AUTOBIOGRAFÍA DE LA
REVOLUCIÓN MEXICANA
Emilio Portes Gil
CAPÍTULO SÉPTIMO
PERIODO PRESIDENCIAL DEL GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES
CALLES Y LOS NORTEAMERICANOS
Cómo sorteó con habilidad, valor y patriotismo, el presidente Calles, una intervención armada en 1927. Dificultades con motivo de la expedición de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional. Insolente actitud del Secretario de Estado Kellog, y del embajador Sheffield. Documentos que el presidente Calles dió a conocer al presidente Coolidge. Nombramiento del señor Dwight Morrow como embajador de México. La solución del conflicto.
Voy a explicar, en este capítulo, cómo México pudo librarse de una intervención armada, de parte del gobierno de los Estados Unidos, en el año de 1927.
Considero necesario hacer una síntesis de la política seguida por los gobiernos de Norteamérica hacia los gobiernos revolucionarios de México, que sin género de duda fue la misma que desde la época de la Colonia, se impuso, como consecuencia, seguramente, del poderío cada vez más creciente del gran país del norte, política que cambió radicalmente con la llegada al poder del presidente Roosevelt, quien al iniciar su actuación anunció como propósito fundamental de su gobierno, el trato de la buena vecindad hacia las Repúblicas latinoamericanas.
Algunos hechos que determinaron el triunfo del gobierno mexicano en el año de 1927 me fueron confiados por el presidente Calles, y como hasta ahora habían permanecido en el más absoluto secreto, creo conveniente darlos a la publicidad para que sean conocidos por los mexicanos y se vea cómo pudo, nuestra patria, evitar, gracias a la entereza de aquel gran revolucionario, una nueva afrenta a nuestra soberanía.
La síntesis que voy a hacer nos explica muchos acontecimientos que tuvieron lugar durante los años de 1917 a 1928 y de 1928 a 1930, en que me tocó desempeñar la presidencia de la República.
A partir de la vigencia de la constitución promulgada en Querétaro el 5 de febrero de 1917, se planteó la solución de los problemas fundamentales para la transformación económica y política de México: el régimen de la propiedad agrícola y la explotación del petróleo, existiendo en cuanto al primero un antecedente inmediato en la ley de 6 de enero de 1915.
Por lo que se refiere al petróleo, la fracción VI del artículo 27 dispuso que los yacimientos del subsuelo correspondían a la Nación en dominio directo, la que podía hacer concesiones a los particulares para su explotación. La fracción IV del propio artículo ratificó la política agraria iniciada en la ley de 6 de enero, como una finalidad inmediata de la Revolución.
El Artículo 27 de la Constitución, variando un estado social en el que la propiedad privada garantizaba un derecho absoluto e intangible, que daba al dueño de la superficie el goce sin taxativas de los productos del subsuelo, suscitó por parte de los extranjeros afectados una violenta oposición, sostenida por sus gobiernos, especialmente por el de los Estados Unidos, que obraba por cuenta propia e, indirectamente, en defensa de los países europeos afectados.
Las inversiones de americanos en México eran cuantiosas; el gobierno de los Estados Unidos procedía en ese momento con un marcado espíritu imperialista y por lo tanto de incomprensión respecto a las cuestiones mexicanas.
Las protestas de ciudadanos y sociedades en las que éstos representaban intereses, no se hicieron esperar. Desde el gobierno del presidente Wilson, su secretario de Estado Lansig protestó contra la promulgación de las leyes mexicanas que afectaban intereses petroleros y agrarios de ciudadanos norteamericanos.
Se alegó, desde un principio, por el gobierno de los Estados Unidos, que la disposición del Artículo 27 de la Constitución, era confiscatoria y retroactiva por lo que dicho gobierno la consideraba contraria al Derecho Internacional.
En 1915, como un paso preliminar para el reconocimiento de facto del gobierno de don Venustiano Carranza, se pidieron seguridades para los intereses de los ciudadanos americanos en México.
