preparatoria, el caso cambia totalmente.

El señor Macías, que indudablemente por sus años ya no puede desprenderse nunca de su yo de abogado (risas), jamás convendrá conmigo en este punto; pero yo, que con mucha frecuencia me desprendo de mi personalidad de abogado para poder juzgar con más equidad, si no con más justicia, de los asuntos humanos, le digo que en mi ánimo sí hace prueba esta documentación, porque yo veo testimonios uniformes, contestes, de individuos que presenciaron el fraude electoral, aun de alguno que fue víctima del fraude electoral.

De manera que contesto la interpelación en esa forma: para mí hace prueba; pero si se trata de poner la cuestión desde el punto de vista de los abogados que juzgan un punto técnico, entonces no, señor Macías.

Expectación en unos y visible desagrado en otros de los diputados y de los concurrentes a galerías despierta la presencia del diputado Querido Moheno en la tribuna, quien comienza en esta forma su peroración:

Poderosos motivos, que acaso conozca más de alguno de los presentes, me habían impuesto como línea rígida de conducta no tratar esta asendereada cuestión de las elecciones veracruzanas. Y esta línea -que tuerzo un momento, para volver después a ceñirme rígidamente a ella-, la tuerzo, digo, porque, cuando a servicio de la justicia nos lleva también, nos arrastra igualmente un sentimiento noble, entonces la justicia pierde su aspecto áspero para colocarse a la cabeza de los sentimientos que honran a esta pobre humanidad.

Yo, señores, no sólo tengo que venir aquí a pugnar por la justicia, y de la justicia que no acusa, sino que defiende, que es para los espíritus benévolos su forma más augusta y hermosa, sino que vengo también traído por una cordial, por una estrecha amistad con el señor Aspe, que me obligaba, que no podía dispensarme de prestarle el concurso insignificante de mi palabra, pero el más valioso de mi voto, en esta hora en que la tribulación por que ha venido pasando culmina soberanamente, porque aquí es cuando vamos a resolver si hay siquiera una pequeña sombra de duda sobre la conducta de nuestro distinguido colega.

Iba aquí, señores diputados, iba a comenzar interpelando a la Comisión; pero, afortunadamente, la sagaz mirada del diputado Macías se me anticipó y la llevó a un terreno de donde no ha podido sacarla ni la divina palabra de Urueta. Voy, pues, señores, a cumplir con esta grata misión desde varios puntos de vista: el legal y el humano, el político y el lógico.

El artículo 115 de la Ley Electoral, que tantas veces se ha leído de ayer a hoy y que por eso mismo no necesito recordarlo a la Asamblea, exige el concurso de dos condiciones para que se tome en cuenta una reclamación: la protesta en el acto mismo en que la violación se cometa, o momentos después, o la reclamación ante la Cámara de Diputados ...

Público y diputados ven venírseles encima la amenaza de que el señor Moheno los lleve a una selva de alegatos cuya exposición ha sido repetida por otros oradores, y manifiestan su temor con toses y siseos que ponen en función la campanilla del presidente de la Junta.

Voy a dar un momento a los acatarrados, para que tengan la bondad de atender, anuncia el señor Moreno y reanuda su discurso en tal forma, que más parece justificación de los actos políticos del propio Moheno, que defensa de la credencial del licenciado Aspe. Es interrumpido varias veces por demostraciones de cansancio y desagrado de su auditorio, y el diputado Isassi en moción de orden, lo interpela:

Le pregunto a su señoría el señor diputado Moheno: ¿qué nos interesa todo el asunto que está relacionado, referente al expediente del señor Aspe?

Y el señor Moheno, mortificado por el ataque de un diputado de la mayoría gobiernista en cuyo seno por ahora comulga, da fin a su discurso con estos párrafos:

La Asamblea me hará el honor de considerar que es enteramente inútil contestar a lo que, más que una interpelación, es una descortesía.