El año de 1918, siendo presidente de la República don Venustiano Carranza y secretario de Relaciones Exteriores el general Cándido Aguilar, presentó el gobierno de los Estados Unidos formal protesta por el decreto de 19 de febrero del mismo año, que impuso determinadas contribuciones a los petroleros y a los contratos respectivos que, a juicio del propio gobierno americano, podían por este medio convertirse en nacionalización, empleando aquél el amenazante término de que podría verse obligado a proteger las propiedades de sus ciudadanos en México. Al siguiente año, se agudizó la controversia como aparece por las notas cambiadas al efecto, en las que el gobierno de los Estados Unidos declaró llanamente el deseo de que el Estado Mexicano reconsiderara las leyes y decretos promulgados en materia de petróleo, para no verse en el caso de intervenir en defensa de los derechos de ciudadanos americanos residentes en nuestro país.
En el período presidencial del general Alvaro Obregón, la controversia adquirió nuevo ímpetu. El gobierno no había sido reconocido por los Estados Unidos, y en mayo de 1923, el Departamento de Estado declaró que se abstendría de otorgar el reconocimiento en tanto no se firmase un Tratado de> Amistad y Comercio, en el que se estipularía, entre otras cláusulas, la siguiente, propuesta por el gobierno americano:
Los Estados Unidos Mexicanos declaran que ni la Constitución de México, puesta en vigor el primero de mayo de 1917, ni el decreto de 6 de enero de 1915, al cual se refiere la Constitución, tienen efectos retroactivos en su aplicación; que ni la mencionada Constitución ni el citado decreto ni cualquier decreto del Ejecutivo u orden militar o administrativa, ni cualquier Ley Federal o de Estado ... tienen o podrán tener efecto de cancelar, destruir o perjudicar ningún derecho, título o interés en cualquier propiedad.
Naturalmente, el gobierno mexicano rechazó tal proyecto. El general Obregón, en su mensaje de septiembre al Congreso, expresó ante tan absurda pretensión, lo siguiente:
Este proyecto de Tratado contenía estipulaciones contrarias a algunos de los preceptos constitucionales ... El gobierno de México ha pensado que no es posible, ni conveniente, ni necesario, firmar un Tratado semejante, en tales condiciones ...
El gobierno del general Obregón, no pudo aceptar el proyecto de Tratado que formuló el gobierno de los Estados Unidos, por considerar, entre otros motivos, que sería colocar en situación privilegiada a los extranjeros, en relación a los propios nacionales, acto que por demás sería inicuo y absurdo, porque:
... vivir de la riqueza de la nación que hospeda, explotar al nacional y su riqueza por su trabajo; impedir la evolución social por el temor a ser perjudicado en sus derechos; fomentar revoluciones; recibir indemnización por los daños causados en esas revoluciones y todavía así, tener derechos intangibles, casi sagrados sería sencillamente brutal e inicuo, pese al formato de mezquino legalismo que encubre los más negros propósitos y las más inmorales ambiciones.
Mientras tanto la Suprema Corte de Justicia de México falló en el amparo interpuesto por The Texas Company of Mexico, el 31 de agosto de 1921, la no retroactividad del mencionado Artículo 27 de la Constitución, introduciendo el principio de los actos positivos, para condicionar los derechos del superficiario al subsuelo. Pronto sentó jurisprudencia esta decisión con cuatro ejecutorias más, lo cual vino a resolver indirectamente este aspecto de la discusión.
Para llegar a un entendimiento, requerido por la difícil situación que se había creado, se celebraron las pláticas de Bucareli, que dieron origen a la formación de las Comisiones Mixtas de Reclamaciones, que conocerían de las demandas de ciudadanos americanos motivadas por daños sufridos a causa de actos revolucionarios y, además, una reciprocidad entre México y Estados Unidos por violaciones al Derecho Internacional.
Las Comisiones Mixtas y las pláticas de Bucareli permitieron un apaciguamiento y mejoría en las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Parecía que la controversia estaba terminada y que el gobierno de los Estados Unidos, reduciendo paulatinamente sus pretensiones, se conformaba con la aplicación de las leyes que habían ocasionado el conflicto. El propio general Obregón había informado al Congreso, en septiembre de 1924, que:
... después de las negociaciones que durante el período de mi gobierno fueron realizadas, se llegó a la feliz reanudación de nuestras relaciones con los Estados Unidos y me es honroso informar al H. Congreso de la Unión que con esas relaciones no sólo se ha logrado resolver en forma amistosa y cordial, sino que una mayor comprensión y un mejor espíritu de entendimiento han venido a facilitar -mediante la eficaz decisión de los gobiernos de ambos pueblos- una situación de normalidad y de completa amistad que servirá, sin duda alguna, para cooperar más eficazmente a las buenas relaciones entre nuestros dos países.