Yo he dicho, señor, y debo repetirlo ahora más alto, por encima de esa descortesía, que si es verdad que estamos urgidos de justicia, lo estamos sobre todo de benevolencia, y su señoría lo demuestra con su intemperancia (aplausos).

Es necesario que del recinto de la Representación Nacional se eleve un inmenso voto de paz y de concordia, que ascienda como una nube y que, resolviéndose en copiosa lluvia de bendiciones y de paz, redima definitivamente a esta patria, por la que estamos todos obligados a laborar hasta el último aliento.

En nombre de esos sentimientos de verdad, en nombre de ese supremo sentimiento de paz y de concordia, os invito, señores diputados, a acompañarme en la votación, aprobando la credencial del señor licenciado Aspe (aplausos).

La Comisión no encuentra argumento serio que contestar, declara Urueta; y el señor Macías obtiene el uso de la palabra en contra del dictamen. Comienza su discurso granjeándose una ovación cerrada y sonoros bravos de las galerías y de los diputados reaccionarios a quienes halaga con esta mención del dictador caído:

Cuando desde lo alto del sitial de la Presidencia de esta Cámara, el ilustre general Díaz ...

Y al cabo de la entusiasta explosión, continúa:

... cediendo a las exigencias de la opinión pública, anunció que se harían bien pronto reformas a la Ley Electoral que devolvieran a la nación el derecho del sufragio libre, tuve la honra de ser uno de los designados para formar una ley que había de organizar el voto público, y cúpome la satisfacción de recibir el mandato más amplio, no sólo de parte de la Asamblea, sino de parte del Presidente mismo de la República, para estudiar el problema con toda la sinceridad del que ama la ley y procura el progreso de su patria; y están presentes muchos de los señores diputados que me acompañaron en esa labor, y puedo invocar el testimonio de las más altas personalidades de la República, a quienes me acerqué con el objeto de oír sus opiniones y recoger sus indicaciones con el fin de formar una ley que, si no fuera un modelo por su perfección, correspondiera por lo menos a las necesidades del momento; y una de esas necesidades era precisamente que la organización del voto público se hiciera de tal manera, que al venir las credenciales a este recinto, no estuviera en manos del poder público el poder desplegar toda la fuerza que tiene para echar fuera a los representantes que no le convinieren en el seno de la Representación Nacional. Y fue a esa idea, que se estudió con una escrupulosidad extrema en este recinto y también de una manera minuciosa y perfecta, a la que obedecieron todos los preceptos que contiene el artículo 7° de la Ley Electoral vigente, y estos preceptos, que son los principios salvadores del voto público, que son los que impiden que el Poder público venga a poner la mano sobre la validez de la elección, son los que ha desconocido en este caso la Comisión Escrutadora.

Yo no vengo a defender al señor Aspe porque sea mi amigo; debo declarar que tengo por él grande estimación y que me honra con su amistad hace muchos años; pero no es el interés particular del amigo o del colega el que me trae aquí: es la defensa de estos preceptos, que han sido desconocidos por la Comisión, y que yo, más que ninguno, como autor de ella, estoy obligado a defender.

No es posible, señores, que se admita la reclamación contra la validez de ninguna credencial si no se llenan los requisitos establecidos por el artículo 115; este artículo es de precepto obligatorio, y no está en poder de la Comisión hacerlo a un lado cuando así le convenga. Yo quiero suponer que en el caso del señor Aspe haya habido todas las violaciones posibles; pero si esas violaciones no se reclamaron en tiempo oportuno; cuando la ley daba los medios de hacerlo; cuando una ley amplia y enteramente liberal facultaba a los quejosos, a los que se sintieran lastimados en el ejercicio de sus derechos, para hacerlos efectivos, la culpa es de ellos. Esa credencial ha venido aquí sin reclamación alguna; el interesado no reclamó en el momento en que se verificaba el cómputo, y entonces debe culparse él mismo de no haberlo hecho.