A pesar de tan optimista apreciación, al siguiente año de 1925, surgió nuevamente la controversia. Los actores fueron el general CaIles como presidente de México, el señor Calvin Coolidge, como presidente de los Estados Unidos y los secretarios de Relaciones de ambos países, licenciado Aarón Sáenz y el señor Frank B. Kellog.
Entre estos personajes se movió, haciendo el villano, el entonces embajador de los Estados Unidos en México, James Rockwell Sheffield, cuyas ideas imperialistas canalizadas a través de su temperamento de abogado habían de provocar, al manifestarse, la crisis deseada por él y por Kellog en las relaciones diplomáticas y amistosas que iniciara el general Obregón. En esta labor, Sheffield era secundado enérgicamente por el intervencionismo de Shoenfeld, secretario de la embajada americana en México.
El origen inmediato fue la publicación de la ley sobre Tierras y Petróleo y la Orgánica de la fracción 1 del Artículo 27 de la Constitución, ordenamiento este último que contiene prohibiciones a las sociedades de extranjeros para adquirir bienes raíces dentro del territorio mexicano. La discusión de estas leyes y su aplicación dieron lugar a que interviniera de una manera activa el embajador Sheffield, quien -influenciado por los gerentes de las compañías petroleras- procuraba presentar al gobierno de México, ante el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos en la forma más desfavorable posible.
El conflicto había sido de por sí agudo; mayormente lo fue, en aquellos momentos, debido a la aparición de nuevos factores, la política del general Calles en materia religiosa y un entendimiento diplomático entre nuestro gobierno y el de la U.R.S.S., dieron ocasión para recrudecer en los Estados Unidos la campaña de publicidad en contra de México afirmando que nuestra nación hacía propaganda comunista en Centro américa y, especialmente, en Nicaragua. Algunos americanos que tomaron en serio dichas informaciones, pidieron la guerra contra nuestro país considerándolo como un aliado de la U.R.S.S.
El embajador Sheffield había sido acreditado en octubre de 1924. Su labor no había trascendido; pero, a partir de la promulgación de las leyes citadas, inició una campaña abrumadora de notas y memoranda, con un sentido puramente legalista y no político, lo cual provocó una polémica que obra publicada y en la cual de manera indiscutible la razón está en favor de México.
El señor Sheffield, abogado de la Universidad de Yale, fracasó en su labor diplomática. Deformando su pensamiento por educación y por conocimientos jurídicos que no contrarrestaban una recia personalidad, creyó que la diplomacia era el estrado de un tribunal. Insistió en el carácter confiscatorio de las leyes mexicanas y en que su retroactividad era violatoria de los supuestos compromisos de Bucareli, sostuvo, ante el secretario de Relaciones, licenciado Aarón Sáenz y ante el presidente, la necesidad de la protección diplomática a los intereses americanos y movió los resortes más cercanos y más seguros del gobierno de Washington, con el fin de provocar a la postre una intervención armada en nuestro país.
Convencido de su impotencia para cambiar la política del gobierno de México, apoyado en los principios y en el espíritu de su Constitución, el embajador Sheffield había ocurrido desde antes, personalmente, al secretario Kellog, logrando que el mismo hiciera las siguientes declaraciones, el 12 de junio de 1925.
He tratado sobre los asuntos mexicanos muy detenidamente con el embajador Sheffield y he hablado sobre la situación en su totalidad. Nuestras relaciones con el Gobierno son amistosas; pero, sin embargo, no son enteramente satisfactorias y estamos tratando de que el Gobierno Mexicano, y así lo esperamos, restaure las propiedades ilegalmente tomadas e indemnice a los ciudadanos americanos.
Un gran número de propiedades de americanos han sido tomadas de acuerdo con las leyes agrarias o violándolas, por las cuales no ha sido concedida ninguna compensación. y otras propiedades han sido prácticamente arruinadas, y en algunos casos, intervenidas por el Gobierno mexicano en vista de demandas no razonables de los trabajadores mexicanos.
El embajador Sheffield tendrá el apoyo completo de este Gobierno, e insistiremos en que se dé protección adecuada, de acuerdo con prescripciones del Derecho Internacional, a los ciudadanos americanos ... He visto informaciones publicadas en la prensa, acerca de que otro movimiento revolucionario puede estarse preparando en México, y abrigo la esperanza de que no sea verdad ... La política de este Gobierno consiste ahora en usar su influencia y su apoyo en bien de la estabilidad y los procedimientos legales constitucionales, pero debe aclararse que este Gobierno continuará apoyando al Gobierno de México, solamente mientras proteja las vidas y los intereses americanos y cumpla con sus compromisos y obligaciones internacionales. El Gobierno de México está ahora a prueba ante el mundo. Nosotros tenemos el grande interés en la estabilidad, prosperidad e independencia de México.
Hemos sido pacientes y nos damos cuenta, naturalmente, que requiere tiempo estatuír un Gobierno estable, pero no podemos aprobar la violación de sus obligaciones y el que no otorgue protección a los ciudadanos americanos.
Las anteriores declaraciones, publicadas en la prensa mexicana el 13 de junio del propio año, no eran esperadas ni en México, ni en el país vecino; pues el propio embajador Sheffield había declarado a su llegada a Nueva York que el general Calles era hombre capaz para dirigir la política de¡ México y que existían buenas relaciones entre los dos países. El propio embajador de México en Estados Unidos, don Manuel C. Téllez, desconocía el rumor de que fuera a publicarse declaración alguna de parte del gobierno americano. El espíritu y el tono de las insolentes e injustas declaraciones de Kellog, provocaron la más desagradable indignación de nuestro país, no solamente dentro de los medios oficiales, sino en la nación entera. El asunto tenía el amenazante aspecto de una crisis peligrosa. Nuestro gobierno, sin embargo, con toda dignidad, expresó su disgusto en los siguientes términos:
La mejor prueba de que México está dispuesto a cumplir con sus obligaciones internacionales y a proteger la vida e intereses extranjeros, es precisamente que aun cuando no estaba obligado conforme al Derecho Internacional, invitó a todas las naciones, cuyos ciudadanos o súbditos hubieran sufrido daños por actos ejecutados durante los trastornos habidos en nuestro país, a fin de celebrar con ellas convenciones, para establecer comisiones que conocieran de esos daños ... Si el Gobierno de México se halla sujeto a juicio ante el mundo, en el mismo caso se encuentran tanto el de los Estados Unidos, como los de los demás países; pero, si se quiere dar a entender que México se encuentra sujeto a juicio en calidad de acusado, mi Gobierno rechaza de una manera enérgica y absoluta semejante imputación que, en el fondo, constituye una injuria.
El 17 de junio del propio año, Sheffield pronunció en el banquete ofrecido por la Universidad de Yale en New Haven, un discurso preparando su regreso a México, en el que, en síntesis, expresó lo siguiente:
Que durante varios siglos México había estado sumido en la esclavitud y que ahora luchaba por su independencia; pero que cuando un país comienza a actuar en el concierto de la civilización, debe respetar los derechos de los extranjeros y vivir dentro de la legalidad.
No hizo referencia a las declaraciones de Kellog.
El embajador Sheffield llegó a México calmando así los rumores de que no regresaría en virtud de un posible rompimiento de relaciones. En los meses sucesivos, la controversia continuó en tono cada vez más peligroso, avivada por los dos factores ya mencionados, los de la llamada cuestión religiosa y de la supuesta propaganda bolchevique.
El gobierno del general Calles -que había establecido relaciones diplomáticas con el gobierno de la U.R.S.S., el cual acreditó como ministro a la señora Kollontay, había demostrado, además, interés marcado por resolver los problemas obreros, estimulando la propaganda obrerista en el exterior, designando, por ejemplo, agregados obreros a nuestras legaciones y embajadas. Estos hechos dieron ocasión para que la prensa americana capitalista lo atacara rudamente.
Todo ello fue aprovechado por el embajador Sheffield para envenenar el ambiente en su país en contra del gobierno de México. Su tesis consistía en sostener que la aplicación de las leyes promulgadas en materia de petróleo y tierras constituía un caso de denegación de justicia que hacía necesaria y legítima la protección diplomática aprobada por los más elementales principios del Derecho Internacional. Se hizo presente, en las notas enviadas por el gobierno de los Estados Unidos, que los pactos de Bucareli habían sido violados y desconocidos por el gobierno mexicano y que, por lo tanto, México había quebrantado su responsabilidad internacional.