Yo consideré, cuando se dijo .por la Comisión que la reclamación estaba perfectamente documentada, que, en efecto, se trataba de esas justificaciones que se imponen por su evidencia y permítaseme decirlo: esas justificaciones son un verdadero mamarracho que no acreditan otra cosa que consignar a la autoridad política que las levantó, por usurpación de funciones.

Habéis oído, señores, que el señor licenciado Urueta, con toda su inteligencia, no ha podido decirnos otra cosa más que yo, acostumbrado a seguir la ley, no puedo entenderla si no es teniéndola en la mano. El ilustre Bentham dijo: Los pueblos que no tienen ley, son unos pueblos salvajes; los pueblos que tienen leyes y no las cumplen, son unos pueblos imbéciles (aplausos).

Si nosotros tenemos una ley, lo que ha de hacer la grandeza de esta Representación y la grandeza del Gobierno, es el cumplimiento de la ley, y es el cumplimiento de la ley lo que ha de llevar a la nación a tener paz y justicia; tener seguridad en el cumplimiento de la ley es lo que la nación necesita.

Esa justificación completa, esas declaraciones rendidas ante el juez o ante el jefe político de Misantla, son, señores diputados, la violación más flagrante que pudo darse, de la ley. Si se había cometido una infracción electoral, si se había hecho un fraude con todo el escándalo, cuando se dice que los interesados tenían allí un juez de Distrito a quien consignarle el hecho de manera clara, y si ese juez de Distrito hubiera llevado a los testigos y bajo la protesta de decir verdad hubiera depurado los hechos de manera clara, entonces yo sería el primero en decirle al señor Aspe: salid de aquí, porque estáis manchado.

Pero no ha sido así; se ha traído la declaración hecha entre compadres, y sería una vergüenza para la Representación Nacional admitirla; nosotros no debemos admitir aquí más que lo que venga con entera sujeción a la ley.

En nombre, pues, de la ley, señores diputados, os pido que déis un voto de reprobación al dictamen que está a debate.

El aplauso que pone colofón a las palabras del señor Macías y la presencia, otra vez, del licenciado Urueta en la tribuna, espolean el interés de quienes vienen a estas sesiones de la Cámara de Diputados, ávidos de emociones intensas.

El señor licenciado Macías -replica Urueta- presenta las siguientes argumentaciones en contra del dictamen de la Comisión Revisora: que es preciso cumplir al pie de la letra el artículo 115 de la Ley Electoral; en segundo lugar, que la autoridad política haya levantado la información solicitada por el candidato competidor del licenciado Aspe, sólo amerita la consignación de esta autoridad, y, por último, que habiendo juez de Distrito en la localidad, el ciudadano Prom pudo haber acudido al juez de Distrito, con objeto de presentar sus comprobaciones.

Sobre el primer punto, señores, mucho se ha discutido; el criterio de la Comisión ha sido constante: cuando se trata de vicios substanciales, de vicios que afecten el fondo mismo de la credencial de un presunto diputado; de vicios que la hieren de nulidad porque ha habido un fraude electoral, entonces, señor, la Comisión cree, sigue creyendo, seguirá creyendo que no es indispensable cumplir el requisito meramente provisional y reglamentario de la protesta ante la Junta Electoral.

Poco celoso se muestra el señor Macías de los fueros del sufragio, a pesar de haber sido uno de los autores de la Ley Electoral, pues con este criterio dejaría abiertas de par en par las puertas a los fraudes más escandalosos, sin que tuviera la Junta Preparatoria manera alguna de poderlos remediar. De suerte que la tesis del señor licenciado Macias es que, faltando un requisito de forma, faltando la protesta inmediata ante la Junta Electoral, ya todo es bueno, ya la credencial es perfecta, ya el fraude, si existe, debe cubrirse; esa credencial no puede ser tachada de nulidad aunque después se demuestre que se ha arrebatado fraudulentamente el voto p¿blico. Esta tesis, además de ser antijurídica, es perfectamente inmoral: si es cierto que el que conoce la ley y no la cumple es un imbécil, también es cierto que el que conoce la ley y la tuerce, es simplemente un rábula (aplausos).

De manera, señores, que aquí se trata solamente de examinar las formalidades, de examinar los detalles, de examinar las sutilezas y las insignificancias, y cuando las insignificancias, las sutilezas y los detalles estén en regla y en buena forma, entonces aprobar la credencial, aun cuando en el fondo de esa credencial exista un fraude. Esa es la tesis de su señoría. ¡Pues brillante tesis, señores, en labios de uno de los autores de la Ley Electoral, de uno de los hombres que con esa ley se preocupaban por hacer respetable el voto público! ¡Esto es sencillamente inconcebible!

Qué, ¿no es palmario que muchas de las actas levantadas por las juntas electorales son actas levantadas por juntas de compadres? Este es un hecho que la Comisión ha comprobado, por desgracia, no en uno sino en muchos expedientes. Y por falta de la protesta inmediata, y porque no se han llenado determinadas formalidades, y porque no se han cumplido requisitos de detalle, ¿vamos a aceptar como representante de un distrito electoral a aquel que de ninguna manera puede representarlo, porque su credencial es notoriamente fraudulenta?

Es preciso cuidar de la forma y del fondo; pero en toda materia, y muy principalmente en materia electoral, es preciso cuidar más del fondo que de la forma, ¿Por qué? porque el fondo es eso, porque el fondo es el voto público, porque el fondo es la voluntad de los ciudadanos que designan a otro para que los represente, porque el fondo es una credencial limpia, porque el fondo es el reflejo de la opinión de un distrito electoral, porque el fondo es la representación verdadera, hasta donde esto sea posible del mayor número de ciudadanos de un distrito. Este es el fondo, ¿y la forma? Sí, la forma siempre ata, la forma siempre nos ha atado a los pueblos latinos; sí, lo sabe el señor Macías, mejor que yo, porque él es buen abogado y yo mal abogado (risas, aplausos).

Sabe el señor Macías que nuestros procedimientos en materia civil, en materia penal y, ahora en materia electoral, son, señores, verdaderamente abominables, porque son las trampas de la prueba, son las trampas de la prueba que saben manejar hábilmente los que se dedican a los litigios de menor cuantía; a los litigios en los pueblos; los que se dedican a conquistar -esta es la palabra que emplean- el voto público en favor de sus conciudadanos; esas son las trampas que saben manejar; esos son los procedimientos, esos son los detalles, esas son las formas, y esas son las únicas, repito, las que la Junta Preparatoria debe tener en consideración. ¿Y el fondo, la moral, la ley misma, el derecho de sufragar, el voto público? ¡Eso no!; ¡esto es peccata minuta!; ¡esto allá. para los necios que sueñan todavía con el voto público, allá para los infelices que sueñan todavía con la democracia! (Aplausos nutridos).

La ley, señores, para los bribones, los honrados fuera de la ley. ¡Ah! ¡Cuántas viudas se quejan, cuántos hijos demandan pan! ¿Por qué? Porque un rábula conoce las trampas del Procedimiento Civil; esta es la verdad. No, señores de la Junta, es preciso atender al fondo de la cuestión, y en tratándose de vicios substanciales, que, en concepto de la Comisión Escrutadora, vician de nulidad una credencial, porque está comprobado el fraude, la Comisión Escrutadora hace a un lado argumentos tan débiles y tan inmorales.