Las leyes orgánicas de la fracción I del Artículo 27 Constitucional y la del petróleo, reglamentaria del propio artículo, vinieron a dar, al ser aplicadas, un valor real a las disposiciones relativas del Artículo 27, cuyos principios ejercidos en su sanción, habían quedado como una promesa solamente. La publicación de los proyectos fue suficiente para que el gobierno americano se considerara autorizado, por conducto del embajador Sheffield, a hablar de denegación de justicia. Después de las declaraciones del señor Kellog, publicadas el 12 de junio de 1925, y del retorno del embajador americano a México, la correspondencia diplomática de este nuevo período comenzó con el Aide-Mémoire, dirigido por el secretario de Estado a nuestra cancillería.
Esta segunda etapa de nuestra controversia se había iniciado al solo anuncio de la posible aprobación de las leyes y la actitud del gobierno americano, implícitamente, tendía a evitar que dichas leyes fueran aprobadas por el gobierno mexicano.
El señor Sheffield entregó, el 17 de noviembre de 1925, a la Secretaría de Relaciones, la primera comunicación firmada por el señor Kellog. En ella, el gobierno americano proponía, sustancialmente, negociar un Tratado de Amistad y Comercio, tal y como anteriormente, en 1924, se tuvo la intención de llevar a cabo entre los dos países. Pero, aunque la finalidad diplomática del comunicado era proponer negociaciones para la firma del tratado, el fin último era manifestar el desagrado del gobierno americano ante los proyectos en discusión.
Circunstancialmente, el señor Kellog principiaba el comunicado con una frase alusiva:
... Y ruego a usted tenga la amabilidad de comprender que estoy hablándole únicamente sobre la base de la amistad y deseo evitar cualquier crítica de proyectada legislación de un Estado vecino, amigo y soberano.
Más adelante, insistía en la proyectada legislación, declarando textualmente:
Sin embargo, es fútil intentar a tan larga distancia alcanzar cualquier inteligencia con usted respecto a los efectos de tal legislación. Además, nada podria estar tan lejos de mi intención como aparecer deseoso de intervenir en el libre curso de la legislación de ese país. Hay, sin embargo, ciertas consideraciones, que desde luego tienen que causar preocupación. Americanos con derechos adquiridos, apelarán a este Gobierno, el cual está naturalmente obligado a hacer todo lo posible en su favor. La situación puede llegar a ser extremadamente confusa, y debemos recordar siempre tanto la letra como el espíritu de las negociaciones de la Comisión de los Estados Unidos en México, reunida en la ciudad de México el 14 de mayo de 1923.
El secretario de Relaciones Exteriores, licenciado Aarón Sáenz, contestó en un memorándum entregado a la embajada americana el 27 de noviembre del mismo año, dedicado principalmente a procurar disipar los infundados temores del gobierno vecino y sostener el criterio de que las pláticas de Bucareli no pudieron constituir una obligación internacional, pues en ellas se dio a conocer solamente la interpretación política que el gobierno del general Obregón hizo sobre los puntos ahí tratados y que, por lo mismo, tales conferencias, sin carácter formal, no obligaban internacionalmente a los dos Estados. En cuanto a lo demás, las leyes que se discutían no podrían constituir un serio peligro para los ciudadanos americanos y sus intereses, por lo que el gobierno mexicano estaba dispuesto a negociar el tratado solicitado.
En la misma fecha 27 de noviembre de 1925, fue entregado el segundo comunicado del señor Kellog a la Secretaría de Relaciones. Su exordio es una confesión de la intención que tuvo al presentar el primero. Dice así:
Desde mi Aide-Mémoire de noviembre 17, se me ha informado que la ley reglamentaria de la fracción I del artículo 27 de la Constitución Mexicana ha sido aprobada por la Cámara de Diputados y ha llegado a mi poder una copia de la Ley en la forma en que fue aprobada. En estas circunstancias me veo impulsado a revelar los sentimientos expresados en dicho Aide-Mémoire, y a presentar al mismo tiempo, algunas consideraciones ulteriores, relacionadas más directamente con la legislación pendiente, a las que sólo se hizo referencia incidental con fines ilustrativos.
Los puntos de vista sostenidos por el Departamento de Estado, son los siguientes: las leyes proyectadas son retroactivas, confiscatorias de derechos y contrarias al Derecho Internacional.
Según la opinión del gobierno americano eran confiscatorias porque desposeían a los ciudadanos americanos de los derechos legalmente adquiridos bajo el amparo de legislaciones anteriores y, por lo mismo, resultaban retroactivas. En concepto del propio gobierno tales leyes eran también atentatorias y contrarias a los principios del Derecho Internacional, pues imponían a los extranjeros la nacionalidad mexicana por lo que respecta a bienes adquiridos dentro de los límites del territorio nacional.
El segundo Aide-Mémoire del señor Kellog fue contestado el 7 de diciembre del propio año. En la respuesta se sostuvo la legalidad internacional de las medidas en discusión y se observó que en algunos Estados de la Unión Americana existen disposiciones similares. Se insistió además en que los preceptos debatidos derivaban del espíritu y de la letra del Artículo 27 Constitucional y en que, por tanto, su legitimidad estaba fuera de duda. En cuanto a la renuncia de nacionalidad, alegó nuestro gobierno que, por ningún motivo, era correcta tal denominación pues no se trataba de una renuncia de nacionalidad propiamente dicha, sino de un convenio celebrado con el extranjero que adquiere bienes, a fin de que éste no solicitara la protección diplomática en lo concerniente a gestiones que semejantes bienes pudiesen originar.
La discusión subió de punto inmediatamente después que el congreso aprobó la Ley Reglamentaria del Artículo 27 en materia de petróleo, publicada en el Diario Oficial el 31 de diciembre de 1925. Ocho días más tarde, el gobierno americano presentó una nota formal protestando por la citada ley. La nota, firmada por el embajador Sheffield, estuvo dictada en un tono enérgico. En su parte final, dice:
Respecto a ambas leyes mencionadas, mi gobierno estima que dichas leyes violan los principios del Derecho Internacional y de la equidad. En vista de lo anterior, mi gobierno me da instrucciones para informar a V. E. de que, por la presente, reserva en favor de los ciudadanos de los Estados Unidos, cuyos intereses de propiedad están o pueden estar afectados, en lo futuro, por la aplicación de las leyes mencionadas, todos los derechos legalmente adquiridos por ellos, bajo la constitución y las leyes vigentes en México en la fecha de la adquisición de tales intereses de propiedad y bajo las reglas del Derecho Internacional y de la equidad, e indica que no le es posible asentir a la aplicación de las recientes leyes a propiedades de americanos así adquiridas, que sea o pueda ser en lo futuro retroactiva y confiscatoria.
Desde ese momento, se entabló una correspondencia que tuvo todos los caracteres de un alegato jurídico, alejado de toda estimación de los factores sociales y políticos que en el caso concurrían. La controversia giraba alrededor de los siguientes puntos:
Si los convenios de Bucareli fueron y constituyeron una formal obligación para los gobiernos; si las leyes promulgadas no atendían a las interpretaciones que al propio Artículo 27 le había dado la Suprema Corte de Justicia de México; si había o no renuncia de nacionalidad; si los gobiernos tienen el ineludible derecho de impartir protección diplomática a sus nacionales a pesar de la renuncia hecha por éstos, etc.
Todo ello fue el núcleo de la discusión diplomática entre las dos cancillerías. La de México sostuvo que las pláticas de Bucareli no constituían una obligación jurídica, sino que se trataba de la expresión de puntos de vista de los dos gobiernos sobre determinadas materias y que, en cuanto al carácter retroactivo o confiscatorio de las leyes -que negaba el gobierno de México- éste se hallaba pronto a indemnizar los daños que la aplicación de dichas leyes causara, si ello constituía violación de una obligación internacional.
Todavía en octubre del propio año el señor Kellog llegó a sostener de manera terminante:
Las declaraciones de los comisionados mexicanos y americanos, ratificadas luego por un cambio de notas entre los dos gobiernos, constituyen, en opinión de mi gobierno, compromisos solemnes y obligatorios que fueron la base y la consideración decisiva para el reconocimiento del gobierno mexicano por este gobierno.
La situación empeoraba. Ante el peligro, el presidente de México había propuesto el arbitraje del Tribunal Internacional de La Haya y el presidente Coolidge no aceptó, a pesar de haberlo aprobado el Congreso Americano.