¿Qué la autoridad política que levantó la información merece ser consignada? pues pudiera ser; yo no me atrevería a resolverlo en este momento, aunque conozco algo de Derecho Penal; pero lo supongo, se lo concedo al señor licenciado Macías. No se trata aquí de un documento público con todas las formalidades legales. ¡Claro! ¡Siempre las formalidades! No; se trata de una constancia que nos hace saber a todos, abogados y no abogados, que hubo, no uno, sino muchos -entiendo que fueron siete-, siete individuos que declararon -¿qué?- los hechos a que se contrae el dictamen de la Comisión. Este es un hecho innegable; esas declaraciones se deben tener en cuenta tal como si se hubieran rendido ante la Junta actual: ¿por qué? porque esos individuos de hecho han declarado lo que ahí se afirma; han declarado sobre hechos propios, sobre hechos que les constaban; alguno sobre hechos de que fueron víctimas. Esas son las declaraciones que ha tenido presentes la Comisión Revisora para hacer su dictamen.

El señor Macías es muy capaz de sostenernos que, conforme al Derecho, esos individuos son unos fantasmas; que, conforme a Derecho, esas declaraciones se convierten en humo. Muy bien; pero la Comisión sabe, y todos vosotros lo sabéis, que esos individuos son de carne y hueso y que esas declaraciones, por ser de hechos propios, son declaraciones perfectamente ciertas en lo que a ellos atañe. Pues bien; si esto es así, si está comprobado que al señor Zavaleta, que llegaba a votar con una peonada en contTa de la candidatura de Aspe, se le aprehende el mismo día de la elección -esto en la ciudad de Misantla-, y si está comprobado que en Juchique de Ferrer se fragua al día siguiente en que debió haberse verificado la elección, una elección ficticia en la sala de la Secretaría del Ayuntamiento; si está comprobado que allí no hubo elección, porque a las cinco de la tarde se levantó la Mesa y se levantó el acta, y si está comprobado que esta acta se hizo mil pedazos, porque no quiso acompañarse al expediente; si está comprobado que a los 3 o 4 días, un señor Cruz Aranda fue a deshacer la elección que se había hecho en las casillas electorales del pueblo de Juchique; cuando está comprobado que un infeliz escribiente del Ayuntamiento fue encerrado en la cárcel, porque no quiso mancharse cometiendo este fraude; cuando todos estos hechos están comprobados, cuando son, mejor dicho, hechos, entonces ¿cómo es posible que vengamos ahora a argumentar que el señor Prom no protestó en tiempo, cuando el fraude es evidente, cuando el fraude es claro, cuando la inmoralidad es notoria y esa credencial es falsa, porque no refleja ni puede reflejar la voluntad del 6° distrito electoral del Estado de Veracruz? (Aplausos).

Ahora bien, señores de la Junta: ¿a qué hablar del muy ilustre general Porfirio Díaz, del Plan de San Luis y de otras cosas que no vienen a cuento? Concretémonos a lo que tenemos que decir; estemos dentro del debate, y dentro del debate no hagamos alardes que son perfectamente impropios del lugar en que nos encontramos; seamos correctos, atengámonos a las observaciones; argumentemos, señores, y si pues no se trata aquí de un vicio que afecta a la forma, sino de un vicio que afecta el fondo; si la presunción resulta del hecho de que el prefecto haya enviado a Cruz Aranda al pueblo de Juchique al día siguiente de las elecciones, con el objeto de fraguarlas; si este hecho hace presumir de una manera seria que en Misantla sucedieron las cosas del propio modo; si el jefe político de Misantla era precisamente el mismo que encarcelaba a Zavaleta; si el jefe político de Misantla era precisamente el que mandaba detener en la prefectura a un representante del señor Prom para que no vigilara una de las casillas, con el objeto de que los demás representantes del señor Prom en las demás casillas tampoco ejercieran vigilancia alguna, como de hecho aconteció: entonces ¿se trata o no se trata de una presión?, ¿se trata o no se trata de un fraude?