Las pláticas entre el embajador americano y las autoridades mexicanas no pudieron aminorar las dificultades. Por el contrario, en una entrevista celebrada entre el embajador Sheffield y el general Calles se habló de la situación política de Nicaragua, aludiendo aquél a la intromisión de México en los asuntos de dicha nación, cosa que fue rechazada por el segundo, quien, a su vez, señaló la inminente intervención de los Estados Unidos en la infortunada República centroamericana. Tal entrevista produjo un distanciamiento más peligroso aún para las relaciones de nuestros dos países; distanciamiento que se reflejaba en el tono descortés de la correspondencia cambiada entre el embajador y la cancillería mexicana, especialmente en el caso del concesionario de petróleo Schtleffen.
En enero de 1927, Kellog presentó ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado Americano, un memorándum declarando ser evidente las aspiraciones y la política bolchevique de México en Centroamérica. Como si esto no fuera bastante para envenenar los sentimientos de ambos gobiernos, en marzo de 1926 se supo que el de México poseía copias de documentos comprometedores pertenecientes al Agregado Militar a la embajada americana y que éstos se referían a las relaciones entre México y los Estados Unidos. Ante semejante estado de cosas, el embajador Sheffield salió de México y muy fundadamente se temió un próximo y fatal desenlace, cuyas consecuencias nadie preveía. Corría el mes de septiembre de 1927 y ya el presidente Calles había informado, en su mensaje al Congreso, acerca de la gravedad de la situación con el gobierno de los Estados Unidos.
Tal gravedad se acentuaba a medida que los días transcurrían. La prensa americana venía publicando alarmantes noticias de órdenes del Departamento de Estado para que los barcos de guerra de la escuadra se movilizaran hacia los puertos de Tampico, Tuxpan y Veracruz -con el fin de apoderarse de la zona petrolera. El gobierno de México llegó a confirmar que tales órdenes se habían girado. Ante tal situación el presidente Calles observó una conducta imperturbable. Convencido de que solamente con una actitud de superación y de energía salvaría el decoro y la soberanía de México, recurrió a un esfuerzo último y atrevido. Por vías que se han conservado en el más absoluto secreto, el gobierno de México había logrado hacerse de una correspondencia privada, sostenida entre el secretario de Estado Kellog y el embajador Sheffield. En ella se descubría todo el juego maquiavélico de esos dos hombres, que trataban a toda costa de envolver a México en un conflicto con los Estados Unidos, haciéndonos víctimas de una intervención armada.
Tales cartas eran reveladoras de la más alta perfidia y ponían de manifiesto la deslealtad de Kellog y de Sheffield para con el gobierno del presidente Coolidge.
Yo me hallaba al frente del gobierno de mi Estado y fui llamado urgentemente a la capital, ya en presencia del presidente, me informó tranquilamente de la grave situación que prevalecía y que por las intrigas del embajador Sheffield y el secretario de Estado Kellog, estábamos a punto de ser invadidos por fuerzas de los Estados Unidos.
Si esto llegara a suceder -me dijo- trasládese inmediatamente a Tampico, hará usted del conocimiento del Jefe de las Operaciones todo lo que le informo yo a mi vez y le ordenare que, de acuerdo con usted, procedan a incendiar las refinerías de la región, así como los pozos petroleros de la Huasteca, a efecto de que los invasores sólo encuentren escombros y cenizas. Es pertinente informe usted al pueblo de lo que pueda ocurrir, a fin de que todos los ciudadanos estén listos para repeler la infame agresión de que estamos amenazados.
El general Calles dejó transcurrir serenamente los acontecimientos, y, cuando tuvo la convicción de que la intervención armada de los Estados Unidos sería una realidad en unas cuantas horas, se dirigió telegráficamente al presidente americano indicándole que, con una persona de su absoluta confianza, le mandaba documentos originales importantísimos que deseaba conociera antes de que se cometiera el crimen de invadir el territorio nacional; en la inteligencia de que, si después de leer tales documentos, el gobierno de los Estados Unidos seguía en su actitud de agresión en contra de México, él les daría publicidad para que el mundo juzgara del atropello inaudito que iba a cometerse con un país débil, que sólo trataba de defender su soberanía. Aquellos documentos eran las cartas del secretario de Estado Kellog, que habían llegado a manos del presidente Calles por medios que hasta hoy permanecen en el más profundo misterio.