Esta es la verdad, esta es la argumentación seria, estos son los puntos que presento al señor licenciado Aspe para que se defienda. Sí, es preciso que las autoridades políticas no se mezclen en la fabricación de la elección, que no hagan presión contra los ciudadanos; es preciso que las autoridades políticas no encarcelen a los Zavaleta; es preciso que las autoridades políticas no encarcelen a los pobres escribientes honrados de los partidos políticos contrarios. Todo esto es preciso y todo esto lo hizo el jefe político para favorecer la credencial del ciudadano Aspe.

Urueta se ha ganado el aplauso de la mayoría de los diputados y de buena porción del público que llena las galerías; el señor Castelazo Fuentes da testimonio de que el señor Zavaleta, mencionado por Urueta, envió un telegrama, quejándose de haber sido aprehendido, a la Procuraduría General de la República, de la que era titular entonces el propio señor Castelazo Fuentes, y el licenciado Castellot sale a quebrar lanzas por el señor Aspe.

La Comisión se ha exhibido de cuerpo entero -afirma-; la Comisión, al fin, nos ha manifestado por la hermosa cuanto vacia palabra del señor Urueta (aplausos, risas), que se ha erigido en tribunal de conciencia, es decir, que no le importa la ley. Bien; dice que es la forma, la forma que hace torcer el curso de la verdad. ¿La forma, señor Urueta?

Debemos razonar; quizá algunos criterios hayan extraviado la fuerza de la verdad.

El señor licenciado Macías, como autor de la Ley Electoral, nos viene a exponer los fundamentos y la exposición de motivos de ella; nos viene a decir que el establecimiento de los requisitos del artículo 115 es el valladar que se pone al Poder Ejecutivo, al grupo gobiernista, para despedir de la Cámara a quienquiera. Yo no sé si el Poder Ejecutivo quiere despedir al señor Aspe, ni me importa; yo lo que quiero es cumplir con la ley, porque cuando se cumple con la ley no es uno un rábula, sino es un buen ciudadano.

Señor: Esos requisitos de forma, que la Comisión, en su carácter de tribunal de conciencia, desdeña, son nada menos que los requisitos que la ley establece y se los da a todo contrincante y a todo ciudadano para que en tiempo haga valer sus reclamaciones.

¿Por qué el señor Prom, que asistió al cómputo de votos, no hizo valer todo su derecho, que ahora trae, que puede, que debe ser muy cierto, porque yo no quiero acusar a la autoridad que nos presenta esa información? Yo lo que quiero es que en este caso, como todos, la ley sea nuestra norma, y que, si establece un requisito para que la Junta Escrutadora, que es la que puede conocer de esto, pero no inventar, tome en consideración los documentos; si la ley establece que la Cámara de Diputados no podrá tomarlos en consideración, sino llenados estos requisitos, aunque se le trajeran a la Comisión, ese augusto tribunal de conciencia -porque dura lex sed lex- debía absolutamente desechar la proposición que se le presenta. Así, a esa forma del señor Urueta, que -usando la misma figura retórica del señor licenciado Aspe- se me antoja como el árbol de la India, que nos atrae para adormecernos a todos los que nos metemos bajo su follaje, a esa forma podríamos llegar, es decir, a que se torciera la verdadera índole de la Ley.

La Comisión Escrutadora no puede más que ajustar sus actos a esa misma ley; la Comisión no puede hacer otra cosa que obedecer la ley, porque si los primeros actos, los primeros pasos de un Congreso que se establece consisten en admitir que una Comisión Escrutadora se ponga el supremo manto de un tribunal de conciencia y se exima de la ley, ¿vamos a admitir (los que aquí se queden, o los que aquí no quedemos) que se desobedezca la ley porque es una cuestión de forma? No es simplemente una cuestión de forma.