Con la actitud valiente del general Calles, el panorama internacional de México cambió totalmente. El 22 de septiembre, el embajador Sheffield dejó su puesto, invitado para ello por el presidente Coolidge, y el día 30 del propio mes, al inaugurarse la línea telefónica entre México y Washington, los presidentes Calles y Coolidge tuvieron una amistosa conferencia. Pocos días después, era nombrado embajador de Norteamérica en México el señor Dwigth D. Morrow, prominente banquero de la ciudad de Nueva York, asociado a la firma J. P. Morgan y Cía., y amigo personal del presidente Coolidge.
Así se desarrolló uno de los episodios más brillantes de nuestra diplomacia y, merced a su habilidad y a su patriotismo, pudo el general Calles salvar a México de una intervención que hubiera sido desastrosa. Colaboró con el presidente Calles, en este acontecimiento de su vida pública, el señor Luis N. Morones, entonces secretario de Industria, Comercio y Trabajo, quien con habilidad poco común prestó al país un servicio extraordinario que algún día deberá ser conocido en todos sus detalles.
La expectación fue general. Por una parte, hubo esperanza de una tregua en la peligrosa discusión entablada; por la otra, la voz popular insinuó que aquel era el momento fijado por el gobierno americano para cobrar deudas a México, ya que mandaba de representante a un banquero que, a la vez, era director de la General Electric Company y consejero del Bankers Trust Company y del Guarantee Company de Nueva York.
Por lo pronto, el gobierno mexicano había obtenido una gran victoria con el retiro de Sheffield y quedaba la esperanza de que el nuevo enviado ni sostendría el imperialismo acentuado, ni padecería de la evidente incomprensión que habían sido características del embajador dimitente.
El señor Morrow presentó sus credenciales el 22 de octubre de 1927. Con esa fecha iniciaba su carrera diplomática, a los 54 años de edad. Como hombre de negocios que era, desatendió el formulismo protocolario tratando los asuntos a su cuidado en forma directa y personal. Discutíalos principalmente en ocasión de banquetes, o de sencillas comidas a las que era invitado o invitaba. La publicidad denominó a esta nueva escuela la diplomacia de los huevos con jamón, aludiendo a la primera entrevista celebrada con el general Calles, invitado por éste a desayunar en su hacienda de Santa Bárbara. Por otra parte, hablaba directamente por teléfono con Washington.
El pulso de la situación se normalizó. La presión provocada por las notas del señor Sheffield disminuyó notablemente y las relaciones diplomáticas tomaron su curso normal.
E 13 de enero de 1928, el Congreso reformó el artículo 14 de la Ley del Petróleo, cuyos nuevos términos otorgaban, sin limitación de tiempo, las confirmaciones de los derechos de explotación iniciados antes de 1917.
El señor Morrow hizo declarar en esos meses al Departamento de Estado de los Estados Unidos, que las dificultades entre los dos gobiernos por la cuestión del petróleo estaban disipadas, y que, por lo mismo, toda controversia entre ciudadanos americanos y el gobierno mexicano podría ser resuelta por las autoridades y por los tribunales mexicanos.
Meses después, el consejero de la embajada americana, señor Shoenffell dejó su puesto y en el mensaje presidencial del primero de septiembre de 1928, el general Calles informó al H. Congreso que las relaciones de nuestro gobierno con el de los Estados Unidos eran en extremo cordiales.
Morrow se hizo rodear de elementos entusiastas de su política de amistad y de buena vecindad. Entre ellos se destacaban Rubén C. Clark, inteligente y honesto jurisconsulto; Morgan, consejero especializado en asuntos latinoamericanos; Lane, hábil político, y su fiel intérprete Dawson, tercer secretario con un dominio perfecto del español.
Así se disiparon los peligros del tercer incidente y el más serio, provocado por el antagonismo entre los derechos de México para cristalizar una soberanía efectiva, mediante su independencia económica, y la política imperialista de los gobiernos americanos, mediante la protección de los intereses de sus inversionistas, aunque para ellos se reclamaba una situación de privilegio.
Durante mi actuación en la presidencia de la República, el embajador Morrow siguió tratando los asuntos de su país con todo comedimiento y a base de mutuo respeto para nuestra soberanía.