Yo quizá sea más mal abogado que el licenciado Urueta; pero tengo un principio que me dice que la ley debe respetarse; y si la ley -lo repito una y mil veces-, si la ley exige que la Cámara tome en consideración la reclamación que se presente por escrito y en el acto mismo de la elección, señores, toda la hermosa frase del señor licenciado Urueta, toda esa honradez, todo ese buen juicio que quiere hacernos aceptar, no pueden de ninguna manera tomarse en consideración. Aquí se trata de que nos ciñamos estrictamente a ese principio legal; aquí se trata de que respetemos ese principio, que su autor dice que fue incrustado en la ley como una garantía; si hubo fraude, pague el fraude quien no supo reclamarlo a tiempo, porque la ignorancia de la ley a nadie aprovecha, y si el presunto diputado se presentó como candidato y no estudió la Ley Electoral que rige los actos de la elección, ¿podemos decir que merece ocupar un asiento junto a nosotros?

Hay otro punto de violación legal que consulta la honorable Comisión dictaminadora. El señor licenciado Aspe dice, y con razón, como argumento subsidiario, que se tomen en cuenta únicamente los votos que no estén maleados, y si aparece que hubo fraude en uno de los municipios electorales, que se desechen esos votos. Y contesta la Comisión que debe presumirse que sí hubo fraude y que aun metieron a la cárcel a un individuo, y que si hubo fraude en la cabecera, hubo fraude en todas las casillas. Yo no sé; pero recuerdo que existe en la Ley Electoral una disposición que voy a permitirme dar lectura:

Artículo 113. La nulidad de que habla el artículo anteríor no afecta a toda la elección, síno simplemente los votos que estuvíeren viciados.

¿Esta es cuestión de forma? No, evidentemente. Pero esto no importa; a mí lo que me interesa es saber si ha habido fraude, y la Comisión, que es un tribunal de conciencia, consulta desechar esta credencial, en la cual no se cumplieron los requisitos legales (aplausos).

¿Son cuestiones de forma? No, señores diputados. Esa vibrante palabra, ese emocionante discurso, esa hermosa forma, y forma, y forma del señor Urueta, revelan que el señor Aspe, aunque amigo del Gobierno, está muy distanciado de la Comisión, y a mí, con franqueza, señores, amigo o no del Gobierno el señor Aspe, a mí no me importan sus relaciones políticas. Desde el momento en que su credencial viene amparada con los preceptos de la ley, pido respetuosamente a esta honorable Asamblea repruebe el dictamen que consulta sea desechada.

Con una interpelación del señor Galindo Pimentel a la Comisión, que ésta no puede contestar por deficiencia del acta enviada de Misantla; con una aclaración del señor Aspe, que satisface la pregunta del señor Galindo Pimentel; con nueva disertación de Urueta y un discurso del señor Galicia Rodríguez, que en parte reprueba y en parte defiende el dictamen de la Comisión, los diputados y presuntos diputados se estiman poseedores de datos suficientes para emitir un voto justo en este debatido asunto de las elecciones efectuadas dentro del 6° distrito electoral del Estado de Veracruz.

La credencial del señor Aspe es aprobada por ciento treinta y cinco votos contra veinte, y el observador acucioso queda desconcertado al mirar que hombres fervorosamente adictos al Partido Constitucional Progresista, como son los señores Moya Zorrilla, Borrego, Novelo, Rendón, Rivera Cabrera, Pesqueira y Urueta, sufraguen en oposición a otros miembros del mismo Partido, tan eminentes como don Gustavo A. Madero, Enrique Bordes Mangel, Alfonso Cravioto, Roque González Garza, Eduardo Hay, Pascual Ortiz Rubio y Pedro Antonio Santos, quienes han hecho, por hoy, causa común con los católicos y con los abanderados de la contrarrevolución científica. ¡Hasta Luis Cabrera entró a formar parte de este raro mosaico de ideologías políticas!

Indice de Instalación de la XXVI legislatura Recopilación y notas de Diego Arenas GuzmánCAPÍTULO TERCERO - Inconsistencia de la mayoría gobiernista CAPÍTULO QUINTO - Revive la vieja pelea de liberales con católicosBiblioteca Virtual Antorcha